WASHINGTON, Estados Unidos.- La impunidad en temas relacionados a uso excesivo de la fuerza, tortura infligida a personas detenidas por los atentados del 11 de septiembre, así como casos de reclusiones en condiciones de aislamiento, fueron algunos de los hechos condenables cometidos en Estados Unidos, resaltados por el informe suministrado por Amnistía Internacional (AI) este miércoles 25.
El informe, que recoge las principales violaciones y avances en materia de derechos humanos, detalla que Estados Unidos compareció ante tres órganos de vigilancia de los tratados de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en 2014.
En abril, el Comité de Derechos Humanos criticó al país por diversas cuestiones, entre ellas la falta de rendición de cuentas por los abusos cometidos en el contexto de la lucha contra el terrorismo, la reclusión en régimen de aislamiento en las prisiones, las diferencias raciales en el sistema de justicia penal, los homicidios selectivos llevados a cabo con aeronaves no tripuladas (drones), el uso excesivo de la fuerza por parte de funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, el trato a las personas migrantes y la pena de muerte.
Reseña que en agosto, el presidente Barack Obama reconoció que Estados Unidos había recurrido a la tortura en su respuesta a los atentados del 11 de septiembre y afirmó que se habían infligido torturas mediante algunas de las “técnicas de interrogatorio mejoradas”, empleadas en el marco del programa de detención secreta, y no sólo los simulacros de ejecución mediante ahogamiento (waterboarding).
Sin embargo, guardó silencio en lo relativo a la rendición de cuentas y la reparación, lo que reflejaba la persistente negativa de Estados Unidos a cumplir con sus obligaciones internacionales sobre estas cuestiones. Tampoco hizo ninguna referencia a la desaparición forzada, delito de derecho internacional al que fueron sometidos, en algunos casos durante años, la mayoría de los detenidos en el marco del programa secreto, si no todos.
En lo referente a las detenciones, el documento expone que al finalizar 2014, había 127 hombres recluidos en Guantánamo, la mayoría sin cargos ni juicio. Se había aprobado el traslado de casi mitad de ellos fuera de la base, en la mayoría de los casos desde enero de 2010 o antes.
Sobre esto, resalta que en mayo, el asesor jurídico del Departamento de Defensa de Estados Unidos afirmó que el gobierno seguía amparándose en la Autorización del Uso de la Fuerza Militar (AUMF, por su sigla en inglés) de 2001 para llevar a cabo operaciones de detención en Afganistán y Guantánamo, y “operaciones de captura u operaciones mortales” contra personas en otros lugares, como en el caso del ciudadano libio Nazih Abdul Hamed al Ruqai, también conocido como Abu Anas al Libi, secuestrado por fuerzas estadounidenses el 5 de octubre de 2013 en Trípoli, Libia, y fue interrogado a bordo del USS San Antonio.
Posteriormente, fue trasladado a Estados Unidos y acusado de vinculación con los atentados con bombas perpetrados en 1998 contra las embajadas estadounidenses en Kenia y Tanzania.
El abogado de Abu al Libi alegó ante el tribunal en 2014 que el secuestro se había llevado a cabo “empleando una fuerza física extrema y brutal” y que, tras arrastrar al sospechoso fuera de su automóvil y “dispararle con armas tipo Taser”, las fuerzas estadounidenses le habían vendado los ojos y lo habían “inmovilizado, atado y amordazado”.
El abogado afirmó que el uso de interrogatorios prolongados y consecutivos había constituido en la práctica una privación del sueño.
Uso excesivo de la fuerza
En su informe, Amnistía Internacional resalta que al menos 35 personas murieron en 18 estados tras recibir descargas de armas Taser a manos de la policía, con lo que el total de fallecidos en estas circunstancias desde 2001 se elevó a 602. En más de 60 casos se habían citado las armas Taser como causa o factor contribuyente de la muerte.
La mayoría de las personas que murieron tras sufrir la descarga de una Taser no iban armadas ni parecían representar una amenaza grave cuando se recurrió al uso de esa arma.
También recoge el homicidio a tiros del joven afroamericano de 18 años Michael Brown, a manos del agente de policía Darren Wilson, el pasado 9 de agosto, en Ferguson, Misuri y que desencadenó meses de intensas protestas en dicha ciudad y sus alrededores. Brown se encontraba desarmado en el momento de su muerte y el caso fue señalado por los ciudadanos como un crimen racista.
Wilson fue descargado por un gran jurado de Estados Unidos, sin embargo, debido a la presión efectuada por las constantes protestas, el oficial de policía presentó su renuncia.
El informe expone que durante las manifestaciones se empleó material antidisturbios pesado y armas y material de uso militar para controlar las manifestaciones e intimidar a manifestantes que ejercían su derecho de reunión pacífica, y aunque el uso de balas de goma, gas lacrimógeno y otras tácticas de dispersión agresivas no estaba justificado, hubo manifestantes y periodistas que resultaron heridos a consecuencia de ello.
“Varios incidentes más evidenciaron que era preciso revisar la normativa sobre el uso de la fuerza en Estados Unidos: las muertes de Kajieme Powell, hombre negro de 25 años que murió el 19 de agosto como consecuencia de los disparos de la policía de San Luis (las secuencias filmadas del incidente parecen contradecir la versión oficial inicial sobre los hechos); Ezell Ford, negro, de 25 años, desarmado y con un historial de enfermedad mental, muerto a tiros por policías de Los Ángeles el 11 de agosto; y Eric Garner, también negro, de 43 años, que murió el 17 de julio a consecuencia de una llave de estrangulamiento aplicada por agentes del departamento de policía de Nueva York mientras lo arrestaban por vender cigarrillos sueltos de contrabando”, subraya el movimiento global presente en más de 150 países.
Finalmente, en el aspecto migratorio, Amnistía Internacional, expresa que más de 50.000 migrantes menores no acompañados, algunos de tan sólo cinco años, fueron detenidos al cruzar la frontera sur de Estados Unidos. La Patrulla Fronteriza de Estados Unidos recluyó a niños no acompañados durante días o semanas en centros insalubres y sin acceso a asistencia letrada, sin intérpretes ni atención médica apropiada.
Documento para descarga.