SANTO DOMINGO, República Dominicana.- El abogado Ramón Emilio Concepción, defensor del presidente del Frente Agropecuario del Partido Revolucionario Moderno (PRM), Leonardo Faña, afirmó que este miércoles comenzó la acreditación de documentos que supuestamente confirman los vínculos de las empresas del ministro Administrativo de la Presidencia, José Ramón Peralta y su familiares con operaciones que hace la bolsa agropecuaria por orden del Gobierno.
“Lo que está en juego no son las operaciones empresariales que hace el ministro Peralta, sino las operaciones que este hace desde su empresa con el Estado, lo cual representa un delito constitucional”, adujo el abogado Ramón Emilio Concepción, representante legal de Faña.
En respuestas a declaraciones del Administrativo de la Presidencia, el cual asegura que no representa un conflicto su función pública con las ejecuciones que hace su empresa, el abogado Concepción exhortó a Peralta a escudriñar lo que dicen los art. 135 y 146 de la Constitución dominicana, el art. 14 de la Ley Compra y Contrataciones Públicas y el art. 84 de la Ley de Función Pública, que prohíben dicha práctica.
Asimismo, aseguró que entre las pruebas testimoniales se encuentra en observación la versión de un testigo, el cual es socio de la empresa Nitro Group, y el señor Alejandro Flores, porque este hizo transferencias de unas acciones sin cumplimiento de ley, y aportó esas acciones a Abonos Dominicanos (Abodom), empresa en sociedad con Peralta.
Dijo que hasta el momento, el magistrado de la novena Sala Penal del Distrito Nacional, no ha hecho orden de conducencia por falta de domicilio del señor Alejandro Flores.
“Aunque este sí aparece de manera extraña, hace un domicilio accidental cada vez que tiene que firmar un aumento de capital que empezó con cinco mil acciones valoradas en RD$ 5 millones de pesos, y ahora están estimadas en RD$ 21, 800 millones de pesos, firma en las asambleas, pero cuando el aguacil lo cita en Abodom, dicen que no es su domicilio”, precisó Concepción.
Tras calificar caso como un proceso tortuoso, opina que el juicio marcará un precedente en la historia del país, y que los funcionarios públicos tienen que entender que en el momento que asumen una función pública se ponen una camisa de fuerza que se llama Constitucional de la República.