SANTO DOMINGO, República Dominicana.- La Alianza Dominicana Contra la Corrupción (ADOCCO) cuestionó el acuerdo al que arribó la Fiscalía del Distrito Nacional con el confeso falsificador y adulterador de medicamentos, José Del Carmen Cruz.
El coordinador general Adocco, Julio César De la Rosa Tiburcio, manifestó que esto constituye un revés a la lucha contra la corrupción pública y privada, así como al crimen organizado.
“Que el Ministerio Público promueva acuerdos como ese, le envía un mensaje a la sociedad de que se puede incurrir en violación a la ley y que luego se podrá negociar y disfrutar de los recursos obtenidos producto de la actividad delictiva”, dijo.
Condenó que se lleguen a dichos acuerdos sin importar que la condenada actividad haya producido daños a personas que utilizaron medicamentos procurando curarse y por el contrario se agravaban, debido a que son medicamentos falsos o están vencidos y peor aún, adquiridos por el Ministerio de Salud Pública para pacientes pobres.
Precisó que pese a que la normativa procesal penal contempla que se puede negociar con los imputados, las acciones de Cruz pusieron en peligro la vida de miles de personas, y en ese sentido advierte que la representante judicial del Estado y la sociedad, procuradora fiscal del Distrito Nacional, Yeni Berenice Reynoso, ha sido muy benévola por la complejidad del caso.
José Del Carmen Cruz fue condenado a 10 años de prisión, de los cuales 8 años y nueve meses suspendidos; durante ese período deberá someterse al cuidado y vigilancia del juez de la Ejecución de la Pena del Distrito Nacional, así lo establece la sentencia del Tercer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional.
“El Ministerio Público no debió en esta oportunidad, por ser un caso atípico en la República Dominicana, suscribir un acuerdo”, si la grave condición de salud de José del Carmen Cruz fue el motivo por el cual la fiscal del Distrito Nacional arribó a un acuerdo, los coautores del crimen, Miguelina Martínez Adames, Michael José Cruz, Ana Luisa Cruz y Felipe Jesús Santos no debieron ser beneficiados con el retiró de la acusación que pesaba sobre ellos, en el caso de Cruz.
Insistió en que debieron aplicarle prisión domiciliaria o cualquiera de estas figuras del derecho, pero no una absolución como se le ha impuesto.
De la Rosa Tiburcio aseguró que con este tipo de medidas el Ministerio Público sienta un mal precedente e incentiva al ciudadano común a cometer delitos de esa magnitud y a negociar con el Ministerio Público.