SANTO DOMINGO, República Dominicana.- La Alianza Dominicana Contra la Corrupción, ADOCCO, alerto a las autoridades dominicanas para que detengan la práctica de un ciudadano francés al que los tribunales de su país suspendieron  la licencia de abogado desde marzo de 1999, por la comisión de graves faltas éticas,  y que en la actualidad ejerce la profesión en territorio dominicano, a pesar de que el Colegio  de Abogados de la República Dominicana (CARD) ha sido advertido de esta situación en varias oportunidades.

La organización que lucha contra la corrupción, explica que el  señor Eric André Vigneron, de nacionalidad francesa, se radicó en el país luego de ser inhabilitado  mediante  sentencia de un tribunal de ese país que lo encontró culpable de abuso de confianza, falsedad de escritura contable y desvío de fondos en perjuicio de la Sociedad Vigneron-Cluzeau-Chiron. También fue  condenado a 10 meses de prisión suspendida.

Luego de su ingreso a la República Dominicana Vigneron obtuvo la autorización del Colegio de Abogados para ejercer en el país, a pesar de que las normas de la entidad exigen aportar determinados documentos que con su situación legal, le era imposible obtener de las autoridades francesas.

El francés Eric Andre Vigneron

Ciudadanos franceses se quejan ante el CARD 

El Coordinador General de ADOCCO, licenciado Julio Cesar De La Rosa Tiburcio, dijo tener constancia escrita de las  quejas de varios ciudadanos franceses y dominicanos sobre prácticas éticamente cuestionables del señor Vigneron. El jurista mostró  una comunicación en la que trece franceses plantean sus quejas a través del Consulado de su país ante el  Colegio de Abogados, sin lograr  hasta ahora ninguna reacción del gremio profesional.

Abogados de los franceses afectados dirigieron comunicaciones al actual presidente del CARD, que concluye su gestión en enero próximo, pero tampoco obtuvieron ninguna respuesta sobre el particular,  indicó De La Rosa Tiburcio.

Dijo que ADOCCO le dará seguimiento al caso para que  la nueva directiva del Colegio de Abogados conozca la situación del señor Vigneron a través de su Tribunal Disciplinario, ante la falta de respuestas a los nacionales franceses afectados.

De acuerdo a la denuncia, ADOCCO tiene en su poder  varios documentos suministrados al CARD  en relación con el  estatus del señor Vigneron, incluyendo la copia certificada de dos sentencias que confirman la pérdida de sus derechos, cívicos, civiles y de familia (esto incluye la pérdida de la licencia para ejercer su profesión), así como un listado de ciudadanos franceses que se han visto afectado por las actuaciones del señor Vigneron como abogado.

La documentación muestra que el Colegio de Abogados de la República Dominicana, CARD ha estado al tanto de la  situación desde el mes de febrero del 2013 y no existe evidencia de que ha tomado iniciativa para actuar de acuerdo a su ley constitutiva y  a su propio código de ética.

Lo que establece la Ley 91, que crea el CARD y regula el ejercicio del derecho en la República Dominicana.

Según el artículo 4 de la Ley 91, que instituye el Colegio de Abogados de  la República Dominicana, “se considerará abogado a toda persona física, nacional o extranjera, que haya obtenido título de abogado en la República, o revalidado el que haya sido expedido en el extranjero, o aquellos abogados de otros países cuyos gobiernos mantuvieren con el de nuestro país instrumentos jurídicos en los que se establezca la reciprocidad en el ejercicio profesional”.

En el caso del señor Vigneron, expone ADOCCO, el CARD  lo autorizó a ejercer en la República Dominicana a pesar de haber sido inhabilitado por un tribunal de su país. Jurídicamente se revalida lo que ya es válido, que no es el caso del señor Vigneron, ya que un decreto de la Cámara de Dijon, de fecha 4 de marzo del 2013, ratificó la suspensión del año 1999, rechazando una solicitud elevada por este tendente a su reincorporación para ejercer el derecho en Francia.

En esta última sentencia la Corte Francesa destacó que Vigneron intentó en varias  ocasiones, de manera  infructuosa, obtener un permiso para ejercer como abogado en Las Antillas, París y Dijón, logrando inscribirse en el CARD en la República Dominicana.