Las 5 "D"

Acciones necesarias contra la corrupción

La corrupción es un mal inherente a todo gobierno

que no está controlado por la opinión pública

Ludwig Von Mises

 

Es generalizado el concierto existente con respecto al impacto nocivo que produce la corrupción en el ejercicio democrático de los países. Hay acuerdo a nivel mundial de que no sólo existe el flagelo en aquellas naciones donde la forma de gobierno es totalitaria, la tendencia de los últimos tiempos, es a considerar que en los países donde existe libertad y pluralismo la corrupción encuentra mayor resguardo para su ejercicio. Sin embargo, somos de parecer que en las “democracias” existen aún fórmulas y procedimientos mediante los cuales se les puede hacer frente a los perjuicios que trae consigo la corrupción.

En la República Dominicana los actos de corrupción han llegado a niveles alarmantes, de manera que el problema ha llegado a convertirse en sistémico, lo que hace que se haya perdido la credibilidad de las autoridades, y como ejemplo podemos mencionar que los ciudadanos, no encuentran incentivo para cumplir con su deber de pagar impuestos, entendiendo que sus recursos van a parar a las arcas particulares de estos últimos, sin embargo se ven compelidos a pagar por el riguroso sistema tributario del gobierno.

Nuestro país se anquilosa aún más en la lucha contra la corrupción al no encontrar repuestas satisfactorias de parte del sistema de justicia, en el que tampoco se cree. Y el pueblo no ve luz en el túnel, que se traduzcan en decisiones que propongan salirse del marasmo corrupto que afecta a los tres poderes del Estado, jueces, legisladores, o funcionarios que decidan vestirse con el traje dorado de la verdad, claro, con sus contadas excepciones.

El problema se hace difícil de enfrentar cuando las instituciones llamadas a implementar los mecanismos que sirvan de valladar a los actos de corrupción se vuelven inoperantes, o son pervertidos por la lacra de la descomposición moral y ética como ocurre en nuestro querido país. Las actuaciones corruptas de funcionarios, jueces, legisladores, y por qué no, de empresarios del sector privado; ponen incluso en riesgo el ejercicio de los derechos fundamentales consagrados en la Constitución, retrasa y hasta paraliza el desarrollo porque los recursos son desviados, y debilita al Estado para la función a que está llamado. Es así cómo el problema tiende a extenderse, y no reviste sólo recursos económicos, sino que llega a lo político, produciendo desviaciones morales y jurídicas de alta gravedad institucional.

Lo peor que le puede pasar a un país, es que la corrupción se convierta en una norma social como ya han afirmado expertos en la materia y que lamentablemente, es el derrotero que enfila nuestra nación.

La República Dominicana necesita de las actuaciones de algunos protagonistas de gran estelaridad dentro de los que deben destacarse el Sistema de justicia, los mecanismos de participación del pueblo, y los medios de comunicación . Y es que la justicia es el principal fundamento en que debe descansar la lucha contra la corrupción. Para esto, de una vez por todas debe legislarse para que la política partidaria saque sus tentáculos de los mecanismos de elección de Jueces, Ministerios Públicos, Cámara de Cuentas. Se necesita en el país un poder judicial con verdadera capacidad de respuesta, y eficiente en la investigación y persecución de los actos de corrupción que le sean sometidos, con lo que no cumple el sistema de justicia con que contamos. Por eso no debe sorprender que la fiscal del Distrito Nacional (actor de preponderancia del sistema) afirmara hace menos de una semana, lo siguiente:

“Tenemos como sociedad que hacer algo, porque lamentablemente no había o no hay correspondencia entre los casos de corrupción que hemos tenido y la sanción. Creo que todos en República Dominicana, o en términos generales, tenemos un consenso de que sí tenemos casos de corrupción, pero cuando vemos las condenas, evidentemente que hemos fallado en el tema de la persecución de la corrupción”.

El involucramiento de los ciudadanos, a través de movimientos cívicos, grupos comunitarios, juntas de vecinos, fundaciones, etc., trae beneficios en la lucha contra el flagelo, vigilando, denunciando, y llevando sus quejas ante los estamentos llamados a dar seguimiento a los casos de vulneración de derechos ciudadanos por lo que debe fortalecerse la participación haciendo conciencia de su importancia. La ciudadanía debe erigirse en agente de supervisión en la busca de medios para combatir los actos corruptos de los actores estatales. Es hacer reconocimiento de los derechos propios, mediante lo cual se fortalece su actuación frente a las instituciones, respaldándola y justificándola jurídica y políticamente.

Por último – lo que no quiere decir que no existan otros actores que ayuden en la lucha contra la corrupción – Los medios de comunicación deben jugar también un rol destacadísimo, y es que los pueblos encuentran su mejor mecanismo para estar informados, lo que les dará la posibilidad de debatir y llevar sus ideas en las decisiones estatales. Y aunque Lamentablemente vemos a diario medios de comunicación que se prestan al juego sucio de los corruptos y que se venden como víveres en mercado, el papel de los medios de comunicación debe redundar en que por medio de estos, se logre asestarle el tiro de gracia a la corrupción, haciendo opinión ciudadana, denuncia documentada y propuestas que vayan en contra del silencio que envuelve la impunidad.

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