SANTO DOMINGO, República Dominicana.- La organización internacional Visión Mundial denunció que más de 240,000 personas serían despojadas de su ciudadanía a raíz de la sentencia 168/13 del Tribunal Constitucional y expresó gran preocupación por los suscitados eventos en República Dominicana, causados por el fallo.
Según señala la institución, la sentencia impacta a miles de de ciudadanos dominicanos, especialmente niños y jóvenes descendientes de haitianos, llevando a cabo acciones discriminatorias están diseñadas para eliminar los derechos de ciudadanía.
En una comunicación colgada en su portal web el 30 de octubre, la entidad solicitó a la comunidad internacional a apoyar el gobierno dominicano para restaurar los derechos de ciudadanía de las personas afectadas por la resolución 168/13 y abordar otros procedimientos administrativos diseñados para negar la ciudadanía y protección social completa a las poblaciones vulnerables.
“Estamos particularmente preocupados por las consecuencias negativas que dicha resolución ya tiene sobre los niños y jóvenes, una población que debe ser protegida y cuidada por el Estado y sus instituciones. Tenemos una obligación moral de instar al gobierno de República Dominicana a buscar soluciones que fortalezcan los derechos de los niños, permitiéndoles alcanzar una protección completa.”
El organismo, el cual ha trabajado en República Dominicana desde 1989, denunció que muchos niños y jóvenes son impactados de forma negativa por la resolución, lo que viola un derecho humano internacional, convirtiéndolos a su entender, en inmigrantes indocumentados en su país de nacimiento.
Expresó que al negarles servicios sociales clave de protección, se les hará más difícil obtener certificados de nacimiento, estudio y acceso a cuidados de salud, trabajo en el sector formal, y acceso a pensiones, e incluso podría provocar traumas psicológicos.
En el comunicado, Visión Mundial expuso que en 2010, la Constitución fue enmendada para rechazar la ciudadanía a niños nacidos de padres en estado “transitorio”, lo cual “se ha aplicado particularmente a familias que viven y trabajan en la industria de la caña de azúcar, a pesar del hecho de que hayan vivido en República Dominicana por décadas”.
Aunque reconoce la soberanía nacional para establecer sus propias leyes y políticas sobre migración, el organismo reiteró el llamado a sus líderes a restaurar los derechos totales de ciudadanía a las personas afectadas por el fallo.