SANTO DOMINGO, República Dominicana. – República Dominicana ocupa el primer lugar en Latinoamérica y El Caribe de matrimonios infantiles y uniones tempranas, resaltó este lunes el presidente Luis Abinader.

El mismo primer mandatario fundamentó la necesidad de cambios para detener la problemática, en que el 12% de las menores de 15 años han sido víctima del matrimonio infantil y las uniones tempranas.

De igual manera, indicó que en el año 2019 el 24.5% de los nacimientos fueron de madres menores de 19 años.

Trabajará desde los municipios de más incidencia

El Gobierno informó que pondrá en marcha una serie de políticas iniciarán en los 20 municipios identificados como los de mayor incidencia de matrimonio infantil, uniones tempranas, embarazo en adolescentes y deserción escolar.

Entre estos lugares se destacan Santo Domingo Este, Santiago, Dajabón, el Distrito Nacional, Santo Domingo Norte, Santo Domingo Oeste, Higüey, San Cristóbal, Los Alcarrizos y Puerto Plata.

También, San Francisco de Macorís, San Juan de la Maguana, Baní, San Pedro de Macorís, Barahona, Jimaní y Azua. Luego continuarán de manera progresiva en el resto del país.

La vulneración de derechos y el matrimonio infantil

"El matrimonio infantil y las uniones tempranas vulneran sus derechos fundamentales a la educación, a su desarrollo psicosocial, a la salud, a una vida libre de violencia y al desarrollo de las capacidades de los niños, niñas y adolescentes”, advirtió Abinader.

Solicitó a hombres y mujeres, adultos, en sus condiciones de madres, padres, abuelos, tíos y hermanos, a velar por la protección y el pleno desarrollo de nuestras niñas, niños y adolescentes.

En el acto en que creó el Gabinete de Niñez y Adolescencia, dijo que el matrimonio infantil y las uniones tempranas, generalmente orquestadas por personas adultas, aumentan la probabilidad de que las niñas y adolescentes deserten del sistema educativo y tengan embarazos tempranos.

Asimismo, que presenten mayor riesgo de mortalidad materna, y de que sean víctimas de violencia, de explotación sexual y comercial, perpetuando así el ciclo de la pobreza que impide su pleno desarrollo.

Puntualizó que no puede haber desarrollo sin garantizar a niñas y adolescentes el derecho a construir su proyecto de vida, a desarrollarse social, profesional y científicamente.

Observó que este problema se suma los efectos de la pandemia del COVID-19, en términos del aumento de los casos de embarazos no intencionales, violencia por razón de género y otras prácticas como las uniones tempranas.