SANTO DOMINGO, República Dominicana.-Abogados de los oficiales policiales imputados en el robo de más de 1 millón de pesos en un allanamiento irregular recusaron a la jueza de la Oficina de Atención Permanente de la Fiscalia de Santo Domingo Oeste, Clara Rivera.
Los abogados entienden que la magistrada vulnera los derechos de los encartados, debido a que solicitaron conocer a un testigo del Ministerio Público que colaboró para la investigación, pero la magistrada no acogió el pedimento.
El conocimiento de las medidas de coerción en contra de los oficiales fue aplazado hasta que la Corte de Apelación de la provincia de Santo Domingo dicte una decisión sobre el recurso de recusación interpuesto por los abogados de los imputados.
Será el próximo miércoles, 27 de este mes, cuando los abogados de los oficiales demandados conozcan si fue acogido su pedimento por parte de las autoridades de la corte.
Por el hecho comparecen ante los tribunales, el coronel Francisco Radhamés Vargas Ureña, encargado de la Dirección Central de Investigaciones Criminales (Dicrim) en Santo Domingo Oeste; el teniente coronel Santiago Sánchez Gálvez, el capitán Martín Madé Lara y el segundo teniente Ormandis Onésimo Alcántara Castillo.
Según la acusación, los policías sustrajeron 1.5 millones de pesos, dinero supuestamente fruto de un robo cometido por Fernando de la Rosa, un empleado de confianza de la víctima, Virginia Burgos Santos.
El caso fue desvelado por el señor Carlos Alexander Santos Abreu, padre del supuesto ladrón, el cual se querelló en contra de los oficiales por que según él, así consta la denuncia, fue amenazado por los agentes de que si no entregaba el dinero hurtado matarían a su vástago.
El expediente también detalla que los oficiales reportaron a la Fiscalía, una supuesta entrega voluntaria a la señora Burgos Santos, de RD$329,500 pesos en efectivo , sustrayendo 1, 170,500, suma que supuestamente se habrían repartido los oficiales de policía.
Protesta
Decenas de personas se apostaron en la afueras de la Fiscalía de Santo Domingo Oeste, desde el mediodía, con consignas y pancartas exigiendo la libertad de los detenidos.
"Ellos inocentes, "Libertad para oficiales", "Ahí no hubo ningún robo", citan los familiares y amigos de los detenidos, quienes aseguran a viva voz su inocencia.
Entre los manifestantes surgen preguntas como: ¿Por qué Fernando tenía llaves de la casa de la víctima?, ¿Por qué no fue ella que se querelló?, ¿Por qué ella se esconde y no defiende su dinero?, entre otras cosas.
Por el hecho, el Ministerio Público solicita un año de prisión preventiva como medida de coerción, además de declarar complejo el caso.