Quedó suspendida por falta de cuórum y sin fecha la reunión que sostendría la Sala Capitular, en la que se conocería la revalidación del contrato entre el Ayuntamiento del Distrito Nacional y la empresa argentina Impacto Urbano.

Omar Liriano, director de prensa del cabildo, confirmó la suspensión de la reunión, sin embargo, indicó que a pesar de que se desconoce la fecha en la que el concejo podría reunirse, aún existen temas además del contrato, competentes a la Sala Capitular y que podrían conocerse antes de la entrada de las nuevas autoridades.

“Estas autoridades están hasta el 16 a las 10 de la mañana. Las que deciden cualquier cosa aquí son estas autoridades”, indicó, a la vez que explicó que el Concejo de Regidores es el organismo que fiscaliza la administración municipal, la cual debe asumir las posiciones que se toman en el Concejo.

Entre los temas que se conocerían hoy se encuentran el proyecto de nomenclatura vial del Distrito Nacional y un proyecto referente a la normativa de transporte de carga.

De su lado, el alcalde Roberto Salcedo, defendió el contrato, el cual dijo que traería beneficios a la gestión del alcalde electo, David Collado.

Señaló que la empresa ha estado suministrando sus servicios incluso previo al inicio de su gestión frente al cabildo.

Sin embargo, Nubia Suazo, regidora del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), se mostró opuesta a la ratificación del contrato con Impacto Urbano, lo cual consideró como “inoportuno”, debido a la cercanía del cambio del gobierno municipal.

A la reunión de este viernes asistieron solo 10 de los 37 regidores.

Inició por el retiro de vallas publicitarias por parte del cabildo desconociendo la existencia de un contrato.

El conflicto entre la empresa y el cabildo, pasó a los tribunales, y ha conocido un total de 16 sentencias, pero solo una, la del pasado siete de abril, condenó al alcalde al pago de forma irrevocable de la demanda por RD$20 millones interpuesta por la empresa.

Sin embargo, el alcalde Roberto Salcedo firmó un acuerdo para que cese la demanda, valorado en RD$ 130 millones en efectivo y otros RD$ 86.72 millones en inmuebles, más 619 vallas y un acuerdo de por lo menos diez años de vigencia.