SANTO DOMINGO, República Dominicana.- Un juez de la Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional impuso este lunes el pago de una garantía económica de medio millón de pesos, impedimento de salida y presentación periódica los días primero de cada a mes a Nelson Rafael Fermín Ovalles, acusado por el Ministerio Público de traficar armas de fuego.
El magistrado José Alejandro Vargas también rechazó el pedido del Ministerio Público, el cual había solicitado el cierre temporal de la empresa Compañía Security Protection Center SRL, (Sepcter), ubicada en la calle Marginal 30 de Mayo #17, en el sector Miramar, Distrito Nacional con sucursal en Santiago.
A pesar de instrumentar el expediente y presentar las supuestas evidencias para demostrar los indicios de culpabilidad del imputado, el Ministerio Público no defender la acusación de que las 104 armas ocupadas al imputado Nelson Rafael Fermín Ovalles habían sido utilizadas en escenas de robo y compradas de forma irregular a empresas de seguridad privadas que ya no estaban operando.
A la audiencia que conocía se presentó en calidad de garante el diputado Alexis Mejía, del Partido Revolucionario Moderno (PRM), quien aseguró ante el tribunal que el imputado es una persona seria, con arraigo social, y que todo el hecho se circunscribe a un chantaje por parte de un titular de una institución con mucho poder.
Asimismo, sostuvo que Ovalles Fermín ha estado expuesto a presiones y tensiones punitivas por no ceder a chantajes y sobornos.
“Hay cartas e instancias elevadas al Poder Ejecutivo por el mismo hecho, y hoy se mancha la moral y la vida de una persona”, indicó el diputado.
Explicó que el imputado ha estado participando como asesor en la elaboración de la ley que se está trabajando en materia de seguridad privada.
De su lado, la defensa técnica del imputado aseguró al tribunal que todo el hecho se debe a que, supuestamente, Ovalles Fermín se negó a pagar la suma de U$16 mil dólares a un funcionario de la Superintendencia de Vigilancia Privada.
La abogada Manuela Ramírez dijo que está impugnando ciertos procesos ante el Tribunal Superior Administrativo debido a las funciones propias de la empresa afectada.
Expresó que todo fue una trama y que nunca hubo allanamientos por parte del Ministerio Público, puesto que los agentes se presentaban a los lugares en donde estaban las armas y exigían a los civiles que prestaban servicio de seguridad que entregaran las armas de manera voluntaria.