SANTO DOMINGO, República Dominicana.- Darío Castillo Lugo, ministro de Administración Pública, anunció que ese ministerio está consultando con abogados para determinar la legalidad o ilegalidad de los beneficios recibidos por pasados funcionarios del Banco de Reservas, como el caso de Simón Lizardo, y que emprenderá acciones inmediatas para la recuperación de esos recursos, al mismo tiempo de tomar acciones para impedir que a futuro vuelva a repetirse la repartición de fondos que corresponden al Estado Dominicano.
Dijo que la Ley de Administración Pública no se ha aplicado y que algunas personas, las que no demuestren que rinden servicios, serán desvinculadas de la administración pública. Dijo que la ley de salario tiene errores y que deberá ser modificada. Entre los errores citados incluyó la de poner sueldos a funcionarios.Consideró que los altos salarios en entidades como Superintendencia de Bancos, Gobernador del Banco Central, Superintendencia de Seguros se justifican, porque son entidades que tienen que supervisar instituciones privadas en donde rigen salarios de gran calado y que la tendencia internacional es que esos salarios sean parecidos a los de sus supervisados en el sector privado.
Explicó que también serán analizados jurídicamente los pagos que se realizan a los miembros de los Consejos de Directores en instituciones públicas. “El tema lo estamos poniendo en manos de abogados”, dijo, porque esa cantidad de millones distribuidos no se corresponde con la realidad del país. “No es posible que un ministro reciba el tope de consumo de gasolina, o gastos de representación elevados. Eso hay que revisarlo”, declaró Darío Castillo Lugo en una entrevista con el periodista Fausto Rosario Adames, en AcentoTV.
Dijo que los ministros no deben recibir más que su sueldo.
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