El eco de Montesinos

Peor que poner un huevo poniendo droga

“Yo no sé por qué me quiere matar la policía, si los narcóticos de aquí y el capitán Pérez y Vivieca yo les pago su cuarto a ello semanalmente, yo le doy diez mil pesos (…) a Rosanna la fiscal yo le tiro diez mil pesos a Rosanna la fiscal y en estos días vino y me hizo un allanamiento (…) y a Feli, esa patrulla yo le doy mil to la semana, a Feli, que yo no sé por qué Feli me traicionó, porque son uno traicionero, el mimo jefe de narcótico de aquí le pagué le pago diez mil pesos to la semana (…) si no le vendo droga pa pagale me van a meter el guante de nuevo y yo preso yo no voy, que se preparen pa que me maten (…)”.  Eric Manuel Ándujar (a) Peña, antes de recibir 6 balazos de parte de la Policía.

Sobre la práctica de “poner droga”

Que te pongan, metan o siembren droga no es una práctica nueva ni exclusiva de nuestras autoridades; “framed for drug possession”, “plainting drugs” dicen los gringos. Una consulta en San Google permite verificar que se trata de un crimen con bastante arraigo y trayectoria desde el primer mundo a todo otro espacio donde se categoricen las drogas como substancias controladas.

Siendo original de un barrio popular, donde habité la mayor parte de mi vida, de niño me enteré no pocas veces de allanamientos y redadas en la cancha, en colmados, en casas vecinas y también en barberías, donde se decía que “a fulanito le hicieron una vuelta o lo metieron en un gancho, porque le pusieron droga y lo jodieron”. Cierto o falso, a muy temprana edad, el temor a ser víctimas de ese tipo de prácticas pasó de leyenda barrial, a uno de los principales consejos paternales: “mijo, ten cuidado donde te metes y con quien andas, mira el caso de fulanito, no sea pendejo, no nos busque una desgracia”. Y cuando esto parecía no bastar, me era impuesta una prohibición absoluta hasta de pasar por determinado lugar. En algún momento recuerdo que la cosa estuvo tan caliente que ni la cancha me era permitido visitar (y así fue como forzosamente se definió mi vocación por el baseball, gracias a las drogas!).

Aunque nunca ha sido una rama de mi ejercicio profesional de litigante, como académico, investigador, curioso y testigo de excepción del transcurrir de historias en las audiencias de los tribunales penales del país, he advertido que el más común argumento de coartada del inculpado de alguna modalidad de microtráfico de drogas ha sido denunciar ser víctima de una trampa de la policía, que “le puso o metió la droga”.

En efecto, un examen de nuestra jurisprudencia en la materia da cuenta de múltiples casos donde se plantea esa situación, pero en ninguna decisión, al menos de nuestra Suprema Corte de Justicia, se registra que dicho alegato de defensa hubiese sido comprobado y en consecuencia el acusado descargado por ese motivo. [Situación que sí se identifica en casos ante tribunales de primer grado e incluso Cortes de Apelación.]

En definitiva, se trata de una práctica -o abuso de poder- vigente entre nosotros, que sumada a una larga lista de similares, explica y justifica el por qué aún no somos el Estado Social y Democrático de Derecho que se dice en nuestra Constitución Política (Arts. 7 y 8). 

Un caso único

Salvo el popularizado caso del confeso narcotraficante Peña (2014), donde en pleno allanamiento la cámara de un periodista captó el momento en que el fiscal actuante puso un arma de fuego bajo el colchón de aquel, para luego incriminarlo en una operación de drogas, los múltiples casos que podemos considerar similares pasan desapercibidos a la atención pública, y sus consecuencias no trascienden más allá de la anulación judicial de las actuaciones, como base para el descargo del acusado por falta de pruebas.

De lo anterior la importancia del nuevo y sonado caso de la barbería en Villa Vásquez, donde cámaras de seguridad captan un equipo de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), conformado por la serie casi completa de los sospechosos habituales: un cabo, un sargento, un capitán y un mayor, dirigidos por una Procuradora Fiscal, plantando droga en pleno allanamiento.

A primera vista, un caso más, bochornoso, pero en fin, uno más que desdice los valores institucionales y la legitimidad de parte importante de nuestras autoridades encargadas de la persecución del narcotráfico. Pero también un caso único, sin precedentes, pues su documentación audiovisual permite que esa triste realidad social y política, que acosa -principalmente- a nuestros jóvenes más necesitados, llegue de forma gráfica y comprensible a todo otro dominicano, dándole buenas razones para que i) tome partida en la construcción de lo que puede ser una mejor sociedad para todos, reaccionando aún sea con un desahogo emocional de censura; o, ii) con su indiferencia incida en el aceleramiento de nuestra autodestrucción axiológica.

Si el referido episodio no consterna por sí solo, pruebe con valorar las declaraciones al respecto del Presidente de la DNCD (como nota curiosa, única “Dirección” en el organigrama del Estado Dominicano que cuenta con el cargo de Presidente):

(…) estamos en un proceso de credibilidad y respeto ante la ciudadanía y no vamos a permitir que nada empañe la imagen que tiene la institución (…) si resultaren en el proceso investigativo (sic) van a ser desvinculados de la institución y si no en su defecto también la Dirección Nacional del Control de Drogas se va a reservar el derecho de accionar legalmente contra las personas que difundieron el referido video para crear una mala percepción ante la ciudadanía, sepan todo el mundo sepa la ciudadanía entera que no vamos a permitir absolutamente nada negativo que vaya a crear incredulidad dentro de la ciudadanía (…)”.

Comprender y saber lidiar con esas declaraciones resulta fundamental para todo aquel que aspire a que este caso no termine siendo agua de borrajas.

Sobre la desgracia que puede significar “poner un huevo”

¿Podría ser este caso nuestro Rodney King? mmmm… No creo, estamos tardecito para eso. Aunque no tengo dudas de que dentro de la relatividad ambos casos comparten similar valor y potencial político, aquí para muchos -abogados, procuradores y opinadores- lo único que hicieron esos agentes de la DNCD en equipo con una fiscal ha sido “poner un huevo poniendo droga”.

La suspensión en sus cargos (no cancelación, como erradamente se informó en este diario el día 8/8/19) es lo mínimo que debe suceder a esos agentes, pues siendo un hecho criminal notorio, la institución quedó sin otra opción racional. Pero, esa medida en realidad no significa que estos estén siendo sancionados por “poner droga”, pues tratándose de una práctica policial con tanto arraigo entre nosotros, pero nunca sancionada penalmente, cabe incluso identificar como causa inmediata de toda posible condenación el hecho de haberse dejado grabar y no haber impedido la difusión de ese video, que es el huevo que pusieron.

Sea lo que sea que resulte de la investigación, y aún cuando pueda incluso establecerse el absurdo de que el video fue editado y todo es un montaje, de algo tenemos constancia en la sociedad dominicana: ahí hubo corrupción; o cómo se explica que, si como ha confirmado la Procuraduría, 500 miligramos (0.5 grs) de marijuana fueron encontrados en el lugar en presencia de al menos cuatro personas, incluyendo el propietario del local, nadie resultó arrestado! Vale decir, y nadie huyó. Si no el huevo que pusieron ¿qué cargo de conciencia tan poderoso pudo disuadir a los agentes antinarcóticos de llevar a cabo esos arrestos? He dicho, un caso único en nuestra historia forense!

Peor que poner droga y poner huevos: la indiferencia social

Ante la perla de las declaraciones antes citadas, no me sorprende la reacción del influencer Santiago Matías -Alofoke- avisando que retiraría su precandidatura a diputado por el PLD, bajo el presupuesto de que “aquí nos va llevar el diablo a todos”. Tampoco me sorprenden las parodias burlescas que se difunden en la red como críticas populares de la situación -caso del tema “tirando paquetico” del artista Bulin 45-. No me sorprenden pues la sociedad dominicana sigue siendo la que describen los versos de Franklin Mieses Burgos en “Paisaje con un merengue de fondo”, para quien todo es secundario mientras se pueda bailar un furioso merengue, el que hoy se sustituye por cualquier otro ritmo, siempre que tenga por base el chivo resucitado a palos de Manuel del Cabral en “Compadre Mon”-. 

Lo que me sorprende -y más que eso entristece- es que a más de una semana del hecho, salvo el diputado José Laluz en su calidad de periodista en el Programa “El Zol de la mañana” (9/8/19), ningún otro precandidato o líder político ha reaccionado a la situación. Y eso en definitiva es lo peor, pues una garantía de que -independientemente de cualquier reforma- solo se harán los cambios necesarios para que todo siga igual, y esas prácticas repitiéndose.

Uno que otro lector podrá pensar que con estas consideraciones me estoy arriesgando a defender posibles narcotraficantes, pero eso sería una falacia por ignorar la cuestión. El problema mayor es hacer comprender que en derecho procesal penal (y las actuaciones fiscales son reguladas por este) el fin nunca justifica los medios. Los agentes policiales y los representantes del Ministerio Público podrán considerarse auxiliares de la Justicia, más no justicieros ni superhéroes, que en todo caso no es la situación. Si realmente la barbería era un punto de drogas, nada cambia, salvo que el conflicto se tornaría corrupción versus corrupción, y de todas las soluciones posibles, la impunidad no debe ser una.

Que los agentes actuantes puedan ser condenados ante un Tribunal Penal, o que las instituciones que representan sean solidariamente condenadas al pago de indemnizaciones a favor de sus víctimas por ante el Tribunal Superior Administrativo, no es ni debe ser la meta última a lograr, sino el primer peldaño de cualquier proyecto que a propósito de este caso pretenda significar un cambio institucional en la formulación y ejecución de la política criminal dominicana.

Si como sociedad dejamos que la distancia, la farándula, la moda u otra tragedia de difusión mediática sepulte la actualidad y la trascendencia de este episodio, y lo someta a la desmemoria -como sucedió con el referido caso de Peña en San José de Ocoa-, perderemos otra excelente oportunidad de lograr una conquista social, exigiendo justicia y responsabilidad para criminales de profesión, que abusando del poder que les ha sido delegado y apostando a la impunidad, han tenido siempre a disposición nuestra libertad como si se tratase de mover un rey en el tablón de ajedrez, pero con menos valor que un peón.

Confieso que por situaciones como esta cada día estoy más cerca de volver sobre mis pasos, cuando aún adolescente decidí descartar la posibilidad de elegir otra plataforma geográfica para vivir. A la sazón el romanticismo patriótico, una cuestión de lealtad y el amor filial dirigieron mi razonamiento justificativo; hoy, esos mismos sentimientos, pero a la inversa, me empujan esporádicamente -como a otros- a maldecir este país y a olvidarme de su futuro, y con ello del mío aquí. Pero no quiero que sea así. Esta M tiene que cambiar.

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