SANTO DOMINGO, República Dominicana. – De la Sala Augusta de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) salieron la tarde de hoy un Ministerio Público que espera que Dios ampare al país y unos imputados que celebran la decisión del pleno de declinar el caso Odebrecht a la jurisdicción ordinaria.
El Ministerio Público, en voz de uno de sus fiscales, resaltó que el fallo sobre los incidentes y excepciones del caso Odebrecht en la etapa de juicio de fondo, es una muestra de lo difícil que es perseguir el tema de corrupción en el país. “Es una decisión frustrante, donde la SCJ abandona un criterio que había mantenido de forma histórica y pacífica”.
A pesar de dictada la decisión, el órgano persecutor entiende que no hay argumentos suficientes para abandonar el criterio del arrastre.
“Lo que ha hecho la SCJ es dejar de administrar justicia, que es su obligación, y dedicarse a administrar de forma matemática un proceso penal”.
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Para Ángel Minier, coordinador de la barra de abogados del principal imputado en el caso, Ángel Rondón Rijo, el pleno garantizó lo que plantea la Constitución, las convenciones y tratados internacionales, ya que de acuerdo a lo que debatieron ninguno de los imputados tiene conexión o litinpendencia con la jurisdicción privilegiada, a excepción del actual senador por San Cristóbal, Tommy Galán.
“Los errores que ha cometido el Ministerio Público en esa acusación, ese pleno no puede corregirlo”, Ángel Minier.
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Miguel Valerio, abogado de Víctor Díaz Rúa, celebró que la SCJ “rompiera con una tradición maldita” y aplicara la ley de forma transparente.
“Ahora vamos a ir a primer grado y vamos a ver si el expediente del Ministerio Público funciona o no funciona”, Miguel Valerio.
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Desde el lado de Andrés Bautista, el abogado Carlos Salcedo se unió a las valoraciones positivas ante la decisión, al cuestionar en qué parte la Constitución dice que una persona que no sea funcionario del Estado tenga que ir a la SCJ a ser juzgado.
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Santiago Rodíguez, parte de la barra de abogados de Conrado Pittaliga, explicó que a pesar de aplaudir el fallo del pleno, entienden que la medida debió tomarse hace más de tres años cuando se dirimió el asunto al juez de instrucción Francisco Ortega Polanco.
“Fue necesario llegar aquí para que el pleno de la SCJ tuviera que decidir y esclarecer un aspecto tan importante que, para el caso que nos ocupa, es innegable que tiene gran trascendencia”, Santiago Rodríguez.
Ahora las defensas de los imputados deben esperar que llegue la sentencia el 28 de enero y que la secretaría de la SCJ lo envíe al Palacio de Justicia del Distrito para sortear el tribunal de primera instancia que conocerá el juicio.