SANTO DOMINGO, República Dominicana.- Las 56 federaciones, redes y organizaciones sociales y comunitarias que conforman la Alianza por el Derecho a la Salud (ADESA) expresaron estar muy consternadas ante el incremento de muertes y de sufrimientos que está provocando en el pueblo dominicano la propagación del COVID-19.
Consciente de la magnitud de esa crisis del sistema sanitario, ADESA propuso y ha estado impulsando, desde noviembre del año pasado, la firma un pacto político y social por la Salud.
Esa propuesta cobra una fuerza extraordinaria en estos momentos en que una catástrofe sanitaria amenaza con destrozar la salud del pueblo y arruinar la economía nacional.
Afirmaron que el Gobierno tiene que reconocer que solo no puede enfrentar esta gravísima situación no solo por la quiebra del sistema de salud sino también por el descredito que la gestión gubernamental sufre en medio de un proceso electoral y múltiples denuncias de corrupción.
Lea íntegra la propuesta de ADESA
Aunque todo parece indicar que esta pandemia va para largo, nos llena de tristeza, de dolor y de incertidumbre ver desde ahora agotada la capacidad de los centros públicos y privados para atender los requerimientos de la población en materia de diagnóstico, de hospitalización, servicios médicos y medicamento. Tememos que miles de personas puedan morir si no se adoptan AHORA acciones contundentes para revertir la creciente tendencia de esta pandemia.
Las crónicas periodísticas dan cuenta de que en los hospitales faltan camas, habitaciones, salas de cuidados intensivos, medicamentos, personal sanitario, respiradores mecánicos, equipos de protección y otros insumos de bioseguridad.
A esta grave situación hospitalaria se atribuyen muchas de las decenas de muertes que ya ha causado el coronavirus en el país. El propio ministro de Salud admitió que hay hospitales privados y públicos que rehúsan atender a pacientes con síntomas de la enfermedad. El mismo denunció que al menos una persona murió en una ambulancia después que se negaran a atenderla en una clínica privada.
Lo peor es que el funcionario ni siquiera identifica la clínica infractora ni adopta ninguna sanción contra ella, evidenciando lo poco que en este país vale la vida de una persona pobre y el miedo que tienen las autoridades de aplicar la ley a determinados grupos empresariales. La función de rectoría que tiene el Ministerio de Salud Pública otra vez es desafiada sin que pase nada. Otra prueba de ello es que en medio de esta tragedia las clínicas privadas y las ARS siguen mostrando control y autonomía en su accionar
Nuestra preocupación trasciende lo puramente hospitalario o la atención. La labor preventiva que es el aspecto más importante para enfrentar el virus se ve amenazada en las comunidades más empobrecidas, porque muchas veces no es posible tener lo básico: jabón de cuaba, cloro, agua potable para higiene mientras que el hacinamiento en que viven decenas de miles de las familias constituye un caldo de cultivo para la propagación de la enfermedad.
Esta misma población, por tanto, será víctima de la exclusión y discriminación si el Estado no las protege en vista de que no tienen medios ni forma de acceder a los servicios de salud.
Esta pandemia nos encuentra como país con un sistema de salud y de seguridad social excluyente, mercantil y caracterizado por inmensas limitaciones y precariedades, lo que hace más difícil la labor de prevención y atención.
Bajísima inversión pública en salud, limitada capacidad de rectoría estatal en política sanitaria, crisis de la limitada red de centros de atención primaria, ausencia de planes de promoción y educación en salud, privatización creciente de servicios básicos, desmotivación y dispersión el personal y desorden gerencial son algunas de las características del sistema dominicano de salud.
Consciente de la magnitud de esa crisis del sistema sanitario, ADESA propuso y ha estado impulsando, desde noviembre del año pasado, la firma un pacto político y social por la Salud. Esa propuesta cobra una fuerza extraordinaria en estos momentos en que una catástrofe sanitaria amenaza con destrozar la salud del pueblo y arruinar la economía nacional. El Gobierno tiene que reconocer que solo no puede enfrentar esta gravísima situación no solo por la quiebra del sistema de salud sino también por el descredito que la gestión gubernamental sufre en medio de un proceso electoral y múltiples denuncias de corrupción.
Salvar vidas es lo primero en medio de esta pandemia. Para alcanzar esa meta hay que crear un amplio movimiento de concertación en el que participen el Gobierno, los partidos políticos, las organizaciones sociales, las universidades, los gremios profesionales, la comunidad científica, el empresariado, las iglesias y cuantos sectores estén en capacidad de aportar ideas, voluntades y recursos para reducir al mínimo el impacto de este virus en la salud y en la economía del pueblo dominicano.
En las cinco semanas de registrarse en el país el primer caso del COVID-19, los sistemas de salud y de seguridad social han sido incapaces de responder adecuadamente a las necesidades sanitarias de la población.
El balance de la evolución del virus y de las medidas para contenerlo adoptadas por las autoridades está cargado de muchas insatisfacciones y mayores incertidumbres:
Desatendiendo recomendaciones de organismos internacionales y reclamos nacionales, el Gobierno tardó más de dos meses para cerrar las fronteras aérea, marítima y terrestre a fin de evitar, o al menos retrasar, la penetración del virus al país.
Comprobada la presencia del virus en territorio nacional, otra vez las autoridades tardaron en prohibir la congregación de personas y esto permitió el contagio y la extensión la pandemia a nivel comunitario.
Cuando era evidente que este nuevo coronavirus se convertiría en pandemia, y por tanto ningún país estaba libre de él, en la República Dominicana no se adoptaron a tiempo medidas imprescindibles para contrarrestar sus efectos, como el diseño de un plan de contingencia, la compra de equipos, insumos de bioseguridad y medicamentos. Ahora los insumos médicos escasean y la especulación eleva los precios a niveles que nadie podría imaginar.
Amparadas en la declaratoria de emergencia aprobada por el Congreso Nacional el 19 de marzo, las autoridades licitaron la adquisición de equipos y otros insumos por un monto de mil 500 millones de pesos. Participaron 12 empresas. La seleccionada es propiedad de personas vinculadas al Gobierno, la cual sobrevaloró los precios hasta en un 300%. El escándalo de corrupcion que esta acción ha generado aumenta el descredito del Gobierno y le resta capacidad para manejar solo esta crisis.
Hace apenas cuatro días que el Gobierno anuncia la creación de un organismo técnico especializado y de alto nivel para conducir la política sanitaria frente al tema del COVID-19. La mayoría de los países del mundo crearon un órgano similar desde que surgió la amenaza de la pandemia.
Como consecuencia de la falta de previsión ante la inminente amenaza de esta pandemia, que comenzó en diciembre pasado, la propagación en el país sorprendió a las autoridades asando batata. Solo así se explica la incapacidad para diagnosticar la presencia o no del virus a personas con dos o más síntomas, el profundo déficit de materiales de bioseguridad en los hospitales, la tardanza en evitar los conglomerados humanos y en practicar el aislamiento social, grandes limitaciones con que opera el personal sanitario y lo reducido de éste.
Aunque se ha prometido incrementar la inversión pública en salud, todavía no se sabe cuál será el monto ni de dónde saldrán los fondos. La centralización, la falta de transparencia y improvisación parecen ser la norma.
Propuestas
En ADESA llamamos a las autoridades competentes y la sociedad dominicana a centrar sus acciones inmediatas en los siguientes asuntos:
Procurar un pacto político y social e Incorporar a las organizaciones e instituciones sociales y no gubernamentales a un plan nacional de protección del derecho a la salud que tiene el pueblo dominicano. Si la población no participa las consecuencias serán peores.
Dada la alta complejidad, peligrosidad y alcance global de la pandemia COVID-19, es necesario movilizar los mejores esfuerzos, coordinados e inclusivos, de la comunidad nacional para alcanzar los resultados esperados.
Es urgente proceder a la configuración, ejecución y permanente monitoreo de una respuesta nacional contra la epidemia, sustentada en un plan nacional, regional y provincial dirigido por na instancia coordinadora dependiente operativamente de la comisión nacional.
Urge que el Gobierno adopte cuantas medidas sean necesarias para garantizar el manejo pulcro, transparente y eficiente de los fondos propios y donados que se destinen a combatir la pandemia.
Incrementar un programa de pruebas masivas y gratuitas del COVID-19 a todas las personas sospechosas de haber contraído el virus. Debe acortarse además la entrega de los resultados de las pruebas que se practiquen.
Suplir de insumos de bioseguridad (batas, guantes, lentes, mascarillas, vestimentas…) a todo el personal sanitario que labora en centros de atención primaria, hospitales y clínicas del país, para proteger su salud.
Contratar a todos los médicos y enfermeras desempleados para aumentar la oferta de personal sanitario en los centros públicos de salud.
Sacar la política partidaria de las acciones de protección de la población frente a esta gravísima pandemia.
Habilitar urgentemente los espacios que podrían necesitarse, en adición a los existentes, para atender a los pacientes que requieran hospitalización.
De igual modo crear una red de establecimientos (hoteles, viviendas, hospitales, centros deportivos) para alojar provisionalmente a las personas con el virus que no necesiten hospitalización y habitan en espacios que no permite el aislamiento necesario.
Mantener y ampliar las campañas educativas dirigidas a prevenir la propagación del virus
El Gobierno debería incorporar a los gremios del sector salud al organismo que planifica y dirige las acciones para combatir esta pandemia. Este personal puede nutrir la comisión sobre la realidad cotidiana que se vive en el interior de los centros de salud.
Un situación particular sufren muchas personas diagnosticadas con el virus o sospechosas
de tenerlo a las que se les está confinando en sus hogares y/o en centros improvisados, carentes, en muchos casos, de condiciones sanitarias adecuadas, bajo el argumento válido de que hay evitar el contagio. El Gobierno debe alquilar hoteles y habilitar otros espacios decentes para albergar a quienes no necesitan hospitalización, aunque hayan contraído el virus o tenidos contactos cercanos con personas infectadas.
Exhortar a la población a escuchar y aplicar las recomendaciones de los expertos y de las autoridades sanitarias y a desestimar la propagación de rumores, mitos y falsas creencias sobre la pandemia.
Llamamos a toda nuestra membresía a sumarse a la labor de orientación e información tan necesaria en estos momentos, tomando las medidas de rigor es necesario buscar los medios y mecanismos para apoyar en esta tarea que es de todos y todas. Una sola familia que orientemos es un aporte a salvar vidas, utilicemos las redes para informar a nuestras gentes.
Desde ADESA nos ponemos a disposición del Ministerio de Salud Pública para apoyar en este proceso, a través de nuestra red de organizaciones.