SANTO DOMINGO, República Dominicana.-Decenas de miles de personas nacidas en la República Dominicana, la gran mayoría de ascendencia haitiana, estarán en peligro de expulsión cuando, el 1 de febrero, expire el plazo para presentar su petición de residencia, según afirmó este viernes la organización Amnistía Internacional.
“Cuando, al dar la medianoche, expire el plazo, las esperanzas de decenas de miles de personas vulnerables se hundirán. Miles de personas correrán peligro de ser expulsadas del país”, manifestó Erika Guevara Rosas, directora del Programa para América de Amnistía Internacional.
“Incluso aunque estas personas puedan permanecer en la República Dominicana una vez vencido el plazo, su futuro será terriblemente incierto. Sostuvo que aunque los términos ‘residente’ y ‘apátrida’ pueden parecer burocráticos, lo cierto es que el contar con la ciudadanía legal puede ser esencial para tener acceso a la educación, la atención médica y el trabajo, entre otros derechos fundamentales.”
Recordó que la Ley 169/14, introducida en mayo de 2014, establece que las personas nacidas de padres extranjeros indocumentados, cuyo nacimiento no se declaró en la República Dominicana, deben inscribirse en un programa especial para obtener un permiso de residencia que más tarde necesitarán para reclamar la ciudadanía del país.
“Ya es hora de poner fin a esta crisis. La simple realidad es que, cuando nació la inmensa mayoría de estas personas, la ley dominicana entonces vigente las reconocía como ciudadanas. El privarles de ese derecho, y crear a continuación unos obstáculos administrativos insalvables para poder quedarse en el país, constituye una violación de sus derechos humanos”
Expresa que, sin embargo, el plazo para inscribirse termina el domingo 1 de febrero, y no se ha ampliado.
Para Amnistía Internacional esta situación significa que las personas que no estén ya inscritas en el sistema perderán la posibilidad de recibir alguna vez la ciudadanía dominicana.
“Tan sólo un pequeño porcentaje de las personas que, en virtud de la ley, tienen derecho a inscribirse han podido iniciar el proceso antes de que expire el plazo”, precisó.
Recordó que el ministro del Interior y Policía, José Ramón Fadul, declaró que, hasta el 9 de enero, 5.345 personas se habían inscrito en el programa de regularización establecido por la Ley 169/14. Esta cifra representa menos del 5 por ciento de las 110.000 personas que, según se estima, tienen derecho a hacerlo.
La Ley 169 se introdujo tras la condena generalizada de la decisión del Tribunal Constitucional dominicano de privar retroactivamente de la nacionalidad dominicana a miles de personas de ascendencia extranjera, y convertirlas así en apátridas. La nueva ley obligaba a estas personas a inscribirse como extranjeras y volver a solicitar, partiendo de cero, la ciudadanía dominicana.
“Ya es hora de poner fin a esta crisis. La simple realidad es que, cuando nació la inmensa mayoría de estas personas, la ley dominicana entonces vigente las reconocía como ciudadanas. El privarles de ese derecho, y crear a continuación unos obstáculos administrativos insalvables para poder quedarse en el país, constituye una violación de sus derechos humanos”, ha manifestado Erika Guevara Rosas.
Asimismo, AI señaló que ya se ha informado sobre algunas expulsiones. Añadió que el 27 de enero, 51 personas, entre ellas 30 niños nacidos en la República Dominicana, algunas de sus madres y otros 14 adultos, fueron expulsadas sin el proceso debido a Haití desde la República Dominicana.
La Ley 169/14 crea dos categorías de personas: las que, en algún momento, se inscribieron en el registro civil dominicano, y aquellas cuyo nacimiento no se declaró.
Incluso la mayoría de las pertenecientes al primer grupo, a las que debería habérseles devuelto su nacionalidad dominicana en un procedimiento rápido, llevan meses esperando, y a día de hoy muchas siguen siendo de hecho apátridas.
Juan Alberto Antuan Vill es un joven de ascendencia haitiana nacido en la República Dominicana e inscrito en el registro civil dominicano en el momento de su nacimiento. Las autoridades dominicanas llevan años negándole sus documentos de identidad. Dijo a Amnistía Internacional:
“Estamos preocupadísimos, porque las autoridades siguen negando la existencia de la apatridia, pero es nuestra realidad. No nos fiamos de todo este proceso, a causa de la gente que lo dirige. En este país existe discriminación: no puedo trabajar y no puedo acceder a servicios esenciales”.
“La República Dominicana lleva demasiado tiempo pisoteando los derechos de las personas de ascendencia haitiana en el país. Esta injusticia ya ha durado bastante; el gobierno debe tomar ya medidas urgentes para restaurar plenamente la nacionalidad dominicana a las miles de personas vulnerables que han nacido, vivido y trabajado en el país durante decenios”, ha manifestado Erika Guevara Rosas.