SANTIAGO.-La alcaldía de esta ciudad sometió a la justicia a los ex empleados municipales que llevan alrededor de siete meses de lucha para que se les paguen sus prestaciones laborales. A los ex empleados de la alcaldía se les acusa de alterar el orden público en la sede del gobierno municipal.
La querella fue incoada por el departamento el departamento de Consultoría Jurídica, representado por Fernando Quiñones, quien acusa a los ex empleados de hacer desórdenes y entorpecer las labores en la institución.
La demanda presentada por la Alcaldía fue recibida por la procuradora fiscal de Santiago, Yeni Berenice Reynoso. Los ex empleados están citados para este miércoles, a las 4:00 de la tarde en la Fiscalía, donde deberán comparecer Mercedes María Gómez, Hipólita Toribio Rodríguez, José Ambiórix Luna, José Luís de los Santos Placencia, José Albery Cruz, y Tania Sabina Corniel, Pedro Núñez Castillo, Isidro Narciso Corniel, Aquiles Martínez García, Marino Antonio Colón, Braulio Manuel Minier, Nelson Manuel Núñez Rodríguez, Leandro Antonio Corniel, Ramón Antonio Corona, Ramón Marino Morales, Domingo Antonio Cepeda y Marcos López.
Según Fernando Quiñones, las acciones de los obreros cancelados han sido catalogadas como de asociación de malhechores.
Las autoridades municipales alegan que muchos de estos empleados cancelados cobraban sin prestar ningún servicio a la Alcaldía. Asimismo, afirman que los ex empleados municipales, en sus protestas de casi un mes, han vulneraron la seguridad de la sede del Palacio de la Alcaldía de Santiago. Las autoridades denuncian también que los demandantes han amenazado de muerte a funcionarios y empleados.
En el tiempo de reclamo que llevan los empleados han sido reprimidos por los agentes policiales con "gas pimienta", lo que produjo desmayos y otros problemas de salud a los manifestantes.
En su lucha los ex obreros y técnicos, que suman 593, no han sido recibidos por el alcalde Gilberto Serulle, quien dijo que la presión de los ex empleados es producto de ataques de sectores políticos y personas que buscan beneficios particulares.
Al enterarse de la demanda los ex trabajadores municipales se indignaron y calificaron a Serulle de abusador por no atender sus demandas y actuar de de forma negligente. Se quejaron de que han sido maltratados, aún cuando reclaman sus derechos, y exigieron al alcalde cumplir con la ley.