Cuando las leyes fallan en garantizar la vida digna de una niña

A los 12 años, Leti (un nombre ficticio para proteger su identidad) todavía jugaba con muñecas, andaba con colitas y tenía su cuerpo de niña. Parecía de 9. Nunca había tenido la menstruación. Ella no entendía lo que le estaba pasando cuando su barriga comenzó a crecer, después de que un vecino, de 52 años de edad, la violara a unos pocos metros de su vivienda.

La primera en notar que algo extraño estaba pasando, fue su abuela materna. “La niña está mala, le duele el estómago, hay que llevarla al médico”, le advertía doña Ana a su hija, mientras pasaba la mano por la panza de su nieta, para calmarla.

“Cogimos para la clínica a chequearla, le hacen una sonografía y me sacan a mí para afuera. (…) Después me llamaron y me dieron la noticia de que la niña estaba embarazada y que la había violado un señor que era vecino de nosotros. (…) Yo me puse mal, me sentaron y me dieron agua. Fue una experiencia dura y amarga”, rememora Juana, la madre de Leti.

Le explicaron que el hombre amenazaba a su hija con una navaja. “La niña no hablaba porque él la tenía amenazada, diciéndole que él sabía dónde yo trabajaba, que él me podía acechar y matarme, que él sabía que su abuela sufría del corazón y la podía matar de un susto y que a ella la podía quemar cuando yo me fuera a trabajar”.

Juana no podía creer lo que estaba viviendo. La niña se puso muy mal cuando se enteró de que iba a tener un bebé y estuvo interna por una semana. Al mismo tiempo, la madre fue notificada por personal médico de un centro de salud pública, de que el embarazo no podía interrumpirse. Su hija, de solo 12 años, tuvo que gestar y parir el producto de la violación.

“Lo que uno piensa inmediatamente es en aborto, porque fue una violación. Pero no se pudo, porque ahí corría peligro la vida de mi niña”, afirma.  Mientras tanto Leti no podía comprender por qué su barriguita estaba tan redonda, por qué le dolía tanto el cuerpo, por qué tenía que estar tranquila, beber tantos medicamentos y dejar de ir a la escuela. La maternidad se convirtió para ella en una tortura, una clara transgresión a su derecho inalienable consignado en el Artículo 5, de la Declaración Universal de los Derechos Humanos: “Nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes”.

Su agresor evadió la justicia por un año, pero luego fue capturado y condenado a 20 años de prisión, que no podrán compensar todo el daño provocado a Leti y a otras niñas del vecindario, que nunca lo denunciaron, porque no las embarazó y también las amenazaba con matar a sus familiares.

Evidencia visible de violencia sexual sistemática

El caso de Leti es un ejemplo de los cientos que se dan anualmente en la República Dominicana. Solo en los primeros tres meses del 2017, se registraron 405 violaciones sexuales, 155 incestos y 494 seducciones de menores, de acuerdo con el “Informe sobre denuncias de violencia de género, intrafamiliar y delitos sexuales en República Dominicana. Enero-marzo 2017”, de la Procuraduría General de la República (PGR).

En muchos de los casos de niñas y preadolescentes divulgados a través de los medios de comunicación, los embarazos se convierten en la evidencia visible de la violencia sexual sistemática que sufren incluso desde los 8 o 9 años de edad. Como la experiencia reciente de una niña de 13 años que acaba de parir a una bebé, en la provincia La Vega, que es a la vez su hija y hermana.

Pero por más que se trate de violaciones o incestos, las niñas, adolescentes y mujeres dominicanas están obligadas por un Código Penal de hace más de un siglo, a parirles a sus violadores. Este Código se encuentra en debate, con el tema de la despenalización de la interrupción del embarazo en situaciones específicas, en el centro de la discusión.

“Si no se incluyen las causales mencionadas estaremos condenando a niñas y mujeres pobres a perpetuar así el ciclo de pobreza.”

Para el Sistema de las Naciones Unidas en República Dominicana, legalizar la interrupción del embarazo en estas tres causales es un tema de derechos humanos y de desarrollo. “Hay razones de salud pública y de política social innegables (para legalizarlo), como son la altísima tasa de mortalidad materna o la mortalidad infantil prevalente en el país”, declaró Lorenzo Jiménez de Luis, Coordinador Residente del Sistema de las Naciones Unidas, en un artículo publicado recientemente sobre este asunto.

“Si no se incluyen las causales mencionadas estaremos condenando a niñas y mujeres pobres a perpetuar así el ciclo de pobreza, o peor aún a someterse a abortos clandestinos en condiciones de asepsia inexistentes incrementándose el número de muertes maternas”, agrega Jiménez de Luis en el artículo.

Encontrar la muerte buscando la libertad

La violencia hacia las niñas, adolescentes y mujeres embarazadas producto de violaciones sexuales e incestos continúa cuando se les niega un aborto seguro y se les obliga a hacerlo clandestinamente y en condiciones de riesgo.

Un 12.9 por ciento de las muertes maternas ocurridas en República Dominicana entre los años 2008 y 2012 correspondieron a embarazos terminados en abortos, de acuerdo con el “Perfil de la Salud Materna”, publicado en diciembre del 2013.

Las situaciones, de violaciones, incestos y abortos que terminan en la muerte, generalmente se desprenden de las desigualdades de género, sociales y económicas y afecta principalmente a las niñas y mujeres pobres.

Juana no deseaba dejar a Leti sola, pero siendo madre soltera tenía que salir a trabajar cada día, desde las 7:00 de la mañana hasta las 6:00 de la tarde, en un hospital. “Cómo no la dejaba sola si tenía que trabajar”. Ahí se aprovechó el agresor.

Lograr que las niñas y las mujeres tengan la libertad de decidir sobre sus cuerpos en circunstancias tan difíciles, como las tres causales del aborto: en los casos de violaciones e incesto, malformaciones incompatibles con la vida y cuando la vida de la mujer corra peligro, es esencial para garantizar sus derechos humanos.

Sobre la serie “Voces por el desarrollo sostenible”

Esta historia es parte de la serie de especiales para Acento, “Voces por el desarrollo sostenible”, elaborada en el marco del debate por la legalización del aborto en el nuevo Código Penal de la República Dominicana en las tres causales.

Esta historia se enmarca en los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 3, salud y bienestar, el ODS 5, igualdad de género y el ODS 16, paz, justicia e instituciones sólidas.