SANTO DOMINGO.- El jurista Carlos Salcedo afirmó que en las 19 mil páginas del expediente elaborado en Brasil sobre el caso Lava Jato, no se menciona ni una sola vez el nombre del presidente del Partido Revolucionario Moderno, Andrés Bautista García, a quien el Ministerio Público de la República Dominicana ha icluido en la acusación de corrupción por los sobornos pagados por la constructora brasileña Odebretch.
Salcedo, uno de los abogados de Bautista Gracía, afirmó que en el caso de Andrés Bautista hay una inclusión en el expediente de Odebretch "lamentable, bochornosa e innecesaria".
Consideró que al incluir en el expediente al presidente del Partido Revolucionario Moderno (PRM) se podría estar persiguiendo un objetivo diferente al interés de la sociedad dominicana de que el sistema de justicia persiga y sancione a los culpables de corrupción.
Explicó que en el documento que obtuvo de la página del Ministerio Público hay 18 contradicciones o errores sobre las imputaciones contra Andrés Bautista por supuesto soborno, lavado de activos y enriquecimiento ilícito.
En una nota enviada a ese medio, dijo que los errores que se advierten en el proceso instrumentado por la Procuraduría General de la República, como el que aparece en la página 14 de los documentos del Ministerio Público, buscan exclusiones “bochornosas” del expediente y daños a reputaciones de personas que no tienen nada que ver con los sobornos y sobrevaluaciones del caso Odebretch.
“Eso no quiere decir que no sea necesario un proceso judicial en un caso tan deleznable, reprochable y perjudicial para el Estado y la integridad de las instituciones públicas, pero ese proceso tiene que ser objetivo, imparcial y sin exclusiones o inclusiones indebidas e insustentables”, expresó.
Sostuvo que hay una clara evidencia de que en el caso de los supuestos sobornos de Odebretch se está incurriendo en ejercicio de autoritarismo judicial que se corresponden con una etapa que se creía superada en la práctica judicial dominicana.
Señaló que la arbitrariedad jurídica se ha manifestó en lo relativo a la medida de coerción, porque el artículo 95 del Código Procesal Penal y otras disposiciones, se debe poner en conocimiento a los imputados, a través del juez designado, los documentos y las pruebas en que se fundamenta esa medida, sin la cual se violan derechos fundamentales.
Precisó que se ha violado el debido proceso, el derecho de defensa y la tutela judicial, por lo que el resultado del actual proceso sería ilegítimo y daría base para ser recurrido hasta en el Tribunal Constitucional.
Agregó que como entregaron la instancia y no entregaron las pruebas correspondientes, solicitó por escrito que entregaran las pruebas, recibiendo por respuesta que esperaban una orden, “entonces solicitamos que le emitieran una certificación de que no la había entregado y también la negaron”.
Expresó que el jueves, casi a las 4:00 de la tarde no habían entregado las pruebas, y que tenía un personal en la jurisdicción correspondiente, a pesar de que le dijeron que pasaran a buscar las pruebas, y que antes de entrar a un programa de radio en la tarde del jueves le comunicaron que la entregarían este viernes. Sostuvo que este tipo de comportamiento no es un juego limpio.