SANTO DOMINGO, República Dominicana.- La Alianza Dominicana Contra la Corrupción (ADOCCO), demandó del ministro de defensa de la República Dominicana que explique al país como fue posible que un comando militar armado penetrara al territorio para rescatar a dos pilotos franceses condenados por narcotráfico a 20 años de prisión.
Destacaron que estos guardaban prisión domiciliaria acompañada de impedimento de salida del país y que bajo un comando por antiguos compañeros militares de la Armada Francesa fueron sacados del país.
Se trata de Pascal Jean Fauret y Bruno Odos quienes fueron arrestados junto a otros dos franceses en el aeropuerto de Punta Cana en marzo de 2013 cuando se disponían a despegar con rumbo a Saint-Tropez en un Falcón en el cual las autoridades dominicanas encontraron 700 kilogramos de cocaína, con un valor aproximado a los 30 millones de euros.
Adocoo señaló como una vergüenza para la sociedad civil que estas cosas sucedan en el país, donde existen tantos organismos de seguridad en los que se invierten recursos y más aún que el país se haya enterado por las informaciones servidas por la prensa internacional que dio cuenta de que los dos pilotos fueron trasladados por la vía terrestre a un barco que se encontraba cerca de las costas dominicanas.
Asimismo, se informó que fueron llevados a una de las islas francesas sin que se precisara si se trataba de Guadalupe o Martinica, desde donde tomarían un avión que los trasladó a París.
“Así como ocurrió ese rescate pueden ingresar a nuestros territorios fuerzas militares con otros propósitos, violando la soberanía dominicana”, reprochó el vocero de Adocco, Julio Cesar De la Rosa Tiburcio.
El Primer Tribunal colegiado del Distrito Nacional los declaró culpables de asociación para cometer el crimen de narcotráfico internacional y les condenó a 20 años de cárcel.
Los pilotos Fauret y Odos fueron arrestados junto al asistente de vuelo Alain Castany y el pasajero Nicolás Pisapia, conjuntamente con más de 40 militares y personal de seguridad y aduanas que prestaban servicios en el aeropuerto internacional de Punta Cana, de los cuales sólo a 10 se le presentó acusación, quedando los restantes fuera del expediente y puesto en libertad pura y simple.
Luego de ser conocido en la jurisdicción del distrito judicial La Altagracia y declinado por petición de las partes a la jurisdicción del Distrito Nacional, fueron finalmente condenados, encontrándose en prisión domiciliaria por variación de medidas tras recurrir en apelación a la sentencia.