Substratos

Anteproyecto de ley de la minería nacional llega al Congreso

La visión sin ejecución es alucinación”-Henry Ford.

La minería ha mostrado un auge sin precedentes en la región de la que formamos parte. Su importancia sectorial viene dada en gran medida por el significativo incremento de la demanda y de los precios internacionales de los minerales y otras materias primas. También por el entendimiento del hecho, muy publicitado en los últimos años, de que los recursos naturales no renovables deben ser aprovechados bajo la estricta observancia de un marco de responsabilidad renovada y sostenibilidad correctamente entendida.

Hoy la minería ocupa un lugar destacado en las políticas macroeconómicas, dada su creciente gravitación en las exportaciones y el apoyo a los programas gubernamentales redistributivos u orientados a la solución de determinados problemas estructurales que explican importantes rezagos de la capacidad competitiva de las economías nacionales.

En el caso de nuestro país, el peso incrementado de la minería en la economía nacional es muy visible. La participación del sector en el PIB ha pasado de 0.4% en 2010, 1.9% en 2016 y 2.0 en 2018, todavía por debajo de las llamadas potencias mineras regionales (Chile, Perú o México). La inversión extranjera directa (IED) en el sector fue de 18%, por encima de sectores como el financiero, electricidad, telecomunicaciones, zonas francas e incluso el turismo. Los flujos incrementados de estas inversiones rinden sus frutos: las exportaciones de minerales pasaron de 449.3 millones en 2011 a 1770.9 millones de USD en 2018 (un multiplicador de aproximadamente 4 en siete años), componiendo en 2018 el 40.9% de las exportaciones nacionales y el 18.1% de las totales.

El sector creció como promedio anual en los últimos nueve años doce veces más que el sector agropecuario y unas veinte veces más que el sector industrial sin minería. Este ensanchamiento del espacio de la minería en las exportaciones supone un proceso poco perceptible:  la sustitución de bienes primarios, los cuales predominaron en la composición de las exportaciones dominicanas durante más de tres décadas.

Así las cosas, la importancia renovada de la minería deviene en un estímulo adicional para la construcción de una nueva gobernabilidad de los recursos no renovables. Una que esté al servicio de los intereses de las comunidades, las inversiones reproductivas del gobierno y las empresas responsables, siempre colocando la arista ambiental en el lugar especial que le corresponde por sus serias implicaciones generacionales.

Sin embargo, los ingentes aportes de la minería a la economía contrastan, en nuestro caso y en el de muchos países hispanoamericanos, con una normatividad e institucionalidad en general débiles, superadas ambas por la dinámica del entorno externo y los mismos cambios experimentados por la economía dominicana en los últimos treinta años. Además, porque la legislación vigente “no cuadra” en absoluto con la determinación política de afianzar los cimientos de una minería responsable y sostenible, que es una visión ya ampliamente compartida en varias regiones del mundo.

En general, los marcos normativos e institucionales fraguados en el siglo pasado se orientan a estimular la inversión privada y a crear toda clase de facilidades e incentivos a las empresas mineras, todo en ello con un alto e inadmisible nivel de discrecionalidad. Peor aún, los hechos demuestran que las normas vigentes en materia minera en muchos países, incluido el nuestro, operan contra los nuevos dictámenes básicos de protección del medio ambiente y de los recursos naturales.

No deben sorprender entonces los daños causados por la aciaga visión extractivista inmediatista e irresponsable, todavía prevaleciente. He ahí la causa motriz principal de los movimientos sociales de resistencia a la explotación minera, a menudo acompañados de pérdidas de valiosas vidas humanas.

El MEMRD entendió tempranamente la importancia de contar con un marco normativo e institucional, bajo la orientación de los principios de conservación y uso racional de los recursos naturales. En este loable esfuerzo está presente la idea de que la explotación minera debe ser sostenible de la única manera posible: asegurando los mínimos daños ambientales posibles y transformando la renta obtenida en capital de igual valor, importando poco la naturaleza funcional que este capital adquiera. Aquí lo importante es el compromiso de Estado de destinar esos recursos a consolidar los cimientos decisivos de una economía competitiva e inclusiva, bajo la sombrilla de una gobernanza revolucionada.

La entrega al Senado de la República (10 de junio) del anteproyecto de Ley de la Minería Nacional marcará una nueva etapa del desarrollo minero en los aspectos reglamentarios e institucionales. Si bien la nueva ley y los reglamentos conexos que sugiere reforzarán la seguridad jurídica y la estabilidad para la inversión, también garantizarán un rol protagónico, responsable, transparente y vigilante del órgano rector, el MEMRD, en representación del Estado.

Al borde de las muchas y valiosas novedades del anteproyecto, entendemos que lo más importante es que fue elaborado priorizando el interés público, la responsabilidad estatal, la equidad distributiva de los beneficios y la idea de una sostenibilidad especial, entendida esta como un proceso de “siembra de minería” que busca una sociedad más resiliente, equitativa, inclusiva, competitiva y visionaria. Felicitamos al ministro Isa Conde y a su equipo técnico por esta valiosa iniciativa de política.

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