CALI, Colombia.- Las protestas en Colombia han puesto a Cali en el foco de todas las miradas y a su alcalde, Jorge Iván Ospina, entre la espada y la pared. Muchos caleños le culpan de parte de la crisis que ha sacado a decenas de miles de personas a la calle, mientras él defiende su gestión.

"Ninguna otra persona hubiera tenido la capacidad de manejar la crisis como yo lo he hecho", asegura, en una entrevista con Efe, el alcalde de la tercera ciudad más importante del país, que está sumida desde hace 13 días en fuertes movilizaciones sociales.

Cali se convirtió en el epicentro de bloqueos en las principales vías de acceso, enfrentamientos entre las fuerzas militares, manifestantes a favor y en contra del Paro Nacional, saqueos.

También es donde, infortunadamente, se han producido la mayor cantidad de muertos, heridos y desparecidos, según organismos defensores de derechos humanos, que cifran en 35 las personas asesinadas en esta ciudad del Valle del Cauca, de las 47 registradas en el país por las ONG Temblores y el Instituto de Estudios para la Paz (Indepaz).

Ospina, alcalde de Cali desde enero de 2020, reconoce que "todavía no hemos logrado que sectores miserables respetan la vida", pero asegura que hoy la situación "es considerablemente mejor a lo que tuvimos el 28, 29 y 30 de abril. Estoy en la idea de que hay que construir confianza y la ciudad hay que sacarla del escalonamiento (de violencia) o si no colapsamos".

DESCONTENTO SOCIAL

Hijo del líder de la extinta guerrilla del M-19, Iván Marino Ospina, fue elegido en 2019 con 298.000 votos en una ciudad con un 1.7 millones de habilitados, después de que ya ostentata ese cargo entre 2007 y 2011.

Ahora el alcalde pasa una mala hora. Es el responsable de atender la crisis que genera la pandemia por la covid-19 y que ha dejado hasta el momento más de 4.600 muertos en su ciudad. Además, los índices de pobreza, según información oficial, ya ubica a Cali entre las primeras ciudades en el país.

El diálogo al que invita el alcalde para resolver la crisis no se ve aún. Incluso, este domingo, cuando Ospina buscaba consenso con un grupo de líderes que mantenían el bloqueo en el norte de la ciudad fue sacado de allí a pedradas.

"¡No te importó ni mierda la minga (marcha) indígena!", gritaban los protestantes, haciendo referencia al choque que hubo ayer entre la comunidad indígena y habitantes de una zona exclusiva del sur de Cali, en el que supuestos civiles armados atacaron con armas de fuego.

"Mucha gente está aguantando hambre y te estás limpiando el culo con billetes de cien mil (pesos)", agregaba otro refiriéndose a lo que considera un mal manejo de la pandemia. Sin éxito en el diálogo, el alcalde salió escoltado de esa barriada.

¿A LA DERIVA?

Analistas en seguridad y conflicto armado como Katherine Aguirre consideran que la situación actual en la llamada Capital Mundial de la Salsa era previsible porque hay ingredientes de violencia estructural, sumado al narcotráfico y la cercanía con departamentos como el Cauca, donde están enquistados grupos armados.

Se suma que hay quienes consideran que la ciudad está a la deriva. El mandatario local solo apareció con declaraciones contundentes la noche siguiente al asesinato de Nicolás Guerrero, hijo de uno de sus primos, quien fue baleado en hechos confusos en una manifestación pacífica el 2 de mayo.

"Quien diga que he dejado sola la ciudad está equivocado. Soy un alcalde que movilizó lo que muy pocos en el país; trajo la comunidad internacional, se reunió con 37 embajadores, convocó al presidente de la República retirar la reforma tributaria (fiscal); que convocó a toda la sociedad a proteger la vida", se defiende contundentemente Ospina.

Acto seguido insiste en que no ha "hecho sino grandes esfuerzos por resolver el problema". Sin embargo, en redes sociales y en la calle, sus detractores ya piden su salida porque adicionalmente, se le juntó un informe del organismo de control fiscal de la localidad que reveló un detrimento de al menos 5.200 millones de pesos (casi 1,4 millones de dólares) en el desarrollo de la Feria de Cali.

Este evento, con una historia de 63 años, se realiza en la última semana de diciembre y reúne actividades artísticas y culturales alrededor de la salsa. En 2020, pese a las restricciones de movilidad y distanciamiento social, la Alcaldía decidió ejecutarla e invertir más de 12.000 millones de pesos (3.2 millones de dólares) mientras los comerciantes pedían un alivio para no cerrar sus establecimientos.

Sus resultados tuvieron un impacto negativo entre los ciudadanos y ahora, en medio de las protestas a las que se le cuelgan situaciones como el asesinato de líderes sociales, el fracking, la reforma a la salud, la inseguridad local o el desempleo, le añaden también estos gastos que el burgomaestre realizó y consideran poco justificables.

Reunión de Duque con el Comité Nacional de Paro termina sin acuerdos

La reunión del presidente colombiano, Iván Duque, y del Comité Nacional de Paro, integrado por sindicatos y organizaciones que convocaron las protestas del 28 de abril que continúan hasta hoy, culminó este lunes sin acuerdos, por lo que fue convocada una nueva jornada de huelga para el miércoles.

"El Gobierno en los dos temas centrales que se plantearon sobre las garantías de las protestas y sobre el cese a la actuación desmedida de la fuerza pública contra la gente (…) no dijo nada en concreto", expresó a Efe el secretario general de la Central Unitaria de Trabajadores de Colombia (CUT), Diógenes Orjuela.

Duque arrancó esta semana una ronda de diálogos con varios sectores para intentar buscar soluciones a la crisis política y social abierta con las protestas, en las que decenas de miles de colombianos pidieron el fin de la ya extinta reforma tributaria, pero que han desembocado en otras peticiones como la retirada de una reforma de la salud y el fin de la brutalidad policial.

Desde que comenzaron las protestas el pasado 28 de abril en Colombia, al menos 27 personas han muerto durante las jornadas reivindicativas, según informó el viernes la Fiscalía y la Defensoría del Pueblo en un documento en el que aclara que de esos fallecimientos, 11 están ligados directamente con los hechos, 7 están "en verificación" y hay 9 que no tienen relación con las protestas.

FALTA DE "EMPATÍA" CON LAS VÍCTIMAS

El presidente de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), Francisco Maltés, afirmó a periodistas tras la reunión que "no hubo empatía del Gobierno" con las causas de las protestas ni "con las víctimas de la violencia que se ha ejercido de forma desproporcionada contra los manifestantes".

"Hemos exigido que se pare la masacre, que se pare la violencia oficial y privada contra las personas que están haciendo el legítimo ejercicio del derecho a la protesta", expresó el líder sindical.

Por su parte, Jennifer Pedraza, vocera de la Asociación Colombiana de Representantes Estudiantiles de la Educación Superior (Acrees), expresó que la reunión de hoy fue "una reedición de lo que pasó en noviembre de 2019 cuando el Gobierno de Iván Duque decidió desconocer las exigencias del Comité Nacional del Paro".

Explicó que una de las cosas "básicas" que estaban pidiendo era "garantías para la movilización, una cosa sencilla del Estado Social de Derecho y por el contrario el discurso del presidente Iván Duque fue complaciente con los usos excesivos de la fuerza pública sobre las manifestaciones".

"Sobre la base de eso es imposible tramitar cualquier tipo de reivindicación porque el movimiento social tiene allí su fortaleza. Por eso llamamos a la población colombiana a que el próximo 12 de mayo realicemos una nueva jornada de paro nacional para exigirle al Gobierno que responda a estas exigencias", apostilló.

LLAMADO PARA QUE CESEN LOS BLOQUEOS

Por su parte, el alto comisionado para la paz, Miguel Ceballos, que calificó la reunión de hoy como "exploratoria", hizo un llamado para que "cesen los bloqueos" que "atentan contra muchos derechos de los ciudadanos", algo que le manifestó al Comité Nacional del Paro.

""Hay coincidencia en el rechazo a la violencia y en la cero tolerancia a cualquier conducta de la fuerza pública que vaya contra la Constitución y la ley, pero también una condena clara contra cualquier violación del derecho que tiene cualquier ciudadano a su integridad física y personal", manifestó el alto comisionado.

Igualmente dijo que, por mediación de la Misión de la ONU en Colombia y de la Iglesia católica, se acordó la creación de un "un futuro espacio" de diálogos mediado por esos dos organismos.

"Nosotros valoramos y respetamos la respuesta positiva de la Iglesia y también propusimos en ese espíritu un paso siguiente (…) el construir un espacio respetuoso y productivo de acuerdos", expresó Ceballos. EFE