SANTO DOMINGO, República Dominicana-. El presidente Luis Abinader emitió el decreto 422-20 que crea la “comisión de liquidación de órganos del Estado y establece las generalidades del procedimiento a seguir”. Esta comisión será presidida por el Ministerio de la Presidencia y conformada en los próximos 60 días, que se cuentan desde hoy.
De acuerdo con el decreto, esta comisión tendrá la facultad de conformar “tantos equipos técnicos de apoyo como sean necesarios, con personal calificado, técnico y administrativo de las instituciones que dirigen y de las propias instituciones involucradas en la restructuración”. También tendrá un director ejecutivo, un coordinador legal, uno económico, y uno financiero.
El Ministerio de Administración Pública, Dirección General de Presupuesto y la Contraloría General de la República serán las entidades encargadas de adoptar las medidas que correspondan luego de la revisión de cada caso del personal que labore en estas entidades, tomando como base tres criterios: la regularidad de su designación, el desempeño comprobado de los cargos y funciones, y la provisión de fondos para enfrentar el pasivo laboral generado por la medida correspondiente. Todo esto conforme a las leyes de Función Pública y su reglamento de Relaciones Laborales en la Administración Pública.
“El personal de las instituciones en proceso de disolución o restructuración, designados por la autoridad competente que se encuentre desempeñando cargos y funciones oficiales de las estructuras orgánicas de las instituciones y que dichas posiciones se encuentren debidamente presupuestadas, se mantendrán en nómina hasta tanto concluya la aplicación del procedimiento indicado”, explica el documento emitido con fecha del 31 de agosto.
Los gastos de la constitución y funcionamiento de esta comisión quedarán a cargo del patrimonio y presupuesto de las entidades que serán eliminadas, quedando como responsable el ministro de la Presidencia, en este caso, Lisandro Macarrulla, o a quien él designe.
La Administración General de Bienes Nacionales deberá realizar un inventario con los bienes, muebles e inmuebles de las instituciones que serán suprimidas o reestructuradas, y los que queden disponibles para su uso en otras entidades. Mientras, el Ministerio de Hacienda y Contraloría se encargarán de evaluar los pasivos de las instituciones y apropiaciones presupuestarias de las entidades en cuestión.