¿Qué debe hacer el gobierno si, al iniciarse la completa operación de la planta de Punta Catalina, apareciera un inversionista que ofreciera US$2 mil millones por ella? Lo primero a decidir, por supuesto, es si tirar al barril del fondo perdido los sobrecostos, los cuales serían (según opiniones autorizadas) por lo menos US$1 mil millones. La siguiente decisión dependerá de si el interés colectivo se sirve mejor con las inversiones que permitirían los fondos captados o si, por el contrario, sería preferible quedarse con la propiedad total o parcial de la planta. Entender las implicaciones de la disyuntiva ayudaría a escoger la mejor opción.
Algunas de las consideraciones relevantes fueron esbozadas en un anterior artículo de quien esto escribe. Un análisis posterior al anuncio de que se había contratado una consultora extranjera para asesorar al gobierno en la venta parcial del accionariado concluyó que lo mejor sería que el gobierno se quedara con la planta. Revisitar el asunto, sin embargo, se justifica ahora por una sorprendente declaración reciente del Administrador de la CDEEE y porque en el umbral de la coyuntura electoral se podría desembocar en una decisión peor que la que llevó al gobierno a embarcarse en el proyecto.
El Administrador de la CDEEE declaró que la planta producirá ingresos de RD$2,500 millones al mes cuando este operando en su totalidad. Eso permitirá recuperar la inversión en un periodo entre 5 y 7 años. Si asumimos una producción anual estimada en 5,500 Gwh, los RD$30,000 millones que dice la CDEEE que se producirán –unos US$600 millones—implican un precio de compra por parte de las edes de 11 centavos de dólar por kwh. En consecuencia, el Administrador esta calculando que la planta venderá al precio promedio que hoy prevalece. Eso implica que a un inversionista que compre parte o la totalidad de la planta le darían un contrato de compra (PPA) con ese precio. Eso significaría que no habrá reducción de la tarifa (ni reducción de los apagones).
Por otro lado, frente a esa perspectiva no se trata de decidir que le conviene mas electoralmente al gobierno de turno, el cual estaría tentado a gastar los fondos captados por cualquier venta con fines proselitistas. Por el contrario, se necesita clarificar los razonamientos para contribuir con la adopción de la decisión más amigable al bien común, independientemente de lo que sea mejor para el partido de gobierno. Es harto conocido que con frecuencia los líderes políticos son capaces de sacrificar el bien común a fin de permanecer en el poder o acrecentar su capital político.
Según Wikipedia: “En el ámbito de la economía y la toma de decisiones de negocios, se denomina costo hundido a aquellos costos retrospectivos que han sido incurridos en el pasado y que no pueden ser recuperados.” No sería racional entonces tomar en consideración el “costo hundido” de Catalina para fijarle un precio porque es seguro que, según los antecedentes internacionales, ningún comprador haría una oferta que incluyera esos sobrecostos. De aparecer un comprador que diera los US$2 mil millones, se justificaría por tanto echar a fondo perdido la inversión en los sobrecostos y aceptar la oferta.
Otros analistas podrían estimar un valor más alto. Pero en vista de que el gobierno no podría, frente a la opinión pública, otorgar un PPA a un nivel extraordinario, la oferta de compra debe circunscribirse al valor de mercado del bien. Y aquí se asume que, ceteris paribus, este no sobrepasaría los US2 mil millones. Esto así porque la tendencia del mercado mundial es la de abandonar el carbón como combustible de las plantas de electricidad por su efecto contaminante, además de que las energías renovables van en rápido ascenso. Existe, por supuesto, la opción de reconvertir a Catalina a una planta de gas de ciclo combinado. Pero en la actualidad las exhaustas arcas del gobierno no se prestan para eso y no le conviene al país acrecentar el nivel de controversia que ha significado la planta con una decisión como esa.
Antes de decidir que hacer con el producto de la venta se debe ponderar los posibles beneficios de que el gobierno retenga la propiedad. Como el propósito original del gobierno era bajar las tarifas al consumidor, lo ideal seria que ese objetivo se pudiera lograr. Pero si los precios del carbón suben y/o no se puede establecer una diferencia significativa entre el costo de producción y el precio de venta en el mercado (de contratos y spot) por parte de las edes –tal y como lo seria entre 7 y 11 centavos de dólar el kw/h–, entonces esa meta no seria alcanzable. Tampoco sería alcanzable si los costos proyectados de las diferentes energías (fósiles versus renovables) no permiten establecer esa diferencia. Pero si se lograra un costo de producción bien bajo frente a las alternativas, entonces el gobierno debe olvidarse del lucro y no debe vender nada para así lograr su objetivo original.
El gobierno debe entonces plantearse la interrogante de si la venta de la planta contribuiría mas al bien común. Eso dependerá, por supuesto, de lo que se consiga por la inversión del dinero cobrado. Si con los dos mil millones se pudiera acabar con la corrupción y la delincuencia, por ejemplo, valdría la pena vender de inmediato. Pero eso no pasa de ser un sueño de una noche de verano. Una mejor alternativa seria invertir el dinero en el mejoramiento sustancial de la salud de la población. (Nuestro gasto en salud está muy por debajo del promedio en America Latina.) Eso seria inmensamente más positivo para el bien común, pero habría que preguntarse si el gasto seria correctamente aplicado para que surta el efecto buscado.
El gobierno podría, por otro lado, venderse a sí mismo la energía producida al precio promedio en que las edes la compran actualmente, digamos 11 centavos kw/h. Eso le generaría dividendos que podrían sobrepasar los US$200 millones anuales y con eso acometer muchas de las tareas que están pendientes en el sistema eléctrico estatal (p. ej. mejoría de las líneas de transmisión, eficientizarían de las EDES, etc.). Pero esta alternativa requiere que se cumplan dos condiciones esenciales: 1) que el gobierno pague a Catalina puntualmente por su energía, y 2) que los dividendos se inviertan eficiente y efectivamente en las áreas criticas del sistema. Son requisitos difíciles de cumplir tanto para el gobierno central como para la CDEEE.
Cada una de las alternativas reseñadas más arriba tiene bemoles que son difíciles de vencer. Sus condicionalidades son imponderables porque dependerán de la política general sobre las finanzas públicas y de que los criterios que se apliquen respondan más a la racionalidad que a las urgencias políticas. Entre vender la totalidad del accionariado y dejar que el comprador compita en el mercado de la energía con los demás generadores, por un lado, y poner a la planta a producir energía al costo, la decisión deberá reflejar el imperativo del bien colectivo.
El estado debe tener como horizonte salirse de la producción, transmisión y distribución de la electricidad y concentrarse en la regulación y supervisión del sistema para no comprometer el equilibrio de las finanzas públicas mediante la ineficacia del control político del sistema, tal y como lo ha advertido el CONEP. Retener la propiedad de la planta podría abaratar la tarifa y reducir los apagones, pero la evolución de la matriz en el mediano plazo podría dar al traste con ese logro. Vender la totalidad de la planta, por otro lado, no necesariamente implicaría una inversión correcta de los recursos. ¿Tendría la clase política la disciplina suficiente para someterse a los requisitos del bien común o sucumbirá a las mezquinas urgencias de la coyuntura política?