SANTO DOMINGO, República Dominicana.-La joven abogada Fernanda Frías, especialista en derecho constitucional, denunció que la Contraloría General de la República y la Lotería Nacional se niegan a entregar información pública del IGLOBAL, de la FUNGLODE, la ONG del expresidente Leonel Fernández.
La Licda. Frías explicó que obtuvo ganancia de causa en un proceso de acción de amparo contra la Contraloría General de la República. La Sentencia No. 0030-02-2020-SSEN-00386 de la Primera Sala del Tribunal Superior Administrativo, de fecha 3 de diciembre de 2020, ordena la entrega de los pagos realizados por el Estado dominicano al IGLOBAL, incluyendo aquellos mediante cheque.
“Sorprendentemente, en menos de 6 meses dos funcionarios del cambio resultan condenados por violar la ley de acceso a información pública y actuar sin transparencia, aspecto contrario a la visión del Presidente Luis Abinader respecto al tema”, expresó.
Explicó que el dispositivo de la decisión “(…) ORDENA a la accionada CONTRALORIA GENERAL DE LA REPÚBLICA DOMINICANA, el Licdo. LUIS RAFAEL DELGADO SANCHEZ, en su calidad de Contralor General de la República Dominicana; el Licdo. OLEIDY ARMEILIO ENCARNACION DIAZ, entregar a la accionante, copias certificadas de las siguientes informaciones: “Relación de los pagos realizados por el Estado Dominicano al Instituto Global de Altos Estudios en Ciencias Sociales de RNC No. 430091197, el cual comprende lo siguiente: (i) Relación de los años 2012 hasta la fecha; (ii) Número y fecha de la orden de pago o libramiento. Así como también el número de oficio y fecha de las solicitudes de pago, para aquellos casos de pagos administrativos; (iii) Monto del pago; (v) Concepto; (vi) Institución que desembolsa los fondos públicos; y, (vii) Beneficiario de los servicios adquiridos mediante la academia.”
Indicó que Luis Rafael Delgado Sánchez fue sustituido por Catalino Correa Hiciano y nombrado como Tesorero Nacional, mediante el Decreto Presidencial No. 180-21, de fecha 18 de marzo del año en curso.
Explicó que, a pesar de que el pasado 26 de marzo se venció plazo para cumplir con lo dictado por el tribunal, todavía esta institución y sus funcionarios no acatan la orden judicial, aún cuando al nuevo Contralor, Catalino Correa Hiciano, se le intimó a cumplir con la sentencia.
Resaltó que Correa Hiciano está en la obligación de acatar el fallo judicial en virtud del principio de continuidad del Estado.
“No se explica cómo esta institución no cumple ni siquiera con una orden judicial, en completo desacato de la autoridad pública. Lo que en virtud de su naturaleza, no solo se constituye en una falta ética y disciplinaria, con una inhabilitación para el ejercicio de cargos públicos por 5 años, sino que se configura el delito de obstrucción del acceso a la información pública, que tiene una pena privativa de libertad de hasta 2 años, de conformidad con el Artículo 30 de la Ley No. 200-04 sobre Acceso a la Información Pública”, dijo la abogada Frías.
La sentencia indica que la Contraloría entregó al tribunal casi 200 expedientes relacionados a desembolsos de fondos públicos dirigidos al instituto de la Fudación Global, Democracia y Desarrollo (FUNGLODE).
La abogada narró que en esos archivos encontró una comunicación del 30 de noviembre de 2018 del IGLOBAL, en la cual le solicitó a José Francisco Peña Tavarez, entonces en su calidad de Administrador General de la Lotería Nacional, el pago de diferentes facturas, incluyendo una que respecta a su persona, cuya operación desconocía.
La Licda. Frías acudió a la Lotería Nacional para ver de qué trata esta solicitud. Requirió copia certificada de ese expediente en enero y febrero de este año a través de la Oficina de Acceso a Información Pública. Sin embargo, la institución no contestó su petición.
Asimismo, hace más de un mes solicitó la intervención de la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental, institución que dirige la Dra. Milagros Ortiz Bosch, a los fines de que medie en la entrega de ambas informaciones públicas. No obstante, hasta la fecha no ha tenido de parte de las autoridades.
Antecedentes
El 6 de agosto de 2019, la abogada Fernanda Frías denunció que a mediados del 2018 el IGLOBAL gestionó el pago de casi 500 mil pesos ante la Lotería Nacional, supuestamente a su favor para realizar la supuesta Maestría en Alta Dirección Pública en la academia.
Según la joven abogada, no conocía esta transacción, nunca le informaron al respecto, tampoco buscó esa ventaja o privilegio, no cursó ni tuvo la intención de hacer ese programa de estudio y ni siquiera la inscribió. Incluso, tenía 8 meses cursando el Máster en Derecho Administrativo y Regulación Económica en la PUCMM, pagándola con sus recursos, cuando se ejecutó este desembolso. “En fin, nunca recibí la supuesta ayuda económica”.
Explicó que el IGLOBAL tenía sus datos personales, a propósito de que realizó la Maestría en Derecho Constitucional y Libertades Fundamentales en la academia adscrita a la FUNGLODE, durante el periodo 2013-2014. Ella explica que FUNGLODE se comprometió a cubrir la mitad del programa y la otra parte la pagó ella.
La erogación de fondos públicos se realizó durante la gestión de José Francisco Peña Tavárez en la Lotería Nacional, mediante el Cheque No. 054556 del Banco de Reservas, de fecha 2 de agosto de 2018.
8 meses después de que este instituto recibiera el dinero, lo devolvió, a raíz de los reclamos de la joven abogada Fernanda Frías. Esto se hace constar con una carta y copia del cheque entregada personalmente a la dirección de Acento.com por el rector del IGLOBAL, Doctor Marcos Villamán.
A causa de esta situación el instituto, su encargada de registro, Ana Letelier, y la FUNGLODE, enfrentan una demanda en reparación de daños y perjuicios que está siendo conocida por el Juez Luis Carreras Muñoz,de la Primera Sala de la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional.
Asimismo, interpuso una acción de habeas data contra la Lotería Nacional, a los fines de suprimir sus datos personales de los archivos de esta institución. La Sentencia No. 0030-01-2019-SSEN-00332 de la Tercera Sala del Tribunal Superior Administrativo, de fecha 2 de septiembre de 2019, solamente ordenó la eliminación de sus datos del Portal de Transparencia de la institución, sin referirse al registro físico y digital, a pesar de ser parte de las pretensiones de la joven abogada.
Por esta razón, interpuso un recurso de revisión de sentencia ante el Tribunal Constitucional dominicano, con una petición de extrema urgencia. Sin embargo, tiene casi 2 años esperando que esta Alta Corte se pronuncie al respecto.
Nuevo hallazgo
Explicó Fernanda Frías que todo indica que el IGLOBAL no solo requirió dinero una vez a su nombre, sino que 3 meses después de la entidad adscrita a FUNGLODE haber recibido casi medio millón de pesos usando su nombre y sus datos personales sin su consentimiento, acudió nuevamente a la misma institución a requerir más fondos públicos. “Supuestamente a mi favor”, dijo Fernanda Frías.
Detalló que, conforme a la comunicación enviada por IGLOBAL a la Lotería Nacional, este nuevo requerimiento era supuestamente para cubrir la Maestría en Derecho Constitucional y Libertades Fundamentales que supuestamente la abogada Frías estaba cursando en la academia.
“Todo ello, sin ser cierto, pues para esa fecha y estaba cursando el Máster en Derecho Administrativo y Regulación Económica en la PUCMM, pagado con mi dinero. Hice una Maestría en Derecho Constitucional en IGLOBAL, pero en el periodo 2013-2014, la cual saldé desde 2013”, precisó.
Indicó que en enero del presente año puso en conocimiento de este nuevo hallazgo a la Procuraduría Especializada en Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA) y a la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental, y hasta el momento no ha tenido ninguna respuesta.
La abogada Fernanda Frías llamó al Presidente Luis Abinader para que instruya a sus funcionarios a entregar las informaciones públicas que requirió, que no solo tiene derecho a conocer en virtud de la Ley No. 200-04 sobre el acceso a la información pública, sino porque el Artículo 44 constitucional y la Ley No. 172-13 sobre protección de datos le otorgan la facultad de acceder a todos los registros públicos que versan sobre su persona, sin ningún tipo de trabas y censuras.
Expresó, además, que estos obstáculos que ha enfrentado han imposibilitado que tenga un acceso efectivo a la justicia.
“Tengo la intención de que exista una decisión disuasoria que ponga coto al uso abusivo de datos personales como mecanismo de desvío de fondos públicos y que los recursos destinados a becas sean otorgadas verdaderamente a aquellos jóvenes que realmente lo necesiten”, precisó.