SANTO DOMINGO, República Dominicana.- El abogado y docente chileno Luis Fernando Astudillo Becerra evaluó que, con lo ya sucedido en su país este mes con la gente en las calles manifestándose en rechazo a la desigualdad, se puede afirmar que "llegó" el día previsto por el presidente Salvador Allende horas antes de morir el 11 de septiembre de 1973.

En su alocución en medio del bombardeo al palacio presidencial de La Moneda, Allende predijo ese día que en un futuro "… de nuevo se abrirán las grandes alamedas por donde pase el hombre libre para construir una sociedad  mejor”.

"Hoy podemos decirle al presidente Allende que ese día llegó, la inmensa mayoría del pueblo chileno salió a las calles para luchar y reclamar por la construcción de una sociedad mejor", escribió el doctor en derecho de la Universidad Valparaíso y magister en Ética Social y Desarrollo Humano, que en República Dominicana ha dictado conferencias, por ejemplo, al personal del Defensor del Pueblo.

Astudillo Becerra enumera varias de las razones más evidentes que explican la explosión social y el movimiento que llevó a los chilenos/as a las calles.

ALGUNAS IDEAS PARA COMPRENDER EL DESPERTAR DEL PUEBLO CHILENO.

Luis Fernando Astudillo Becerra

(hijo de Alberto y Mercedes)

Poco antes de morir, en defensa de la constitución y la democracia,  en medio de la metralla, de los disparos de blindados y del bombardeo por aire del palacio de la Moneda,  el Presidente Salvador Allende paradojalmente al instante de dolor y muerte que vivía, dejó un último mensaje lleno de esperanza para el futuro:

“… superarán otros hombres este momento gris y amargo… Sepan que mucho más temprano que tarde, de nuevo se abrirán las grandes alamedas por donde pase el hombre libre para construir una sociedad  mejor”.

 Hoy podemos decirle al presidente Allende, que ese día llegó, la inmensa mayoría del pueblo chileno salió a las calles para luchar y reclamar por la construcción de una sociedad mejor.

Para entender el proceso que ha vivido en esos días Chile es necesario tener en cuenta varios factores que intentaré graficar en el siguiente análisis:

1.- La Constitución Política de Pinochet.

Pese a sus muchas reformas sigue vigente y es el sostén del modelo neoliberal en el que vivimos, un sistema que no privilegia la participación efectiva del pueblo en su historia y que no avanza hacia una democracia material ya que no considera en su articulado por ejemplo: el referéndum, la iniciativa popular de ley y o el referéndum revocatorio.

Por otra parte la centralidad del modelo constitucional está en la defensa irrestricta de la propiedad privada y en el rol subsidiario del Estado.  Olvidándose del rol social de la propiedad.

Todo lo anterior  se ha traducido por ejemplo en la entrega de nuestras riquezas mineras a los privados, bajo la figura de las concesiones mineras, encubierta forma de entregar la propiedad privada de nuestros recursos básicos.

Desde hace décadas ha existido la demanda por una nueva constitución, para Chile que sea discutida y creada por una asamblea constituyente.

El mundo político progresista no ha asumido con propiedad ese desafío, salvo tibios intentos de la presidenta Bachelet que no llegaron a significar ningún avance concreto en esa línea. Por su parte, la derecha política y económica no tiene voluntad alguna de cambiar un modelo del que sólo ellos resultan beneficiados.

2.- El alza en las tarifas del metro en 30 pesos fue el detonante de una rabia y frustración acumulada por 47 años. 17 años de dictadura y 30 años de “democracia”.

La promesa de la concertación de partidos por la democracia: “la alegría ya viene”, que encabeza la derrota del dictador Augusto José Ramón Pinochet en el plesbicito de octubre de 1988, es rápidamente traicionada por esta coalición política, para sumarse al modelo económico y político impuesto por la dictadura. De modo que nada cambió para el pueblo.

Cientos de miles de chilenos/as dicen que el alza de la tarifa del metro en 30 pesos y la ya habitual represión policial que vino aparejada a la evasión del pago del metro por los estudiantes,  que invadieron sus estaciones y saltaron los torniquetes sin pagar, fue solo la "gota que rebalsó el vaso". La mejor prueba de ello es que el anuncio que hace el  sábado 19 de octubre el presidente Sebastián Piñera de suspender el incremento en el precio del transporte público no tuvo ningún impacto y no detuvo en lo más mínimo las olas de manifestaciones.

3.- Las élites empresariales y políticas y su permanente y sistemática desidia frente a los graves problemas cotidianos de la gente hizo que la gran mayoría de los/las chilenos se reconocieran abusados por un modelo económico que no cumple con los estándares de una sociedad justa. Ello se expresa en un sinnúmero de "deudas sociales" por las que reclama la gran mayoría de la sociedad chilena.

Una de las más básicas es la enorme diferencia salarial que existe en Chile, el 70% de los trabajadores chilenos/as reciben mensualmente el equivalente al salario mínimo.  Monto que es insuficiente para una vida digna.

En Chile, la electricidad, el agua, las comunicaciones, el transporte, los alimentos, los medicamentos, el arriendo, son carísimos y sólo se sobrevive permanetemente endeudado con el sistema financiero.

3.1. El sistema de pensiones

El sistema de pensiones que actualmente rige en mi país fue creado en 1982, durante la dictadura militar de Augusto José Ramón Pinochet.

El mecanismo previsional chileno es suministrado por las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP), que son instituciones financieras privadas que se encargan de administrar los fondos de cuentas individuales de ahorros para pensiones.

Se basa en que cada persona ahorra una parte de sus ingresos (10%) para sostener una pensión al momento de su jubilación.

Pero este sistema no ha cumplido con ninguna de las promesas de sus creadores (cuando se diseñó este sistema de pensiones, lo que se buscaba era que las personas pudieran jubilar con una pensión que fuera el 70% del sueldo de los últimos cinco años laborales). Sin embargo es claro que el modelo no es capaz de entregar pensiones dignas, y  ha colaborado con la concentración de la riqueza y con la desigualdad del ingreso.  "El 80% de las personas en Chile recibe pensiones que son menores al sueldo mínimo".

Los cuestionamientos a este modelo han aumentado en los últimos años, provocando grandes manifestaciones en contra. Durante el año el año 2016, 2017 salieron a protestar a la calle más de un millón de personas que exigían el fin de las AFP.

Una de las agrupaciones que ha liderado estas protestas se llama "No+AFP". Ellos con certeza señalan que las administradoras de pensiones en Chile son bancos encubiertos de los empresarios más ricos de nuestro país.  Usan los fondos previsionales para que estos puedan expandir sus inversiones y concentrar aún más el capital en pocas manos.

Actualmente, hay una “reforma al sistema provisional” en el Parlamento de Chile que de reforma no tiene nada ya que lo que hace es consolidar el sistema creando un aporte patronal de un 4% adicional, que va a ir a parar a las manos de las mismas AFP o de otros entes privados.

El proyecto de ley —una de las promesas de campaña de Piñera— fue ingresado en noviembre de 2018, pero ni cerca de NO+AFP.

La iniciativa, sin embargo, genera el rechazo de la mayoría. En asociaciones como "No+AFP" y en sectores políticos de oposición (se interpreta) que la supuesta reforma de este gobierno es más de lo mismo y está lejos de solucionar el problema, ni ahora ni cuando esté en régimen -en 48 años más-. Son en definitiva más recursos que irán a las arcas de las instituciones financieras que controlan el sistema.

3.2. Otro de los sistemas que ha sido cuestionado en Chile: el sistema tributario.

En mi país, la política redistributiva no logra romper con la desigualdad. Y con el actual sistema tributario, el cálculo que hacen varios economistas es que al final terminan pagando menos y no más las personas más ricas.

3.3. Salud y desprotección

El sistema de salud chileno está compuesto por un modelo de atención mixto. Por una parte, está el seguro público denominado FONASA (Fondo Nacional de Salud) y, por otra, uno privado llamado ISAPRE (Instituciones de Salud Previsional).

Según la Encuesta de Caracterización Socioeconómica Nacional (Casen), las personas afiliadas a FONASA alcanzan el 80%, mientras que las que tienen acceso al sistema privado de ISAPRE representan menos del 20%.

Y, aunque el seguro público ha mostrado mejoras en los últimos años, aún tiene muchos asuntos pendientes.

Entre ellos, la ausencia de hospitales y especialistas, la atención primaria de salud para prevenir enfermedades y la necesidad de reducir las listas de espera, tanto de la atención de especialistas, de examenes como de cirugía. Lista de espera que, durante los últimos años, ha aumentado a casi dos millones de personas.

Por su parte, en las Isapres los reclamos tienen que ver con el alza de precios de los planes de salud, la baja cobertura, las preexistencias y el acceso restringido a centros de salud.

Ninguno de los seguros de salud está cumpliendo a cabalidad su objetivo y existen deficiencias esenciales que subsanar.

Esta fuerte realidad de desprotección en un área como la salud viene generando descontento desde hace décadas.

En Chile solo el 20% de la gente puede pagar por una atención de mejor calidad, pero el 80% de la población tiene que atenderse a través del sistema público. Eso genera una diferencia enorme porque aunque tengamos patologías garantizadas en FONASA, aún muchas no están cubiertas y, además, hay gran lentitud en la atención. La gente está muy desprotegida.

En definitiva la mercantilización de la salud ha sido un golpe duro que viene recibiendo el pueblo chileno desde hace décadas.

3.4 Transporte en Santiago: un drama para los usuarios sin resolverse.

La red de transporte "transantiago" se creó hace 12 años con la promesa inicial de ser un transporte privado de calidad, sustentable y sin subsidios estatales.

Sin embargo, hoy representa uno de los mayores problemas que enfrenta la capital de Chile, Santiago. Y lo cierto es que, desde su creación, este modelo de transporte nunca ha dejado de recibir críticas.

Durante su primer mes de circulación en febrero de 2007 el caos fue total, con graves problemas en cuanto a los recorridos, la instalación de validadores y un error en la programación de estos, lo que obligó a que el sistema fuera gratuito durante su primera semana de operación.

En definitiva, el "transantiago" tenía problemas de planificación, diseño e implementación, generando un colapso total del transporte público.

Y las culpas políticas de un lado a otro entre los gobiernos de los expresidentes Michelle Bachelet —que puso en marcha el plan—, y el de Ricardo Lagos —que lo creó— no cesaron.

A pesar de varias reestructuraciones, reasignación de recorridos, medidas de contingencia e inyecciones millonarias de inversión a lo largo de estos 12 años, la red de transporte no ha logrado responder de manera eficiente al gran flujo de personas que viaja diariamente dentro de la ciudad.

Largas esperas para abordar buses y el metro, sumado a demoras en los viajes, forman parte de los problemas a los que se enfrenta buena parte de la población.

Y, aún así, su precio es caro: según un reciente estudio de la Universidad Diego Portales , de un total de 56 países alrededor del mundo, el de Chile es el noveno transporte más caro en función del ingreso medio de sus habitantes.

Hoy, el sistema sigue generando déficit y sus índices de evasión continúan siendo altos: en el segundo trimestre de este año, el porcentaje de evasión fue de un 25,7%.

3.5. Privatización del agua.

Otra de las políticas que genera rechazo en los/las chilenos es que las aguas están en manos de privados por que así lo permitió el Código de Aguas.

El modelo de gestión —que fue establecido en 1981 durante la dictadura militar— genera una nueva inequidad ya que si bien reconoce el agua como un bien nacional de uso público, este reconocimiento es letra muerta al establecer que los particulares (o privados) puedan constituir sobre las aguas derechos de aprovechamiento de carácter perpetuo.

Además, se alega que es un sistema "absolutamente privado", que se traduce en que no hay ninguna dimensión social en el uso del agua los privados hacen un "aprovechamiento" del agua de tal forma que termina por desabastecer al resto de la población.

Chile es el único país del mundo que mantiene privatizadas sus fuentes de agua; aquí los empresarios pueden comprar, vender o arrendar los canales de regadio. Nuevamente es el mercado quien teóricamente regula el uso y disposición del agua.

Hoy, si bien hay una reforma al Código de Aguas en el Parlamento nuevamente no modifica el fondo de cómo el sistema ha concebido el agua, esto es, como un producto más, que puede ser objeto de comercialización en el mercado sin consideración a que el derecho al agua es un derecho humano ya que es fuente de vida.  Ergo la reform como se ha planteado es claramente insuficiente.

3.6. Educación y la movilidad social

La demanda por otra educación, donde el Estado asume un rol protagónico en garantizarla como un derecho, explotó en 2006 con la llamada "revolución pingüina", cuando estudiantes secundarios salieron a las calles a exigir cambios en esta materia.

Luego, en 2011, regresó con aún más fuerza el movimiento estudiantil, marcando la actualidad durante varios meses y presionando al gobierno (el primero de Sebastián Piñera) a hacer cambios de fondo al respecto.

Sin embargo, persiste el tema de fondo, el sistema concibe la educación como un bien transable en el mercado, un producto o una industria como la ha llamado el presidente Piñera, no como un derecho cuya principal responsabilidad de ser reconocido como tal e implementado en la sociedad chilena recae en el Estado.

Y aunque hubo logros innegables, en el gobierno de la presidenta Bachelet, gracias a que se logró la gratuidad en la educación superior para el 60% de los estudiantes que acceden a ella. Eso no parece suficiente.

Ahora, cuando los jóvenes  acceden a la educación superior, lo hacen desde un sistema que ya viene haciendo una selección previa, discriminatoria y no inclusiva. La educación básica y media en Chile son espacios de segregación también, porque si puedes pagar por una educación básica y media de calidad, entonces vas a poder acceder a una educación universitaria de buena calidad que te garantiza movilidad social.

Hay una demanda que está ahí, hoy calmada, pero es un tema que no ha desaparecido porque la promesa de la educación es la movilidad social.

Pero no sólo eso, sino que probablemente el problema de fondo está en la visión antropológica que hay detrás de la educación hoy y que se expresa en sus contenidos,  los que apuntan a formar peones de un sistema que quiere consumidores no pensantes y jóvenes competitivos, individualistas y materialistas.  Donde lo colectivo y la solidaridad no están presentes en sus procesos de formación académica y valórica.

De esta manera, la educación sigue siendo, para muchos, una piedra de tope para avanzar hacia una mejor calidad de vida.

3.7. Abusos y corrupción

Colusiones entre empresas para fijar precios de sus productos, evasión de impuestos de grandes compañías y el destape de la corrupción en diversas instituciones son parte de los escándalos que se han conocido en los últimos años.

Los abusos están en el medio de este malestar de la gente.

Respecto a la colusión, uno de los casos que generó mayor impacto fue el de las farmacias en 2008.

Según una investigación realizada por la Fiscalía Nacional Económica, las tres grandes cadenas de farmacias que existen en Chile —Farmacias Ahumada (FASA), Cruz Verde y Salcobrand— se habían puesto de acuerdo en alzas concertadas en los precios de al menos 222 medicamentos, preferentemente para tratar enfermedades crónicas.

Lo mismo sucedió en el caso del papel higiénico, donde dos grandes empresas que controlan la industria —Papeles Industriales (PISA) y CMPC Tissue— se pusieron de acuerdo para fijar el precio de este producto por más de una década en supermercados, farmacias y cadenas mayoristas.

De acuerdo con la investigación, con esta maniobra las empresas aumentaron su utilidad en decenas de millones de dólares cada una .

Tanto la colusión de las farmacias como la del papel higiénico impactó profundamente a la sociedad chilena, pues ambos productos son básicos y porque los responsables no recibieron castigo.

A estos abusos, se suman los casos de corrupción en la política que marcaron la agenda entre 2014 y 2017.

En aquella ocasión,  la coalición política de derecha con el Caso Penta y Soquimich SQM, estuvieron salpicados por temas relativos a financiamientos ilegales de campañas políticas y boletas falsas.

La lista de corrupción siguió en 2018 con el Ejército de Chile, donde se procesó a diversas autoridades por malversación de fondos públicos.

Poco tiempo después salió a la luz un fraude en Carabineros, la fuerza policial chilena.

Y así, los empresarios, la clase política, el ejército y Carabineros son algunas de las instituciones que han sido fuertemente cuestionadas en Chile en un período de tiempo no demasiado grande.Y como es de esperar, esto provocó un gran malestar entre la gente.

En Chile estamos en una fase de descrédito acelerada de la política y de las instituciones en general y este problema de confianza en las instituciones finalmente lleva a un problema de legitimidad de aquellos que te gobiernan.

Hay una sensación de impunidad muy grande. Aunque ha habido gente procesada y condenada (por ejemplo los dos líderes más importantes de la derecha más extrema – la Unión Democrata Independiente UDI – Jovino Novoa y Pablo Longeuira fueron condenados ambos a penas remitidas) la realidad le dice a la gente que el que es rico y o tiene influencias, roba o delinque y finalmente no paga.

Así las propias instituciones se han deslegitimados frente a la ciudadanía.

Sea como fuere, tras los días más violentos, fruto de la represión de las fuerzas policiacas, el ejército y la marina, a las movilizaciones pacíficas del pueblo en Chile, la sensación es de esperanza y de amargura.

Esperanza porque nada será igual en mi país a partir de las movilizaciones de octubre y eso avisora para el futuro transformaciones reales y amargura porque no hay voluntad política en el gobierno de abordar en serio estas deudas sociales, lo que necesariamente supondría un cambio sustancial al modelo que no están dispuestos a realizar y que hoy defienden  a sangre y fuego.

4.- Finalmente, parece necesario aclarar que las protestas han sido esencialmente pacíficas, que en situaciones específicas el pueblo ha recurrido a la auto defensa ante la acción criminal de la policía y el ejército.

Que hay numeroso material gráfico y testimonios de cientos de personas que dan cuenta que los saqueos fueron tolerados y en muchos casos instigados y propiciados por la policía y el gobierno.

Las imágenes muestran a Carabineros haciendo barricadas, participando de saqueos, jalando cocaina o alguna sustancia alucinogena en plena calle, retirándose de supermercados donde hay turbas dispuestas a saquear, cortando candados de comercios que se encuentran cerrados, conversando amigablemente y dando instrucciones a jóvenes encapuchados.

Todo lo anterior hace dudar de que sea atribuible exclusivamente a los manifestantes los saqueos a supermercados, la quema de una decena de estaciones de metro y buses, y ataques a cientos de instalaciones públicas.

Más bien parece ser la acción de vándalos, lumpen y delincuencia que cuenta con el beneplacito del gobierno para desprestigiar el movimiento, crear temor en la población y justificar la represión.

5.- Adicionalmente, parece que los chilenos nos cansamos de la arbitrariedad y de la represión, de las sistemáticas y permanentes privación de libertades y derechos.

Por ejemplo, libertad de prensa no existe, cuando hay un duopolio comunicacional totalmente afín al sistema y que calla cualquier expresión de divergencia o de diferencia; cuando los medios alternativos de comunicación no tiene espacio para su desarrollo y son ignorados por el Estado; donde existen crimenes selectivos de dirigentes sociales, sin aclarar o encubiertos bajo la forma de supuestos suicidios; donde la práctica de torturas en cuarteles policiales se hace cotidiana; donde se criminaliza a los jóvenes, a los pueblos indígenas y sus reivindicaciones; donde hay un abandono y olvido de los viejos, de los niños/niñas y un largo etc. de violaciones a los derechos fundamentales.

Chile es un Estado que no es capaz de respetar los derechos humanos, que no cumple sus obligaciones con el derecho internacional de los derechos humanos. Así,  no cumple con imperativos democráticos básicos, ya que la definición de la democracia no está sólo en el ejercicio del voto. Votar es una expresión de la democracia formal, pero lo que realmente interesa es la existencia de una democracia material, donde al pueblo efectivamente se le respetan sus derechos humanos y éste es efectivamente constructor de sus destinos y de sus historias y no está sometido al yugo del dinero y obligado con su trabajo y sus ahorros a mantener los privilegios de unos pocos.

Estás, no son todas, son solo algunas de las  razones que explican la explosión social y el movimiento que llevó a los chilenos/as a las calles.

Para concluir un llamado de atención a los hermanos y hermanas de  toda América Latina y el Caribe:

Chile es el ejemplo vivo, que el modelo politico, económico, social  y militar que representa el capitalismo y o el neoliberalismo:

  1. A) fracasó en su promesa de prosperidad para el pueblo; y que
  2. B) no trepida en matar, torturar, violar, desaparecer personas, mentir sistemáticamente en defensa de sus intereses. No les tiembla la mano en ello, no tienen reparos morales para hacerlo, no dejan de dormir ni una noche por sus crímenes, esto porque históricamente lo han hecho y hoy lo siguen haciendo, nada ha cambiado en su percepción de que el mundo les pertenece y el pueblo es un esclavo de sus designios.

Hay que dudar de sus palabras amistosas y de sus discursos, porque ya hace años se inclinaron ante su dios dinero, que los protege con un manto de impunidad y olvido.