SANTO DOMINGO, República Dominicana.- Amnistía Internacional envío una carta abierta al presidente de la República Dominicana, Danilo Medina, donde indicó que le resulta decepcionante el hecho de que la Ley de Naturalización (169-14) no proteja verdaderamente los derechos humanos de las personas a las que se privó de su nacionalidad dominicana como consecuencia de la sentencia 168-13 del Tribunal Constitucional.
“Ninguna de las soluciones identificadas supone la restauración automática de la nacionalidad dominicana a quienes ya la tenían en virtud del sistema jurídico en vigor entre 1929 y 2010, contraviniendo así las recomendaciones formuladas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos al término de su visita a la República Dominicana, en diciembre de 2013”, establece la carta.
Indica que aunque la solución establecida para los hijos de padres extranjeros "no residentes" que habían sido registrados en el Registro Civil Dominicano ("régimen especial") es mucho más ventajosa que la adoptada para quienes nunca lo fueron, sigue sin ser automáticas.
Critica que en lugar de un reconocimiento explícito de que las personas afectadas poseen nacionalidad dominicana, la ley ordena a la Junta Central Electoral llevar a cabo un proceso de regularización después del cual "acreditará" como ciudadanos dominicanos a las personas incluidas en el primer grupo (es decir, los hijos de padres extranjeros "no residentes" inscritos en el Registro Civil Dominicano).
Estos deben solicitar la regularización en virtud del actual Plan Nacional de Regularización de Extranjeros en Situación Migratoria Irregular y hasta después de dos años de su regularización la persona afectada no puede solicitar la naturalización acogiéndose a la Ley 1683, de 16 de abril de 1948, que regula el proceso de naturalización.
“El proceso que deben realizar los hijos de padres extranjeros "no residentes" que no fueron inscritos en el Registro Civil Dominicano para poder acceder a la nacionalidad dominicana es mucho más largo. Para iniciarlo, deben inscribirse como extranjeros, algo que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos consideraba inaceptable”, asegura Amnistía.
Amnistía señaló que las personas afectadas por la Sentencia 168-13 del Tribunal Constitucional permanecerán en situación de apatridia hasta que completen el proceso de regularización y naturalización debido a la ausencia de mecanismos automáticos para el reconocimiento de la nacionalidad dominicana.
Destaca como motivo de preocupación quela complejidad de la Ley y la ambigüedad de algunas de sus disposiciones, se traduzca en complicaciones durante su aplicación, tales como el establecimiento de criterios discrecionales y discriminatorios, que a su vez resulten de nuevo en la privación arbitraria de la nacionalidad.
A Amnistía Internacional le preocupa que puedan quedar excluidos de este proceso muchas personas, ya que los afectados sólo dispondrán de 90 días desde la fecha de entrada en vigor del reglamento de aplicación de la Ley para registrarse como extranjeros.
“Dado que la inmensa mayoría de estas personas pertenecen al sector más desfavorecido de la sociedad dominicana y viven en zonas remotas, es probable que muchas pierdan la oportunidad de iniciar el proceso de naturalización a menos que se adopten mecanismos adecuados para garantizar que las disposiciones de la ley se ponen en conocimiento de todos los afectados”, asegura Amnistía en su carta a Medina.
Destaca que la Ley no menciona explícitamente el estatus que tendrán los hijos que no pudieron ser registrados porque a sus padres se les denegaron sus documentos de identidad o se les privó de ellos.
“La ley no aclara que sucederá con los hijos de dominicanos de ascendencia haitiana a quienes se expidió una constancia de nacimiento color rosado en los hospitales y que por tanto son considerados extranjeros, aunque sus padres hayan sido inscritos en el Registro Civil Dominicano”.
En este sentido, la organización internacional recomienda redactar el reglamento de aplicación de la ley en consulta con organizaciones civiles de derechos humanos y representantes de los sectores de la población afectados.
Asimismo, solicitó que se aplique sin demora medidas extraordinarias de carácter provisional para proteger los derechos de las personas que deben realizar el proceso de naturalización hasta que se garantice su inscripción plena.