Jean-Michel Caroit, corresponsal en Santo Domingo de Le Monde
SANTO DOMINGO, República Dominicana.-Después de dos años de reenvíos e incidentes procesales, los cuatro franceses implicados en el caso conocido como "Air Cocaïne", finalmente, deberán ver definida su suerte. El juicio se abre el lunes 9 de marzo en Santo Domingo, casi dos años después de su detención en el aeropuerto de Punta Cana, el principal destino turístico de la República Dominicana, al este de la isla.
Los pilotos Pascal Jean Fauret y Bruno Odos, dos antiguos miembros de la Aviación Naval, Alain Castany, miembro de la tripulación e “intermediario”, y el pasajero Nicolás Pisapia fueron detenidos la noche del 19 al 20 marzo de 2013 a bordo de un Falcon 50 cargado con 680 kilos de cocaína.
Veintiséis maletas llenas del polvo blanco, valorado en más de 20 millones de euros, fueron amontonados en la bodega y la cabina. Perteneciente al dueño de la óptica Alain Afflelou, arrendado por la empresa de aviación lionesa SN HRT, fletado repetidamente para viajes privados del expresidente francés Nicolas Sarkozy, el triple reactor estaba a punto de despegar en dirección a Saint-Tropez (Var).
La operación, que fue filmada por una unidad elite de la DNCD, la agencia dominicana antidroga parecía tomada de una película de Hollywood. Según la acusación, varios meses de investigación por parte de agentes encubiertos permitieron detener al Falcon durante la comisión del delito flagrante, y el desmantelamiento de la “estructura mafiosa” que controlaba el aeropuerto de Punta Cana.
Con el riesgo de ser sentenciados a veinte años de prisión, los cuatro franceses no han cesado de proclamar su inocencia
La mayoría de los dominicanos, los miembros de la DNCD, aduaneros o agentes de seguridad detenidos durante esta operación fueron puestos en libertad. Sólo diez de ellos, nueve soldados y un civil, están siendo juzgados junto con los cuatro franceses.
Después de quince meses de detención, los franceses fueron liberados el 21 de junio 2014 con la prohibición de abandonar el territorio dominicano. El juicio se aplazó en septiembre y diciembre de 2014 por solicitud de varios abogados defensores que querían más tiempo para preparar sus casos y denunciaron la ausencia de algunos testigos.
“Estamos listos” anunció la presidenta del tribunal, Giselle Méndez, quien anunció que la semana será consagrada a este proceso. “Esperamos que nuevos incidentes no causen nuevos reenvíos”, dijo la señora Luz Díaz, abogada de Alain Castany. “Los abogados de los franceses quieren que el juicio se lleve a cabo, pero desconocemos la estrategia de los defensores dominicanos”, observó Andy De León, el abogado de Nicolás Pisapia.
Amenaza de boicot
Durante las audiencias preliminares, los abogados de los dominicanos acusados provocaron una serie de reenvíos fuertemente denunciados por la Asociación para el Regreso de Pascal y Bruno. Este comité de apoyo integrado por pilotos y familiares movilizó a los medios de comunicación franceses y presionó a ministros del gabinete y parlamentarios. El Sindicato Nacional de Pilotos de Líneas Aéreas amenazó con un boicot a la República Dominicana.
En un discurso recibido en Santo Domingo como una interferencia fuerte y poco diplomática, el ministro de Relaciones Exteriores, Laurent Fabius, consideró inocentes a los pilotos en los medios y acusó al “gobierno local” de retardar el proceso.
Con el riesgo de ser sentenciados a veinte años de prisión, los cuatro franceses no han cesado de proclamar su inocencia. La señora María Elena Gratereaux, abogada de Pascal Fauret y Bruno Odos, sostiene que se trataba de un vuelo comercial: en esos casos, los pilotos están exentos de responsabilidad por el contenido de los equipajes.
Falso, replica el procurador general auxiliar Milciades Guzmán. “Los pilotos sabían que estaban llevando a cabo actividades ilegales, consiguieron todos los privilegios de un vuelo privado, y la justicia francesa cambió su estatus de testigo asistido al de acusado”, argumenta. “El Ministerio Público no ha presentado ninguna prueba que vincule a nuestro cliente a las sustancias que dicen haber incautado”, dice por su parte De León.
El juicio se inició en una atmósfera cargada de una serie de escándalos político-judiciales que tiene como fondo la corrupción y el narcotráfico. Quirino Ernesto Paulino Castillo, uno de los mayores traficantes de drogas dominicano, regresó a Santo Domingo el 28 de febrero, tras cumplir una condena de diez años de prisión en Estados Unidos país donde admitió haber introducido más de tres toneladas de cocaína.
Castillo afirma que pagó 200 millones de pesos dominicanos (4,2 millones de euros) al expresidente Leonel Fernández y que financió a su Fundación, FUNGLODE. Fernández no negó directamente las acusaciones las cuales atribuyó a una “campaña de desprestigio”.
Unas semanas más tarde, diez oficiales, entre ellos el director de la Dirección Antinarcóticos de la Policía, fueron acusados de robo y reventa de 950 kilos de cocaína. Al menos cuatro de estos funcionarios, entre ellos el director, fueron puestos en libertad y simplemente enviados a retiro.
“Esperamos que los controladores no serán utilizados como chivos expiatorios para apaciguar a los críticos de la justicia”, dice Gratereaux, quien advierte sobre las presiones externas y la cobertura mediática excesiva “que resultan contraproducente” en los casos anteriores que implican a transportadores de droga franceses.