SANTO DOMINGO, República Dominicana.- Los jueces del Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional aplazaron para el próximo dos de agosto la audiencia de juicio de fondo contra los imputados del fraude de más de RD$2,000 millones pesos cometidos en el Banco Peravia.
El juicio fue aplazado a los fines de que sean notificados varios de los testigos de los 205 que actualmente forman parte del proceso judicial.
Los acusados de estafa, asociación de malhechores, lavado de activos, falsificación de documentos y violación a la Ley Monetaria y Financiera son Carlos Alberto Serret, Yesenia Serret Aponte, Florentino de Jesús Acosta, Paucides Donato Morales, Nelson Cabral, Rolando Cabral, así como los prófugos José Luis Santoro, Gabriel Arturo Jiménez, Daniel Morales Santoro, Miriam Altagracia Serret, Evelyn Serret Aponte, Luis Manuel Peña, José Carlos Bergantiño, Luis Herrera Valerio, entre otros.
El abogado Felix Damián Olivares, defensa técnica de los imputados Nelson y Jorge Serret, asegura que tiene en su poder las evidencias que prueban la inocencia de sus clientes.
Olivares afirma que si alguien debe pagar en lo penal, ese sería el señor José Luis Santoro, de quien dijo financió parte de la campaña electoral del 2012 del presidente Danilo Medina.
Olivares también insiste en que Ministerio Público solo ha tomado a los imputados como “chivos espiatorios”, a sabiendas de que estos no tienen que pagar una condena que no les corresponde.
“Toda persona tiene derecho a esperar el juicio en la mecedora de su casa, pero existe el periplo de reiteración de delictiva, de muertes y atracos comprobados, excepcionalmente en esos casos es que debe aplicarse una prisión preventiva”, sostuvo.
Variación
En tanto, las víctimas rechazaron el fallo otorgado por el Tribunal, el cual cesó la medida de prisión preventiva en contra de los imputados Jorge y Nelson Serret Sugrañez e imponiéndoles el pago de una garantía economía.
En la audiencia pasada, el tribunal dispuso arresto domiciliario y el pago de una garantía económica y el porte de un grillete a los hermanos Serret, quienes guardaban prisión preventiva por una supuesta estafa de 1.400 millones.
Sin embargo, el Ministerio Público y abogados de defensa de varios imputados sostienen que el tribunal tomó una decisión “en contra de su propia jurisprudencia, ya que se limitó a hacer un conteo matemático del cómputo de la prisión preventiva y no valoró las circunstancias objetivas del caso, ni consideró la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia y la doctrina internacional sobre el tema”.