Santiago Moquete, de la fundación que defiende la propiedad privada, dice es política acusación contra Vargas Maldonado (II)

El ingeniero Santiago Moquete asegura que la acusación es un intento para perjudicar al presidente del PRD, Miguel Vargas. Acusa a Guido Gómez Mazara de planear los ataques a Vargas.

SANTO DOMINGO, República Dominicana.- Santiago Moquete, ingeniero y presidente de la Fundación Pro-Defensa del Derecho de Propiedad (Fundepro) afirma que el canciller de la República Dominicana, Miguel Vargas Maldonado, no ha sido partícipe de una compra irregular de terrenos para beneficiarse, como fue denunciado por los abogados de la familia Pérez Henríquez.

Moquete señala que se trata de una estrategia política para afectar la imagen del presidente del Partido Revolucionario Dominicano (PRD), y sostiene que las adquisiciones fueron hechas por el exministro de Obras Públicas o sus empresas de buena fe.

Se trata de una compra efectuada a una persona muy cercana a Rafael Pérez Henríquez, en este caso Huáscar B. Mejía, esposo de Daisy Amor Balcácer. Ésta, en palabras de Moquete, se encargaba de “cuidar” de Pérez Henríquez y era “como una hija”.

El monto que supuestamente se pagó por las transacciones asciende a los RD$ 17, 800, 000.00, en efectivo, pero la familia Henríquez alega que no hay una constancia de que esos desembolsos a favor de su pariente se hayan realizado

“Parte de lo que se ha dado en los últimos tiempos es un intento de perjudicar a ese señor – Miguel Vargas –, que es un empresario que se dedica a bienes raíces, precisamente a través de abrir una serie de litis temerarias a gentes a las que le ha vendido”, indica.

Agrega que se trata de un problema que afecta el ejercicio del derecho en el país, pues existen abogados que “cogen los tribunales con cierto dejo de relajo” y que tratan de justificar lo injustificable, razón por la que asegura, los juzgados dominicanos le han dado ganancia de causa al ministro de Relaciones Exteriores.

 

Describe a Huáscar Mejía como un hombre de confianza de Rafael Pérez Henríquez, a través del cual se hacían las ventas en las que Vargas Maldonado obtuvo los terrenos en litis – 38, 464.72 metros cuadrados en el sector Bella Vista, que incluye el espacio donde fue construida la Torre Caney –.

Una de estas ventas es la que se hizo a Factoría de Arroz Comendador C. por A, una de las empresas del confeso narcotraficante Quirino Ernesto Paulino Castillo, en 2003, por RD$ 2, 561, 427.

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En esta transacción, pese a que el vendedor es Mejía González – cuyo nombre figura en el contrato de compra y venta – el notario Emilio Gómez Buret hace constar las firmas de Paulino Castillo y de Hilda V. García Frangie, quien además de ser secretaria y representante de Inversiones Alberique, S.A., es la cuñada de Miguel Vargas Maldonado.

Santiago Moquete, aunque no presenta documentos para sustentar su explicación, indica que tal vez se debió a que Mejía González vendió a las empresas del político y empresario, la cual fue revendida a Paulino Castillo.

“Todas esas ventas él – Rafael Pérez Henríquez – prefería hacerla a través de Huáscar”, resalta. Pese a esto, dijo desconocer los motivos por los cuales, en 1998, Pérez Henríquez optó por esta vía en lugar de proceder en la venta a través de sus familiares.

También sostiene que Huáscar Mejía, a quien conoció hace siete u ocho años, cuando le contrató para desalojar un solar de 6 mil metros en la avenida Defilló esquina Anacaona, tenía cierta solvencia económica, mas afirma que desconoce su situación económica antes de la muerte de Rafael Pérez Henríquez.

 

“Hacía el negocio a través de Huáscar”

Santiago Moquete no recuerda a la perfección cómo se llevó a cabo el trámite de las tierras, aunque aduce que “cada vez que se presentaba alguien que quería comprar, hacía el negocio a través de Huáscar”.

Explica que no se trataba de ventas, sino de actos en los que Rafael Pérez Henríquez “vendía” a su hombre de confianza para que a su vez este pudiera hacer el trámite, incluso con la posibilidad de vender a un precio mayor al precio establecido.

“Pérez Henríquez le hacía un contrato con el cual él podía vender y luego le daba a Pérez Henríquez la cantidad que le tocaba en el negocio”, expone.

Reitera que aunque desconoce la situación familiar de los herederos de Pérez Henríquez, recuerda que parte de los terrenos – unos 1, 500 metros cuadrados – fueron regalados por Rafael Pérez a descendientes de su hermana, Lea Rafaela, sin embargo, la constancia “no fue firmada” y se llevó a cabo un desalojo, el cual se debatió en los tribunales.

Esta litis se mantiene abierta contra las nietas de Lea Pérez, con el propósito de que en la eventualidad de que les sean anulados los deslindes en la avenida Anacaona, intentar ejecutarlos ulteriormente en el perímetro que señala la Carta Constancia, el cual abarca una zona comprendida entre la Avenida Selene y las calles La Javilla, Las Ninfas y Los Laureles.

Moquete aclara además que José de Pool Dominici, actualmente en licencia de trabajo indefinida en el Ministerio de Relaciones Exteriores en sus funciones como director administrativo, no efectuó – o sus empresas – compras a Pérez Henríquez.

Empero, un documento del 2008 emitido por la oficina de abogados de Julio César Martínez, enviado a la magistrada Catalina Ferreras Cuevas, juez presidente de la Cuarta sala del Tribunal de Tierras de Jurisdicción Original del Departamento central, resalta que la compañía Transporte D & D, C. por A, representada por José de Pool Dominici adquirió en 2001 una porción de terreno de 2, 454.60 metros cuadrados dentro de la parcela 122-A-1-A-FF-3 a Rafael Pérez Henríquez, revendida posteriormente a Inversiones Alberique, S.A, en junio del mismo año.

En ese documento, Transporte D & D demanda por daños y perjuicio a Lea Rafaela Pérez por RD$ 20 millones, a razón de que las “acciones infundadas y temerarias” de la demandante, han creado a la compañía y a su presidente “serios perjuicios de tipo moral”.

Los “vínculos”

Julio César Martínez ha sido el abogado de Miguel Vargas Maldonado durante muchos años. También representó a Huáscar Mejía González y a Daisy Amor Balcácer en parte del proceso legal que involucra a la familia Pérez Henríquez.

Algo natural, asegura Santiago Moquete, puesto que como representante legal del canciller y presidente del PRD, el cual lo ha sido por casi 30 años, es normal que (Julio César Martínez) el exconsultor jurídico de la entonces Secretaría de Obras Públicas, asuma las negociaciones de su cliente.

Además, asegura, es natural la vinculación de José de Pool Dominici, socio mayoritario de la empresa Titulatec y exdirector general administrativo de Obras Públicas y Comunicaciones en la compra de estos terrenos, debido a que ha sido el financiero de Miguel Vargas durante años.

“No siempre los negocios que se hacen, en el proceso, quedan del todo claro y nítido, porque hay muchas variables”, explica Moquete, quien indica que existen puntos que deben ser aclarados por Mejía González, aunque niega rápidamente la acusación contra el “hombre de confianza” de Pérez Henríquez de que habría falsificado su firma para llevar a cabo los negocios.

Asimismo, resalta que la transferencia de un pent-house en la Torre Caney por parte de la empresa Worldnet Comunication – como apunta la familia Pérez Henríquez – también es “normal entre los ingenieros”.

Sin embargo, afirma que por parte de los representantes legales de Lea Rafaela Pérez Henríquez, se mantiene el esfuerzo de estafar al Estado, al asumir como parte de los terrenos restantes – 17 mil metros cuadrados –, más de 10 mil metros, que según el presidente de la Fundación Pro-Defensa del Derecho de Propiedad, corresponde a aceras y calles, que debe ser recibidos por el Ayuntamiento del Distrito Nacional.

“Esas son parte de las cosas que han estado pasando resultado de un sistema catastral deficiente, que no aclara bien las cosas”.

Cuestión política

Todo tiene su intención, asegura el presidente de Fundepro: se trata de una acción política encabezada por Guido Gómez Mazara, dirigente del PRD, para afectar la imagen del presidente del partido blanco.

“Hay, evidentemente, una intención de Guido con Miguel, de perjudicarlo políticamente”, dice Moquete, quien toma como ejemplo el intento que supuestamente tuvo Gómez Mazara de vincular la venta de los terrenos del sector Los Tres Brazos al canciller dominicano, una transacción considerada por la Comisión encargada de investigar la venta como “irregular y cuestionable”.

En lo que respecta a la petición de una experticia caligráfica, Moquete asevera el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF) efectuó el análisis de la firma de Rafael Pérez Henríquez, encontrando similitud en la del expropietario de los terrenos en litis y la rúbrica que aparece en los contratos de venta.

En 2008, la oficina de abogados de Julio César Martínez envió un documento a la presidenta y demás jueces que integraban el Tribunal Superior de Tierras del Departamento Central, indicando que una prueba caligráfica determinaría la autenticidad o no de la firma de Rafael Pérez Henríquez, aunque rechaza la solicitud de exclusión de documentos aportados por el demandado (Huáscar Mejía) que hizo la parte demandante, dado que cada parte “deposita en apoyo de sus pretensiones los documentos o piezas que entienda conveniente a su defensa, sin que la otra parte pueda invocar la inadmisibilidad de los mismos”, a menos que sean depositados fuera de plazo o inobservancia de la ley.

En otro documento remitido a la jueza Luznelda Solis, en 2008, acepta la solicitud de una experticia caligráfica, aunque señala que la realización de la misma debe estar a cargo exclusivamente del Inacif.

Si bien el ingeniero Santiago Moquete afirma que la prueba caligráfica fue realizada por el Inacif, los representantes legales de Lea Rafaela Pérez insisten en que la prueba fue solicitada por ante el organismo estatal y a la empresa Hart and Flores, Cuestiony Document Laboratory, INC, con sede en Miami que se especializa en análisis forenses de documentos, y que hasta la fecha no ha sido efectuado el examen.