Londres, 25 feb (EFE).- El número de homicidios cometidos por la Policía volvió a aumentar y la mayoría de la población de origen haitiano de República Dominicana se convirtió en apátrida o siguió siéndolo tras la sentencia del Tribunal Constitucional de 2013, según denuncia el informe anual de Amnistía Internacional (AI).
La organización defensora de los derechos humanos con sede en Londres reitera que la violencia contra mujeres y niñas seguía siendo generalizada en República Dominicana y el Congreso no había adoptado una legislación para promover la protección de sus derechos.
En septiembre de 2013, el Tribunal Constitucional dictó una sentencia ampliamente criticada que privaba retroactiva y arbitrariamente de la nacionalidad dominicana a las personas dominicanas de origen extranjero nacidas entre 1929 y 2010, subraya el informe.
La gran mayoría de los afectados era de origen haitiano, lo que desató un clamor nacional e internacional, incluido de las autoridades haitianas.
La Policía dominicana siguió cometiendo numerosos homicidios, a menudo en circunstancias que revelan que podían ser ilegítimos y ha sido denunciada reiteradamente por torturas y malos tratos.
Entre enero y junio, la cifra de homicidios aumentó un 13 por ciento en relación con el mismo periodo de 2013.
Pese a la existencia de pruebas fehacientes, no se hizo comparecer ante la justicia a muchos agentes de policía que presuntamente habían cometido abusos, añade el documento de AI.
La organización defensora de los derechos humanos explica que, en diciembre de 2013, el Gobierno presentó el Plan Nacional de Regularización de Extranjeros en situación migratoria irregular.
Tras la primera fase preparatoria, la segunda, que daba a las personas migrantes un plazo de 12 meses para solicitar su regularización, comenzó el 1 de junio de 2014.
A 30 de septiembre, sólo 200 de las 68.814 personas que habían presentado la solicitud habían regularizado su situación.
Según las organizaciones de defensa de los derechos de las personas migrantes, el reducido número de regularizaciones se debía las dificultades a las que se enfrentaban para reunir la documentación, su coste, y a la inadecuada gestión de las solicitudes por los funcionarios.
El decreto prohibía la deportación de migrantes solicitantes, pero las organizaciones dominicanas de defensa de los derechos humanos denunciaron repatriaciones arbitrarias masivas.
Durante los primeros seis meses de 2014, la cifra de homicidios por razones de género aumentó un 53 por ciento en relación con el mismo periodo de 2013.
La Procuraduría General informó del aumento sustancial del número de condenas en casos de violencia de género y, en julio, adoptó un protocolo de investigación para los homicidios por razones de género.
Los grupos de defensa de los derechos de las mujeres siguieron denunciando la falta de coordinación entre las instituciones nacionales pertinentes, la insuficiencia del presupuesto asignado para prevenir y sancionar la violencia de género, y la no aplicación de los protocolos convenidos para atender a las víctimas de este tipo de violencia. EFE