SANTO DOMINGO, República Dominicana.- Algunos de los casos "contaminados por la corrupción" que se han registrado en República Dominicana relacionados con las compras urgentes para encarar a la pandemia de COVID-19 constan en el reporte del Consejo de Abogados para los Derechos Civiles y Económicos (Lawyers Council for Civil and Economic Rights) del Vance Center for International Justice.
En el caso dominicano, el informe de Headrick Rizik Álvarez & Fernández divulgado hoy, aunque tiene fecha del martes, alude al proceso de compras de emergencia que dirige el Ministerio de Salud y el Servicio Nacional de Salud y alude principalmente a la adquisición de desinfectantes, ropa de protección, máscaras, respiradores y otros suministros médicos.
En algunos casos, destaca, hubo un único postor en las licitaciones "a veces abiertas por un par de horas"., y "la prensa destacó las irregularidades y organizaciones de la sociedad civil como Participación Ciudadana , el capítulo nacional de Transparency International, también criticó los procesos de licitación irregulares".
En consecuencia, recuerda que se anularon algunos procedimientos y el presidente Danilo Medina creó una comisión para supervisar los futuros procesos de licitación mediante el Decreto Nº 145-20.
Hasta la fecha, prosigue el reporte sobre República Dominicana, "el monto total de estas adquisiciones fue de más de 2 mil millones de pesos (aproximadamente USD 37 millones), de los cuales más de 1,500 millones (USD 27 millones) fueron otorgados a una compañía", la empresa Tools Resource Enterprises Toreen SRL
"Otro ejemplo significativo de corrupción potencial -prosigue- fue la oferta organizada por el INAIPI, una institución nacional dedicada a la salud y el bienestar de lactantes y niños".
"La licitación irregular de alimentos fue revelada en la televisión nacional por uno de los postores" lo que llevó al presidente, mediante el Decreto Presidencial 146-20, a remover de sus cargos "a los empleados del INAIPI del comité de licitación y su director renunció".
Como resultado de estos casos de presunta corrupción, el 14 de abril el Gobierno anunció que la oficina encargada de las adquisiciones estaba emitiendo nuevas orientaciones con requisitos mínimos para las ofertas durante este proceso de emergencia.
"El manual incluiría recomendaciones de integridad hechas por la comisión recientemente designadas por Decreto Presidencial para hacer un panorama general de estos procesos de licitación", subraya.
El reporte, denominado Corrupción en Tiempos de COVID-19: Una Perspectiva Regional sobre Contrataciones Públicas, resume las medidas legales excepcionales de los gobiernos del continente para responder a la pandemia, particularmente en materia de contrataciones públicas, y destaca los riesgos de corrupción derivados de ello.
El informe aborda iniciativas de la sociedad civil y de los medios de comunicación para monitorear las respuestas de los gobiernos a la pandemia y subraya que, "a pesar de los esfuerzos, los mecanismos existentes para combatir la corrupción en la región son insuficientes".
"La mayoría de los países ya tenían graves riesgos de corrupción, y la relajación de los controles en las contrataciones públicas ha creado nuevas vulnerabilidades", sostiene.
Pone de relieve que. "en un momento en que la sociedad más necesita de instituciones creíbles para reunir los recursos nacionales para enfrentar las consecuencias sanitarias y económicas de la pandemia, relajar las salvaguardas existentes amenaza con una mayor pérdida de legitimidad y derroche de recursos limitados".
El reporte también destaca el trabajo de las organizaciones de la sociedad civil y los medios de comunicación para identificar y hacer público el mal uso de los recursos destinados a combatir la pandemia.
Al igyual que en República Dominicana, en varios otros países las denuncias de corrupción ya han dado lugar a renuncias y despidos de funcionarios públicos y políticos de alto nivel, "aunque estos casos siguen siendo las excepciones que señalan el aumento del riesgo, de acuerdo con el informe".
En el informe llama a la comunidad legal de toda la región, incluidos los abogados del sector privado (tanto bufetes de abogados como empresas), colegios de abogados, iniciativas pro bono y escuelas de derecho, para que "estén atentos y activos en apoyar los esfuerzos anticorrupción relacionados con COVID-19 y apoyar a los actores de la sociedad civil que lideran la lucha por la transparencia y la equidad".
LEA AQUÍ el reporte en español
