SANTO DOMINGO, República Dominicana.- El economista y profesor Nelson Suárez calificó como un exceso de protagonismo innecesario las razones del allanamiento a la sede de la Cámara de Cuentas (CC) encabezado por la Wilson Camacho, titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca).
Explicó que el mismo proceso a la larga hace un flaco servicio a la institucionalidad, por lo que le preocupa el “olimpismo y justificación” con que ha sido tomado este hecho sin precedentes.
Sostuvo que a simple vista pareciera que, como se trata de una operación que forma parte de los esfuerzos encaminados a enfrentar, perseguir y castigar la corrupción, con los cuales una gran parte de los dominicanos estamos de acuerdo, todos debemos aceptarla y celebrarla.
Sin embargo, desde su punto de vista consideró que la ocupación y allanamiento de la sede de la Cámara de Cuentas es “peligroso y sienta un precedente que más que bien podría hacerle un daño colosal a la lucha contra la corrupción y al fortalecimiento institucional que necesita el país”.
Basó ese argumento en el hecho de que afecta indirectamente al Poder Legislativo, órgano al cual debe rendir la Cámara de Cuentas, según lo establecido en el Título XI, Capítulo III, Sección II, Artículos 248,249 y 250 de la Constitución de la República, por lo que planteó que deben existir otros mecanismos institucionales para obtener las informaciones y documentos en poder de la CC requeridos por el Ministerio Público.
“Más aún en las circunstancias en las que en cualquier momento se elegirán los nuevos miembros de ese órgano de fiscalización y control. Imaginemos que la Cámara de Cuentas, ahorra o en el futuro se le ocurriera llevar a cabo una auditoría a las operaciones presupuestarias de la Procuraduría de la República, ¿qué pasará?¿cómo se vería?”, cuestionó Suárez.
Es por esto que afirma que una acción como el allanamiento de una institución como la Cámara de Cuentas, que es el órgano superior de control fiscal externo de los recursos públicos, implica un cuestionamiento de fondo a la personalidad jurídica, autonomía administrativa, operativa y presupuestaria de ahora y del porvenir.