SANTO DOMINGO, República Dominicana.- El procurador general de la República, Jean Alain Rodríguez informó que hasta el momento, serán procesados judicialmente 11 personas, entre funcionarios y empresarios, acusados de estafar al estado con miles de millones de pesos en la venta fraudulenta de los terrenos de Los Tres Brazos.
El procurador informó que los imputados por el caso el cual calificó como “un caso de gravísima corrupción” y desfalco en contra del Estado son:
Leoncio Almánzar, Ex director de la Corporación Dominicana de Empresas Estatales CORDE, Irving José Crespo, ex consultor jurídico de CORDE, Manuel Aybar Ferrando, ex gerente inmobiliario de CORDE, y Rosabel Castillo, ex registradora del Distrito Nacional y actual directora nacional de titulación.
También están acusados Domingo Geraldo Lebrón de los Santos, Carlos Aris Gómez William, ejecutivo de Inversiones Fernández Parache (INFEPA), Julio cesar Gómez William, ejecutivo de INFEPA, Juana Inés Gómez William, de Inmobiliaria GOWI, José Enrique Depol Dominicci de la empresa Titutalec , y los agrimensores Antonio Ozuna Nolasco, y Adonis Ruiz Meller.
Según explicó el procurador, en el día de hoy se están ejecutando de manera simultanea ordenes de arresto y allanamientos contra los 11 imputados, a quienes también se les solicitará medida de coerción.
El Procurador indicó además que los imputados son acusados de prevaricación, abuso de jurisdicción, falsedad, desfalco, estafa contra el Estado y asociación de Malhechores.
Rodríguez explicó que la venta irregular se llevó a cabo sobre más de un millón de metros cuadrados de tierra correspondientes a tres parcelas, propiedad del estado dominicano donde viven más de 63 mil habitantes.
Dichos terrenos fueron "comprados a precio de vaca muerta" por la pírrica suma de 80 millones de pesos, según explicó el procurador "es como vender el Estadio Quisqueya 80 veces por el precio de uno solo".
Según informó el Procurador, esta compra fraudulenta la llevó a cabo la empresa Inversiones Fernández Parache (INFEPA), con la complicidad del CORDE y la Dirección Nacional de Titulación, empresa que luego vendió parte de los terrenos a la empresa TITULATEC, por 200 millones de pesos, "todavía muy lejos del precio real".
Luego, la empresa TITULATEC intentó vender los terrenos a las familias que los ocupaban.