SANTO DOMINGO, República Dominicana.- El ministro de Salud Pública, Rafael Sánchez Cárdenas, defendió este viernes la transparencia de las compras de insumos médicos que realiza la institución, para enfrentar la crisis sanitaria generada por el coronavirus COVID-19.
El titular de Sanidad tildó de irresponsable las denuncias hechas en contra de la entidad y su persona por el Partido Revolucionario Moderno (PRM), sobre el cual afirmó se tomó “a la ligera” los procesos de compra, los cuales, sostuvo, se han hecho bajo el amparo de la Ley de compras y contrataciones.
Durante la acostumbrada rueda de prensa en la que se da lectura a los boletines epidemiológicos por la enfermedad, Sánchez Cárdenas criticó duramente a quienes – según el funcionario – han puesto en entredicho su moral y honradez.
“No es verdad que aquí se está patrocinando ilegalidades de este tipo y es una mala interpretación de la Ley lo que se está haciendo ahí”, refirió.
Asimismo, desafío a quienes sirvieron de voceros de los cuestionamientos a presentar “las evidencias reales” de la acusación al destacar que los procesos aludidos por el PRM, en los que se favorecían a un grupo de empresas las cuales presentaron propuestas de venta de insumos a la entidad a un precio supuestamente superior a ofrecido en el mercado, fueron cancelados.
Entre las compañías favorecidas por la licitación, que según reiteró el ministro de Salud fue suspendida por incumplimiento de las condiciones de la licitación, se encuentra Tools & Resources Enterprises Toreen, SRL, una empresa con apenas un capital de RD$ 100 mil y a la que le fue adjudicada compras por RD$ 1,515,702,682.83.
“Que revise su expediente mejor y no a cuestionar mi moral como ministro de Salud. Es una irresponsabilidad de ellos tomarse a la ligera estos procesos como lo han hecho. No es verdad que aquí se está patrocinando ilegalidades de este tipo y es una mala interpretación de la ley lo que se está haciendo ahí”.
El ministro recomendó a quienes hicieron la denuncia, “ponerse a estudiar la Ley de compras y entender lo que es un llamado, como se ha hecho, en un estado de emergencia nacional”.
Sostuvo que en este estado de emergencia nacional no funcionan los sistemas establecidos en la Ley de compras, por lo que en este período la entidad puede comprar ipso facto lo que sea necesario, si las necesidades de Salud Pública así lo ameritan.
“No estoy violando ninguna ley ni estoy cometiendo ningún delito”, agregó.
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Empresas intentaron «desenterrar una botija” con decreto de emergencia por coronavirus
Sobre el correo electrónico interno enviado por Rosalba Arias, directora general de Administración Financiera del Ministerio de Salud Pública a Sánchez Cárdenas, presentado como evidencia por el partido opositor, el titular de Salud sostuvo que el proceso de compras “se ha realizado con tanta transparencia” que el mismo fue colgado en la plataforma de compras de la institución con fines de cancelación.
En la comunicación de Arias, esta le explica las dificultades que dicha área financiera ha enfrentado con la empresa Tools & Resources Enterprises Toreen, SRL.
“¿Qué más trasparencia es que están exigiéndole a este Ministerio y a este ministro de Salud que lo primero que tiene de frente es su moral?”, inquirió airado. “Todos los procesos de compras están en el portal de compras, no hay uno solo fuera. ¿De dónde sacan que aquí se está jugando con cosas parecidas?”, añadió.
Destacó que como Ministerio, se acoge a lo que dice la Ley de compras sobre los elementos básicos que debe poseer un suplidor en el período de excepción, como ser suplidor del Estado, poseer las competencias, calidades y tiempos, además de hacer una oferta de los precios posibles.
Agregó que a quienes no puedan acogerse a los tiempos de la urgencia, no pueden mantener los procesos. “Tenemos que tumbarlos y los montaremos todas las veces que sean necesarios, con transparencia y buscando, cuando tenemos la necesidad el suplidor que lo tenga”.
En lo que respecta a los precios presentados como referencia por el PRM en su denuncia, el funcionario sostuvo que los mismos no corresponden a la etapa de crisis con la que se estaba comprando, sino a etapas anteriores.
Indicó, sin embargo, que debe buscarse una normativa para los casos de emergencia, para que se establezcan regulaciones por las que los ministerios se puedan regir.
“Emergencia, en mi humilde entender, está claramente establecido en la Ley, y no violo ley si en un estado de excepción como este se tenga que comprar más caro cuando no aparezca en el mercado absolutamente nadie que me proteja operadores de campo o a un médico. Eso es lo que manda la ley”, reiteró.
Sánchez Cárdenas se definió como un funcionario público que está de cara a la población diariamente para presentar la información sin reservas, y reprobó la intensión de quienes intentan “relajar” con su honra.
“No estoy aquí para negocios ni estoy procurando negocios, y todos los negociantes saben que en esta oficina no se ha jugado nunca con eso”.
Ayer jueves, los técnicos del Partido Revolucionario Moderno (PRM), anunciaron que fueron comprobadas “graves” irregularidades en las licitaciones de compras del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MISPAS).
La denuncia pública, dada a conocer por Orlando Jorge Mera, en una rueda de prensa, indica que licitaciones para compra de insumos médicos se realizaron en promedios de tiempo que van desde cinco minutos hasta cuatro horas entre la publicación de la licitación y la hora de entrega de la oferta.
Sobre la licitación
El pasado 2 de abril, se dio a conocer que un grupo de empresas habrían ganado una licitación por RD$ 2,879 millones, entre ellas Tools & Resources Enterprises Toreen, SRL, la cual se llevaría la mayor tajada con RD$ 1,515,702,682.83.
Los insumos médicos ofrecidos por las compañías, según se denunció, habrían sido ofrecidos a un costo mucho mayor al ofertado en el mercado.
Sobre dicha licitación, el director del Sistema Nacional de Salud, Chanel Rosa Chupany explicó que había quedado suspendida debido a que los suplidores no cumplieron con el tiempo de cinco días expuesto en la convocatoria, entregándole únicamente materiales y equipos por un valor de RD$ 60 millones.
En lo que respecta al costo de los insumos y la discrepancia en los precios del mercado, Rosa Chupany – al igual que lo hizo hoy el ministro de Salud – aseguró que la misma se debe al incremento de los precios debido a la especulación creada por la pandemia del coronavirus COVID-19.
"No podemos comparar los precios del mercado con los precios actuales de esos productos", dijo el funcionario durante una entrevista realizada el pasado viernes 3 por el periodista Juan Bolívar Díaz, para los programas Uno Mas Uno y El Día.
La empresa Tools & Resources Enterprises Toreen, SRL, domiciliada en la avenida Gustavo Mejía Ricart número 120, Edificio Ana, en el apartamento 3-B, del Ensanche Piantini, llamó especialmente la atención por los precios de los insumos ofertados y el monto adjudicado.
Se trata de una compañía de responsabilidad limitada que tiene un registro mercantil en la Cámara de Comercio y Producción de Santo Domingo, número 72570SD, además de un social de RD$100 mil. Como actividad registra “distribución, otros, comercio, servicio y construcción”.
Dicha empresa aparece, en el Certificado de Registro Mercantil de la Cámara de Comercio y Producción de Santo Domingo, a nombre de Efrain Santiago Báez Fajardo y José Andrés Familia, como los únicos socios.
Llamó la atención además que Tools & Resources Enterprises Toreen, SRL, hizo un cambio en sus estatutos el pasado 25 de febrero, para pasar del rubro construcción a la venta de equipos y materiales médicos.
Sin embargo no fue hasta el 19 de marzo, mismo día en el que se emitió el Decreto 133-20 que declara de emergencia las compras y contrataciones de bienes y servicios indispensables para la ejecución de iniciativas de prevención, asistencia médica y construcción de infraestructura de salud pública ante el COVID-19, que ese registro se notifica a la Cámara de Comercio y Producción.
La empresa no es una desconocida en lo que a contratos del Estado se refiere. Una nota publicada en el medio CDN, el 8 y el 22 de junio de 2012, destaca que a la compañía se les adjudicó dos contratos: uno en fecha de 8 de junio del 2012 por un monto de RD$ 946,860,524 pesos para la reconstrucción de la carretera Nagua-Cabrera y otros tramos carreteros. El otro fue otorgado el 22 de junio del 2012, para el equipamiento del Hospital Morillo King de La Vega, por un monto de RD$ 658, 398,734.
En ambos casos, destaca el medio, las obras fueron inscritas en la Contraloría General de la República cuatro o cinco años después de su adjudicación, la primera el 5 de octubre del 2016 y la segunda en el 2017.