SANTO DOMINGO, República Dominicana.- El embajador dominicano en Washington, Aníbal de Castro, está respondiendo oficialmente a los medios de comunicación de los Estados Unidos, cada vez que se publican notas periodísticas en que se cuestiona la sentencia del Tribunal Constitucional.
“Nuestro país no puede asumir la responsabilidad por las consecuencias debidas a la dificultad que Haití tiene para documentar a sus ciudadanos”, acaba de escribir el embajador al diario PRI’s The World, que publicó una historia cuestionando la sentencia del Tribunal Constitucional.
En una entrevista con Jorge Ramos, de Fusion.net, De Castro dijo que si EE.UU tomaba una decisión igual que la del TC, qaue afectara a los norteamericanos de ascendencia dominicana la respetaría.
“La pregunta es ¿cómo reaccionaría usted si hicieran exactamente lo mismo aquí; lo mismo aquí en los Estados Unidos, a los inmigrantes dominicanos? ¿Estaría bien eso?" preguntó Jorge Ramos, de Fusión, a De Castro. “Bueno, si esa es la decisión de un Tribunal Supremo estadounidense, yo tendría que respetar eso”, dijo de Castro.
Pero en 1999, cuando era director de la revista Rumbo, Aníbal de Castro pensaba diferente.
“No nos sonrojamos, sin embargo, al pedir que se desconozca la nacionalidad y se desprovea de documentación a los nacidos aquí de padres haitianos. Aunque, como está visto, se trata de situaciones en que el apremio económico y social es más calamitoso que el que encaran los dominicanos que emigran en precarias embarcaciones a territorio norteamericano”, escribió el hoy embajador en su editorial de la revista Rumbo del 8 de noviembre de 1999, número 301.
Vea a continuación el escrito del embajador, y entonces periodista, Aníbal de Castro:
El atavismo haitiano
EL TEMA HAITIANO ES RECURRENTE. LLEVADO Y TRAIDO, ES EL INGREDIENTE POLITICO POR EXCELENCIA PARA QUIENES, PESE A LA HISTORIA Y LA CONDENA MUNDIAL A TODO LO QUE HUELA A RACISMO Y DISCRIMINACION, NO CESAN DE VER EN EL VECINO PAIS UNA AMENAZA NUESTRA SEGURIDAD Y A VALORES NUNCA BIEN DEFINIDOS.
En un país en el cual inmigración es uno de los principales factores de crecimiento de la riqueza nacional, resulta paradójico que querramos aplicar las mismas o peores recetas que a los dominicanos en el exterior, sobre todo en Estados Unidos. Pero, ya lo dijo un reconocido dirigente del Partido de la Liberación Dominicana, por lo visto en política, más en tiempo de campaña electoral, todo es permitido.
Partimos de razones equivocadas para enfocar el problema haitiano. Interesadamente. No hay tal amenaza a la seguridad ni constituye el caso nuestro una excepción. En países fronterizos, el de mayor crecimiento y nivel de vida actúa como un magneto para la población del otro. Tiene que ser así: la supervivencia es el primer instinto que desarrollamos y el último que perdemos.
Ahora se pretende presentar como una casu belli que los haitianos crucen la frontera en busca de asistencia médica. Se ve como una conspiración de fines ulteriores perversos que las haitianas quieran da a luz en hospitales de este lado de la frontera. Se pasa por alto, a propósito, que la razón no es conferir la nacionalidad dominicana a los vástagos nacidos al amparo del espíritu de supervivencia. Porque la verdad es sencilla: de este lado, no obstante la precariedad de nuestros hospitales, las atenciones médicas aún son mejores.
En ese afán anti-haitiano se obvian también otras verdades. La Constitución dominicana es muy clara en cuanto a los requisitos para obtener la nacionalidad: son dominicanos ¨todas las personas nacieren en territorio de la República, con excepción de los hijos legítimos de los extranjeros y residentes en el país en representación diplomática o los que están en tránsito en el ¨.
La manipulación va tan lejos como para pretender retorcer lo que significa tránsito: ¨Paso, sitio por donde se pasa de un lugar a otro¨, según el diccionario de la Real Academia de la Lengua. En la terminología de viaje, el significado es igualmente claro. Se entiende que un pasajero está en tránsito cuando no ingresa formalmente a un territorio sino que pasa por él en dirección a otro. Se cae en la categoría de ¨pasajero en tránsito¨ , por ejemplo, cuando se va a España con escala de unas pocas horas en Miami. Es más, algunos limitan el tiempo de tránsito entre un vuelo y otro.
¿A quién, sin embargo, se le ocurriría decir está en tránsito una de las tantas damas dominicanas que, temerosas de que sus hijos tengan exclusivamente su nacionalidad, van a parir a hospitales norteamericanos?. Estados Unidos no es el sitio por donde pasan de un lugar a otro, sino, sencillamente, el destino final.
Lo mismo ocurre con las haitianas que vienen a los hospitales dominicanos o que se encuentran aquí de manera ilegal. La Constitución no excluye del privilegio de la nacionalidad a sus vástagos nacidos en territorio dominicano. La maternidad no ocurre aquí por un accidente que las imposibilita continuar el viaje a otro punto, sino como parte de un propósito deliberado de buscar mejores atenciones médicas.
Tantas voces se levantan para apostrofar a los haitianos, más, muy pocas incriminan a los malos dominicanos que descreen de nuestro potencial y buscan artificiosamente otras nacionalidades para sus hijos. Criticamos acerbamente a Estados Unidos porque devuelven los dominicanos que intentan ingresar a ese territorio de manera ilegal. Y tampoco queremos que nos devuelvan a los delincuentes que han cumplido condena en cárceles norteamericanas. No nos sonrojamos, sin embargo, al pedir que se desconozca la nacionalidad y se desprovea de documentación a los nacidos aquí de padres haitianos. Aunque, como está visto, se trata de situaciones en que el apremio económico y social es más calamitoso que el que encaran los dominicanos que emigran en precarias embarcaciones a territorio norteamericano.
Vivimos una duplicidad moral que sólo nos alcanza para ver la paja en el ojo ajeno. Tal turbidez nos impide evaluar la desgracia de interpretar antojadizamente la Constitución, como si la misma pudiese ser aplicada según el deseo personal de unos pocos.
Publicado en Revista Rumbo del día 08 de noviembre del año 1999. Número 301.