SANTO DOMINGO, República Dominicana.-Treinta organizaciones cívicas y de defensa de los derechos civiles reclamaron que en la República Dominicana se ponga en marcha lo que definieron como “un plan nacional de promoción y protección de los derechos humanos realmente democrático”.
Las entidades explicaron que el proceso por el Plan Nacional de Derechos Humanos, para el cual las autoridades de la Cancillería dominicana han llamado a una consulta, representa una oportunidad para poner en marcha un verdadero ejercicio democrático, incluyente, serio, plural, participativo y honesto.
Advirtieron que para lograrse esta meta se debe abordar un concepto de derechos humanos amplio, que comprenda derechos individuales y sociales fundados en la dignidad humana.
“Esta consulta es el resultado de la exigencia histórica de la sociedad civil dominicana por la construcción de una herramienta que garantice la promoción y la protección de los derechos humanos en el país, y se convierta en un verdadero patrimonio común al que accedan todas las y los dominicanos”, precisaron.
"Debe ser aplicable a todas las personas, independientemente de su estatus migratorio, color de piel, creencia religiosa, género, orientación o identidad sexual, afiliación política o cualquier otra condición"
Explicaron que, como conglomerado de organizaciones asumen la participación en este Plan Nacional de Derechos Humanos como el inicio de un proceso de diálogo franco y directo, cuyo punto de partida debe ser la realización de un diagnóstico ajustado a la realidad de la situación nacional en materia de derechos.
Detallaron que, teniendo en cuenta la gran importancia de esta coyuntura y con el fin de garantizar la representatividad de todas las organizaciones de la sociedad civil, exigen que en la consulta, análisis y redacción de los resultados del Plan Nacional de Derechos Humanos se cumplan los siguientes criterios:
1-Vinculación y compromiso de todas las instituciones públicas y privadas, todos los ministerios y poderes del Estado, con el respeto y promoción de dicho plan, con miras de que este no sea solamente un proceso de diálogo más entre el Estado y la sociedad, sino un momento político y social que se traduzca en resultados concretos dentro del accionar gubernamental. Este compromiso se traducirá también en el suministro de los “recursos suficientes para cubrir las necesidades presupuestarias”, como las establecidas por las directrices de las Naciones Unidas para los Planes Nacionales de Derechos Humanos.
2-El proceso de consulta y seguimiento a los trabajos del Plan Nacional de Derechos Humanos debe de ser inclusivo, debe representar un verdadero momento de participación ciudadana y se debe llevar adelante involucrando y garantizando mecanismos de participación tanto de las organizaciones de la sociedad civil como de personas individuales, tomando como ejemplo las experiencias de las consultas para el Pacto Eléctrico y el Pacto Educativo. Es decir, se debe contemplar la participación de los partidos políticos, de los sindicatos, de los sectores productivos, de las instituciones educativas, de las organizaciones de base, redes, juntas de vecinos y otras, sin ningún tipo de exclusión.
3-Humanos somos todas y todos. El PNDH debe asumir una visión integral, transversal e interdependiente de todos los derechos en su conjunto y debe ser aplicable a todas las personas, independientemente de su estatus migratorio, color de piel, creencia religiosa, género, orientación o identidad sexual, afiliación política o cualquier otra condición.
4-Todos los criterios establecidos deben estar en sinergia con todos los compromisos internacionales en derechos humanos, incluyendo las recomendaciones derivadas del Examen Periódico Universal, y armonizados con la Constitución, la Estrategia Nacional de Desarrollo, el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, la Agenda Post 2015, entre otros.
5-El plan debe de manera obligatoria contemplarindicadores y metodologías que sirvan para medir los resultadosde manera periódica, de cara al seguimiento, monitoreo y rendición de cuentas.
6-Las consultas nunca serán improvisadas ni apresuradas ya que todo compromiso serio conlleva su debido tiempo para la reflexión y discusión, garantizándose la calidad y aplicabilidad de los resultados que se quieren obtener.
7-El PNDH conlleva un compromiso político de gran envergadura por lo que no deberá jamás detenerse debido a cambios de gobierno o por intereses particulares.
8-Por último, el gobierno dominicano debe solicitar la cooperación de organizaciones y organismos internacionales y multilaterales.
9-Nos comprometemos a velar por que el Plan Nacional de Derechos Humanos se elabore y se implemente efectivamentecon el objetivo de promover y asegurar un verdadero Estado Social y Democrático de Derecho en República Dominicana, como lo establece el art. 7 de nuestra Constitución.
Las organizaciones que avalan esta declaración:
ICED, FUNCEJI, Centro Bonó, Colectiva Mujer y Salud, Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Fundación Probono, CLADEM-RD, Foro Feminista, CIPAF, DIVERDOM, ASA, RevASA, COLEHT, Observatorio de Derechos Humanos para Grupos Vulnerabilizados, COIN,Fundación Red de Jóvenes Unidos de Guachupita, OBMICA, Lazos de Dignidad, Museo Memorial de la Resistencia Dominicana, Amigos del Museo Memorial de la Resistencia, Federación de Fundaciones Patrióticas, Fundación Manolo Tavares Justo, Fundación Héroes del 30 de Mayo, Fundación Héroes de Constanza, Maimón y Estero Hondo, Fundación Hermanas Mirabal, Fundación Héroes de Luperón, MOSCTHA, MUDHA, Participación Ciudadana, CIMUDIS, Reconocido, Visión Mundial. Instituto Caribeño para el Estado de Derecho (ICED/ Orlidy Inoa L.)