SANTO DOMINGO, República Dominicana.- La organización que lucha por los derechos humanos, Amnistía Internacional instó al presidente Danilo Medina a objetar el recién aprobado Código Penal, que castiga la interrupción del embarazo bajo cualquier causa y que vulneraría los derechos de las mujeres.

En una comunicación remitida a los medios este viernes 16, la entidad señaló que de retractarse de su posición del 2014 sobre el aborto legal bajo las causales de incompatibilidad con la vida, incesto o violación y en el caso de que la vida de la mujer se encuentre en riesgo, Medina “estaría traicionando a millones de mujeres y niñas dominicanas, cuyos derechos y dignidad correrían peligro con esta reforma”.

Con la actual reforma, las mujeres recibirán sanciones penales de entre dos y tres años de prisión, y los profesionales de la salud que proporcionen servicios de aborto serán sancionados con penas de entre cuatro y diez años.

“El texto tiene que remitirse ahora al presidente Danilo Medina para su promulgación. El presidente está facultado para oponerse a la reforma e insistir en las excepciones a la penalización del aborto que propuso en 2014, entre las que figura despenalizar el aborto cuando el embarazo ponga en peligro la vida o la salud física o mental de la mujer o la niña, en los casos en que el feto no pueda sobrevivir fuera del útero y cuando el embarazo sea consecuencia de violación o incesto”, recordó Amnistía Internacional en su nota de prensa.

Manifestó que se ha demostrado que la prohibición total del aborto no reduce el número de abortos, sino que lo que hace es aumentar el riesgo de que las mujeres mueran debido a abortos ilegales y peligrosos, y que las leyes restrictivas sobre el aborto hacen que en especial las mujeres y las niñas que viven en la pobreza o que habitan en zonas rurales y aisladas se arriesguen a someterse a abortos peligrosos.

Desde el conocimiento de la votación en el Senado de la pieza, Amnistía Internacional y varios grupos dominicanos de derechos de las mujeres han expresado su temor que la nueva excepción haga imposible en la práctica que las mujeres y las niñas cuya vida corra peligro accedan a servicios de aborto.

“Su impacto será catastrófico para las mujeres y las niñas de la República Dominicana, a las que se seguirá penalizando, estigmatizando y obligando a someterse a abortos peligrosos”, concluyó la institución.