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Abogados rescinden contrato con Consejo del Ministerio Público sin cobrar penalidad de RD$ 5 millones

Valentín Medrano, Julio Cury, José Martínez Hoepelman y Eduardo Jorge Prats fueron contratados por separado el 17 de marzo de 2020. Estos brindarían asesoría gratuita durante el proceso de objeción hicieron que hicieron 19 fiscales al "Concurso Interno para la Selección de Titularidades" convocado por el Consejo Superior del Ministerio Público el 7 de febrero de 2020

Por Servicios de Acento.com.do

STO01. SANTO DOMINGO (REPÚBLICA DOMINICANA), 13/01/17.- Vista del edificio de la Procuraduría General de la República y de la Corte Suprema de Justicia hoy, viernes 13 de enero de 2017, donde el procurador general, Jean Alain Rodríguez, está investigando a la constructora brasileña Odebrecht sobre los supuestos sobornos millonarios que la empresa pagó en el país, en Santo Domingo (República Dominicana). Esta tarde se vence el plazo otorgado por la Procuraduría General de la República a la empresa constructora Odebrecht, para que entregue los documentos de contratos y los nombres implicados en el soborno de 92 millones de dólares desde Brasil. EFE/Orlando Barría

SANTO DOMINGO, República Dominicana.- Los cuatro abogados contratados por el Consejo del Ministerio Público informaron este viernes 11 que renunciarán a la asesoría gratuita sin cobrar los RD$ 5 millones como penalidad por su revocación.

Uno de los primeros en establecer su no objeción en poner fin a su contrato fue el jurista Eduardo Jorge Prats, quien declaró que no obliga a sus representados mantener sus servicios contra su voluntad.

"Declaro formal y expresamente, con todas sus consecuencias legales, que no tengo ninguna objeción a que se rescinda inmediata y unilateralmente, sin indemnización alguna, mi contrato honorífico, porque no obligo a mis representados a que retengan mis servicios contra su voluntad", informó el abogado a través de su cuenta de Twitter.

Valentín Medrano también anunció que el contrato podía ser dejado sin efecto “sin dar un peso”.

“De mi parte digo, que si no cobro por un servicio, tal cual el presente, que no me paguen por dejar de darlo. Así que siéntanse en la libertad de rescindir sin dar un peso”, aseveró en un artículo publicado en el periódico digital Ciudad Oriental.

El letrado criticó además a las nuevas autoridades de la Procuraduría, sobre las cuales dijo que “lejos de tener una postura de persecución en contra de la corrupción administrativa (…) cae en el chisme contra personas que decidieron prestar un servicio profesional costoso a cambio de nada”.

Por otra parte, José Martínez Hoepelman anunció que tomó la decisión de rescindir el contrato sin indemnización en conversación con CDN, medio al cual, al tiempo de advertir que “bastaba con que la Procuraduría le hiciera una llamada para tratar el asunto”.

“Muchos de los que demandaron al Consejo del Ministerio Público son los que hoy fueron designados por decreto o por designación quienes pretenden ahora defenderse de lo que ellos mismo demandaron, dijo Martínez Hoepelman refiriéndose a los procuradores adjuntos Yeni Berenice y Wilson Camacho”, en conversación.

El jurista Julio Cury, por igual, dio a conocer la renuncia a la indemnización, mas enfatizó que la misma no se debió “por negligencia, torpeza ni imprudencia de los servicios para lo que fuimos contratados”.

Cury reaccionó a la publicación hecha por Acento el día de ayer sobre la contratación de los cuatro juristas, señalando que los abogados tienen legítimo derecho a cobrar el precio de los servicios que prestan.

Asimismo, aclaró a través de su cuenta de Twitter que quien procuró y contrató sus servicios no fue Jean Alain Rodríguez, exprocurador de la República, sino el Consejo Superior del Ministerio Público.

Agregó que “la clausula penal fijada fue para prevenir la revocación unilateral y arbitraria del mandato otorgado, con la consecuente afectación reputacional”.

Valentín Medrano, Julio Cury, José Martínez Hoepelman y Eduardo Jorge Prats fueron contratados por separado el 17 de marzo de 2020 durante la pasada gestión de la Procuraduría General de la República.

Estos brindarían asesoría gratuita durante el proceso de objeción hicieron que hicieron 19 fiscales al "Concurso Interno para la Selección de Titularidades" convocado por el Consejo Superior del Ministerio Público el 7 de febrero de 2020.

Los convenios, cuya duración se extendían hasta el 31 de diciembre de 2023, establecen que si las actuales autoridades deciden ponerles fin a la contratación, tendrían que pagar una penalidad de RD$ 20 millones, es decir, RD$ 5 millones para cada abogado.

Cada contrato indica que el contratista (abogado) recibió poder representación ad-litem, "tan amplio y suficiente como en derecho fuere necesario, a fin de que de manera gratuita, en nombre de la entidad contratante (Procuraduría) y del Consejo Superior del Ministerio Público, ejerza todas las gestiones, diligencias y actuaciones legales necesarias…"

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