SANTO DOMINGO ESTE, República Dominicana.- El representante legal del alcalde de Bayaguana, provincia Monte Plata, Nelson Osvaldo Sosa Marte (Opy), Tomás Castro, calificó este martes 01 como decisión “tutelada”, la medida coercitiva de tres meses de prisión en la cárcel de San Pedro de Macorís, otorgada por el presidente de la Corte de Apelación de Santo Domingo, juez Darío Gómez, contra su defendido, acusado de ser el autor intelectual del homicidio del regidor del Partido de la Liberación Dominicana, Renato Castillo, de 42 años, ultimado el pasado miércoles 25.
A la salida de la audiencia celebrada en la Sala de la Corte de apelación, Castro enfatizó que la medida adoptada por el presidente de la Corte de Apelación de Santo Domingo se trató de una disposición prefabricada, en referencia a las declaraciones del Procurador General de la República, Francisco Domínguez Brito, quien manifestó que no habrá impunidad en este caso.
“La decisión ya estaba tomada. Lógicamente, fue una medida prefabricada. Fue la línea que se dio, de que había que tomar medidas contra el sicariato. Si se hiciera lo mismo contra los desfalcadores de este país la cosa estuviera buena”, sostuvo.
De su parte, el abogado de la familia Castillo-Acosta, Juan Dionisio Rodríguez Restituyo, manifestó su conformidad ante la decisión, por considerarla acorde a la justicia dominicana, pese a que fue rechazada la solicitud de embargo conservatorio e hipoteca judicial de los bienes del sindico y dirigente peledeísta, efectuada por la parte querellante.
La Procuraduría Fiscal de Santo Domingo explicó que presentó acusación bajo la calificación jurídica temporal de violación a los artículos 265, 266, 295, 296, 297,298 del Código Penal Dominicano y 2, 39 de la Ley 36 sobre Comercio, Porte y Tenencia de Armas de Fuego, en perjuicio del hoy occiso, Castillo Hernández.
Acotó que con la medida, el alcalde Sosa Marte cesa en sus funciones a lo interno del ayuntamiento, en virtud de lo establecido en el artículo 43, de la ley 176-07 Sobre el distrito Nacional y Municipios, por lo que la vicealcaldesa, Amarilis Sosa, debe tomar posesión inmediata al frente del Ayuntamiento.
De igual forma, aseveró que hubo una sana administración de la justicia, lo que quedó expresado en la decisión del juez, quien encontró elementos probatorios suficientes que vinculan al alcalde de Bayaguana y los actores materiales del asesinato del regidor, consistente el arma de fuego con la que supuestamente se habría dado muerte al regidor y la ropa quemada de los actores materiales del hecho, hallados durante un allanamiento efectuado en una propiedad en la que funciona una fábrica de Espuelas la Princesa, propiedad de Sosa Marte, así y el testimonio de uno de los imputados.
Satisfacción.
El Palacio de Justicia de la Provincia Santo Domingo, se mantuvo militarizado durante el conocimiento de la medida de coerción del síndico de Bayaguana, la cual estuvo pautada para las dos de la tarde. Sin embargo, no fue sino hasta las cinco treinta cuando se conoció la decisión del juez Gómez.
Un menos sonriente Sosa Marte, quien rehusó dar declaraciones a la prensa, fue escoltado rápidamente por oficiales de la Policía Nacional, ante la mirada de por lo menos una veintena de detenidos, quienes en esta ocasión no pidieron “libertad para el alcalde”, a diferencia de los moradores de Bayaguana, quienes nuevamente se apostaron en las afueras del Palacio de Justicia, para requerir con pancartas y tambores, que sea sentenciado a 40 años de prisión.
De su lado, la vida de Renato Castillo, Raysa Acosta, expresó sentirse complacida por la medida interpuesta al supuesto autor intelectual del hecho que segó la vida de su cónyuge.
En ese orden, la hermana de Castillo, Yocasta Castillo dijo que la decisión del juez constituye el inicio de una ardua batalla para obtener justicia por el crimen cometido en contra de su pariente.
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