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Amnistía reclama "acción urgente" para evitar aplicación sentencia TC


SANTO DOMINGO, República Dominicana.- La organización Amnistía Internacional lanzó este viernes una acción urgente para detener la aplicación de la sentencia 168-13 del Tribunal Constitucional de la República Dominicana. Dice que cada día es mayor la hostilidad de los nacionalistas contra la población dominicana de ascendencia haitiana, “quienes corren el peligro de ser víctimas de violencia y abusos adicionales”.

“Amnistía Internacional sigue sintiendo preocupación por el peligro de apatridia que sufre un número considerable de personas de ascendencia extranjera, en su mayoría haitianas, en la República Dominicana, e insta a las autoridades del país a colaborar plenamente con la próxima visita de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, y devolver su nacionalidad dominicana a todos los afectados por la sentencia”, dice el mensaje de la organización.

Entiende Amnistía Internacional que la acción urgente es necesaria porque ya se empieza a aplicar la privación colectiva de la nacionalidad por parte de las autoridades.

A continuación el comunicado de Amnistía Internacional, recibido en la redacción:

La resolución del Tribunal Constitucional que priva de su nacionalidad dominicana a miles de personas de ascendencia extranjera está empezando a aplicarse. Esto ha dado lugar a una atmósfera cada vez más nacionalista y hostil en la que las personas de ascendencia haitiana sufren especial discriminación y corren peligro de ser víctimas de violencia y abusos adicionales.

Las autoridades dominicanas han empezado a aplicar la controvertida resolución 0168-13, emitida el 23 de septiembre por el Tribunal Constitucional dominicano y con efecto retroactivo hasta 1929, que en la práctica priva de su nacionalidad dominicana a las personas de ascendencia extranjera, y las convierte en apátridas.

A raíz de esta resolución, se ha producido un aumento de la retórica hostil, las amenazas y los actos de intimidación contra personas de ascendencia haitiana, migrantes haitianos y personas que defienden los derechos humanos.

El 4 de noviembre, Día de la Constitución, cientos de personas que participaban en una manifestación nacionalista en Santo Domingo gritaron “muerte a los traidores”, según la información recibida por Amnistía Internacional.

El 7 de noviembre, la Junta Central Electoral (JCE) publicó los resultados del informe en el que analiza todas las inscripciones realizadas en el registro civil entre 1929 y 2007. En él identifica a 53.847 personas, de las que 24.392 están inscritas de manera supuestamente irregular, al haber nacido de padres extranjeros.

Sin embargo, estas cifras no concuerdan con los resultados de una encuesta realizada por la Oficina Nacional de Estadística en 2012, que concluyó que 244.151 personas que vivían en la República Dominicana eran hijas de padres extranjeros.

Las cifras presentadas por la JCE parecen excluir los miles de hijos de padres extranjeros que no fueron inscritos, ni las generaciones sucesivas de hijos de ascendencia haitiana.

Es probable que estas personas sean excluidas de cualquier solución que se busque, que sigan viendo negado el acceso a sus documentos de identidad y que corran un mayor peligro de sufrir detención arbitraria, expulsión y discriminación. Las autoridades dominicanas han accedido a que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos realice una visita urgente al país para evaluar el alcance de la resolución. En estos momentos se está buscando una fecha conveniente.

Escriban inmediatamente, en español o en su propio idioma:

Instando a las autoridades dominicanas a suspender la aplicación de la resolución del Tribunal Constitucional hasta que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos visite el país y formule sus recomendaciones, basadas en las obligaciones internacionales contraídas por la República Dominicana en materia de derechos humanos;

Instándolas a tomar todas las medidas necesarias para proteger frente al racismo, la xenofobia y la violencia a las personas de origen extranjero o supuestamente extranjero, así como a los defensores y defensoras de los derechos humanos, los periodistas y otras personas que puedan correr peligro por haberse pronunciado contra la resolución 0168-13 del Tribunal Constitucional;

Pidiéndoles que inicien una consulta nacional con la sociedad civil y los grupos de personas afectadas por la resolución, con el fin de tomar todas las medidas administrativas y/o legislativas posibles para devolver la nacionalidad dominicana a todas las personas que se vean privadas de ella por la resolución del Tribunal Constitucional.

ENVÍEN LLAMAMIENTOS, ANTES DEL 26 DE DICIEMBRE DE 2013, A:

Danilo Medina

Presidente de la República

Palacio Nacional

Avenida México esquina Doctor Delgado

Gazcue, Santo Domingo, República Dominicana

Tel/Fax: + 1809 682 0827

Correo-e.: prensa2@presidencia.gob.do

Twitter: @PresidenciaRD

Tratamiento: Señor Presidente

Abel Atahualpa Martínez Durán

Presidente de la Cámara de Diputados

Avenida E Jiménez Moya 100, Santo Domingo, Distrito Nacional, República Dominicana

Twitter: @DiputadosRD

Tel/Fax: +1809 535 4554

Correo-e.: aa.martinez@camaradediputados.gob.do

Tratamiento: Señor Presidente de la Cámara de los Diputados

Y mensajes de solidaridad a:

Dominican@s por Derecho

dominicanosxderecho@gmail.com

Twitter: http://twitter.com/domxderecho

 

Envíen también copia a la representación diplomática de la República Dominicana acreditada en su país. Incluyan las direcciones de las sedes diplomáticas locales a continuación:

Nombre Dirección 1 Dirección 2 Dirección 3 Fax Número fax Correo-e. Dirección correo-e. Tratamiento Tratamiento

Consulten con la oficina de su Sección si van a enviar los llamamientos después de la fecha antes indicada. Ésta es la primera actualización de la AU 289/13. Más información: http://www.amnesty.org/es/library/info/AMR27/014/2013/es.

 

ACCIÓN URGENTE

Se empieza a aplicar la privación colectiva de la nacionalidad

Información complementaria

El Tribunal Constitucional de la República Dominicana emitió la resolución 0168-13 tras una revisión de constitucionalidad iniciada por el recurso de amparo presentado por Juliana Deguis Pierre cuando la Junta Central Electoral le confiscó su certificado de nacimiento en 2008 porque sus apellidos “son haitianos”.

El Tribunal decidió que los padres de Juliana Deguis Pierre, que no pudieron demostrar su condición de inmigrantes regulares en la República Dominicana, eran “extranjeros en tránsito” en lo que respecta a la legislación nacional dominicana. A consecuencia de ello, Juliana no tenía derecho a la ciudadanía dominicana que se le concedió al nacer. El Tribunal determinó que eso mismo se aplicaba a todos los hijos nacidos de padres que no pudieran demostrar su condición de inmigrantes regulares en el país. Por ello, ordenó a la Junta Central Electoral que examinara a fondo todos los registros de nacimientos desde 1929 y eliminara de ellos a todas las personas que supuestamente fueron inscritas erróneamente y reconocidas como ciudadanas dominicanas.

Así, con esta decisión, la interpretación del Tribunal se aplicará retroactivamente a todos los casos desde 1929. La resolución es la más reciente de una serie de decisiones administrativas, legislativas y judiciales que, desde principios de la década del 2000, han negado a las personas haitianas de ascendencia dominicana el acceso a sus documentos de identidad y las han privado retroactivamente de su nacionalidad dominicana. La negación de los documentos de identidad ha tenido un efecto devastador para las personas de ascendencia haitiana, a quienes, a consecuencia de ello, se les ha negado el disfrute de sus derechos civiles.

Desde que se publicó la resolución, varios órganos internacionales (y gobiernos extranjeros) han expresado su honda preocupación por los posibles efectos negativos de la resolución sobre los derechos humanos de cientos de miles de personas.

Entre quienes han manifestado esa preocupación se encuentran varios organismos de las Naciones Unidas, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la Comunidad del Caribe (CARICOM), varios gobiernos del Caribe y varias ONG internacionales de derechos humanos.

A petición de la misión permanente de San Vicente y las Granadinas, el 29 de octubre el Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos (OEA) debatió la resolución del Tribunal Constitucional dominicano. Durante la sesión, el secretario general de la OEA reconoció que la resolución planteaba dudas respecto a la protección de los derechos humanos y anunció la próxima visita a la República Dominicana de una misión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para recibir información sobre el caso.

No obstante, las autoridades dominicanas han manifestado claramente su intención de aplicar rápidamente la resolución y buscar una solución coherente y humanitaria para la situación de las personas que se consideran dominicanas y se verán afectadas por ella. Las autoridades rechazan todos los argumentos sobre el peligro de apatridia, y mantienen que la resolución finalmente les permitirá remediar los defectos institucionales del Registro Civil y de las políticas de inmigración. Las autoridades también han garantizado que la aplicación de la resolución no dará lugar a expulsiones colectivas de personas consideradas de ascendencia extranjera.

El 23 de octubre, el Consejo Nacional de Migración ordenó a la Junta Central Electoral que publicara, en un plazo de 30 días, un informe en el que evaluara el impacto de la resolución en las personas que se puedan ver afectadas por ella. La Junta Central Electoral designó una Comisión de Veederos y Observadores para supervisar el proceso de análisis de los registros civiles desde 1929 llevado a cabo por la propia JCE.

El análisis identificó a 53.847 personas, de las que 24.392 estaban inscritas de manera supuestamente irregular, al haber nacido de padres extranjeros. De las 24.392 personas identificadas, 13.672 son, según el análisis, de ascendencia haitiana. En 2012, la Oficina Nacional de Estadísticas presentó la Primera Encuesta Nacional de Inmigrantes en la República Dominicana, en la que concluyó que 244.151 personas nacidas en el país eran de ascendencia extranjera, lo que supone un 2,5 por ciento de la población total.

No obstante, esta cifra sólo tiene en cuenta la segunda generación de inmigrantes. En paralelo, está previsto que el Consejo Nacional de Migración concluya, para final de 2013, el largamente esperado plan de regularización de extranjeros (establecido en la Ley de Migración de 2004) que viven irregularmente en el país. Según las autoridades, el plan de regularización permitiría a las personas que se vean privadas de la nacionalidad a consecuencia de la resolución obtener la condición de migrantes regulares y documentos de identidad.

Aunque el plan de regularización es una medida bien recibida, ya que puede beneficiar a muchos inmigrantes en situación irregular, resulta sumamente preocupante que se presente como solución a la privación de la nacionalidad de cientos de miles de personas. Amnistía Internacional sigue sintiendo preocupación por el peligro de apatridia que sufre un número considerable de personas de ascendencia extranjera, en su mayoría haitianas, en la República Dominicana.

Nombre: Miles de personas dominicanas de ascendencia extranjera

Sexo: Hombres y mujeres

Más información sobre AU: 289/13 Índice: AMR 27/017/2013 Fecha de emisión: 14 de noviembre de 2013

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