SANTO DOMINGO, República Dominicana.-El jurista Francisco Álvarez considera que el Gobierno quiere distorsionar la discusión en torno a las declaraciones ofrecidas el pasado lunes por el Consejo Nacional de la Empresa Privada (CONEP), cuyo presidente afirmó que la aprobación arbitraria de la Ley que define el Tribunal Constitucional es una grave amenaza para la institucionalidad del país.

En respuesta a Manuel Diez Cabral, la Presidencia de la República emitió un comunicado en el que acusa al empresario de hacer declaraciones intimidatorias y tremendistas, porque supuestamente cuestiona las atribuciones que la Constitición otorga al Poder Ejecutivo para observar leyes.

Álvarez entiende que “el Ministro de la Presidencia está desviando la atención” y refiere que el CONEP en ningún momento cuestionó la facultad del Poder Ejecutivo, sino que la solicitó que ésta sea ejercida sin provocar violaciones posteriores a la Carta Magna, como es aprobar leyes orgánicas con una mayoría menor a la que corresponde.

Una violación con premeditación y asechanza

El abogado afirmó que la intención expresada en el presidente de la Cámara de Diputados, Abel Martínez, de aprobar con mayoría simple las observaciones introducidas a la Ley del Tribunal Constitucional es una violación a la Constitución “con premeditación y asechanza, concertada desde antes de que la ley llegara al Poder Ejecutivo”.

“Cuando se examinan con calma los hechos desde el inicio, queda claro que el Poder Ejecutivo ha concertado con la mayoría que lo apoya en el Congreso para utilizar el mecanismo de la observación para convertir las leyes orgánicas en leyes ordinarias y de esa manera burlar el requisito de mayoría calificada que exige la Constitución para las primeras”, dijo.

Recordó que cuando se conoció el proyecto de Ley Orgánica de Tribunal Constitucional en el Senado, la pieza fue aprobada sorpresivamente pese a todo el debate previo en torno a los 75 años como edad límite de los jueces y a que Pared Pérez había afirmado que no lo aprobarían.

“Queda claro que no hubo una intención real de llegar a un consenso al respecto, sino que la finalidad era acelerar el trámite de la aprobación para permitir que la ley llegara al Poder Ejecutivo, quien la devolvería observada, y se aprobaría posteriormente sin la mayoría calificada que requiere la Constitución”, sostuvo el jurista.