SANTO DOMINGO, República Dominicana.-Tras la empresa embotelladora Coca-Cola representada por Bepensa Dominicana en el país, informar que el desalojo de sus terrenos perpetuado el pasado jueves 16 de abril por representantes de William Amador, supuesto propietario, fue ilegal, los ejecutores lo refutaron.
Según el abogado de Amador Álvarez, Elías Nicasio, una sentencia de adjudicación emitida por la Cuarta Sala de la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, el 11 de septiembre del año 1984, declaró como propiedad del señor Amador Álvarez el terreno que comprende 15,300 metros.
Tras varias apelaciones y nuevos sometimientos en distintas instancias desde hace más de dos décadas, Nicasio explica que la ultima interposición que falla a favor de su defendido el 25 de febrero del año 2006, no fue recurrida por la otra parte dándose fin al proceso.
“Ese procedimiento se termino con la sentencia del 25 de febrero del 2006 que se notificó y no la recurrieron en casación y se termino el pleito”, argumentó el abogado.
“Ellos dicen que hay varios tribunales apoderados de eso, pero lo único que existe es una sentencia en la fiscalía por violación de propiedad porque ellos están en una propiedad ajena y en cuanto a lo otro se termino porque no recurrieron en casación”, manifestó.
Asimismo, refutó lo dicho por las autoridades de Bepensa Dominicana que alegaron dicho desalojo se realizó de manera ilegal debido a que los ejecutantes no fueron acompañados de la fuerza pública, a lo que Nicasio indicó que acudieron con un alguacil.
“La fiscalía del Distrito Nacional no puede hacer nada porque la sentencia de amparo del año 2004 ya le quito el poder a la fiscalía”, señaló.
Representantes del supuesto propietario acudieron con 50 hombres a realizar dicho desalojo el pasado jueves 16 de abril, pasado el medio día, desalojando el terreno y a los empleados que se encontraban en la fábrica.
El director de Asuntos Públicos Corporativos de Bepensa Dominicana, Juan Roberto Amell, manifestó que el hecho ocasionó daños considerables a las instalaciones físicas, generó un estado de inseguridad e incertidumbre entre el personal y obligó a la paralización de la planta de producción, provocando pérdidas económicas significativas.