Lima, Perú (EFE).- Un tribunal peruano dictó la prisión preventiva durante 18 meses contra el exfuncionario Edwin Luyo, quien fue el primer detenido en la investigación por la entrega de sobornos que hizo la empresa brasileña Odebrecht en el país, informó un comunicado oficial.

La decisión del Tercer Juzgado Penal de Investigación Preparatoria, a cargo del juez Ricardo Manrique, se tomó durante la noche del domingo contra el exmiembro del Comité Especial de Licitación Pública de la Línea 1 del Metro de Lima, durante el segundo gobierno de Alan García (2006-2011).

Manrique consideró que había motivos para declarar fundado el pedido del Ministerio Público, que imputa a Luyo la presunta comisión de los delitos de cohecho pasivo propio y lavado de dinero.

El fiscal anticorrupción Hamilton Castro confirmó que la información sobre Luyo se obtuvo gracias a un acuerdo alcanzado por el Ministerio Público con Odebrecht, que afirmó que el exfuncionario recibió "dos donativos" para favorecer a esa empresa en la licitación del tramo 2 de la Línea 1 del Metro de Lima.

Según la Fiscalía, esos cobros se hicieron efectivos mediante dos depósitos por las sumas de 196.000 dólares, entregados el 11 de julio de 2013, y 304.000 dólares, entregados el 11 de abril de 2014, a través de empresas instaladas en "paraísos fiscales."

Todo sobre caso Odebrecht

Tras cinco horas de audiencia, el juez Manrique consideró que existe el peligro de fuga y obstaculización a la justicia por parte del acusado y ordenó su inmediato internamiento en una prisión.

Luyo aseguró, por su parte, que solo cumplió sus funciones como parte del comité de licitación y comentó que "la pita (cuerda) se rompe por el lado más débil."

"Pero no me voy escapar como ya lo hizo uno. Yo sí me voy a quedar para que se establezca la verdad y se sepan todos los detalles", señaló en alusión al exviceministro de Comunicaciones Jorge Luis Cuba, quien también iba a ser detenido pero viajó a Estados Unidos en diciembre pasado, según medios locales.

Al término de la audiencia, el abogado de Luyo, Yodar Otiniano, apeló la orden de prisión preventiva, por lo que el tema deberá ser resuelto por un tribunal supremo en los próximos tres días.

Luyo se convirtió el viernes en el primer peruano detenido por el escándalo de corrupción de Odebrecht, por el que la Fiscalía de su país investiga a funcionarios que recibieron sobornos de esa empresa brasileña a cambio de adjudicarle millonarias obras públicas.

El fiscal Castro indicó que Odebrecht habría pagado más de siete millones de dólares para adjudicarse la Línea 1 del Metro de Lima y sospecha que esa cantidad no solo fue para Luyo y Cuba.

La Contraloría de la República informó la semana pasada de que la Línea 1 del Metro de Lima tuvo un perjuicio para el Estado peruano de 109 millones de dólares, al pasar de una inversión inicial de 410 millones de dólares a los 519 millones que costó al final.

El ministro peruano de Transportes durante el segundo gobierno de García, Enrique Cornejo, aseguró el viernes que está muy indignado y pidió a la Fiscalía "llegar a la verdad sea quien sea", aunque afirmó que la Línea 1 del Metro "no tiene ningún sobrecoste".

Odebrecht admitió haber pagado 29 millones de dólares en sobornos a funcionarios peruanos entre 2005 y 2014, lo que abarca los gobiernos de Alejandro Toledo (2001-2006), Alan García (2006-2011) y Ollanta Humala (2011-2016), según se desprende del acuerdo firmado por la compañía con el Departamento de Justicia de Estados Unidos.

La empresa brasileña acordó con la Fiscalía de Perú, el pasado 5 de enero, pagar 30 millones de soles (unos 9 millones de dólares) como un adelanto de la devolución de las ganancias ilícitas obtenidas con los sobornos, así como entregar toda la información o documentación que le sea requerida. EFE

Todo sobre caso Odebrecht

La empresa brasileña Odebrecht admitió ante la justicia de los Estados Unidos que pagó cientos de millones de dólares en varios países, para sobornar a funcionarios  públicos a cambio de obtener contratos multimillonarios para construir obras de infraestructura.

En el caso de República Dominicana, la empresa dijo que pagó 92 millones de dólares entre los años 2001 y 2014.

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