Durante una reciente visita realizada por el Presidente a las Terrenas, las autoridades municipales le solicitaron una reducción en el precio del peaje que se paga por la utilización de las carreteras Santo Domingo Samaná y Samaná Las Terrenas, ambas concesionadas al sector privado, con el propósito de fomentar y estimular el turismo de la zona.

En repuesta a la solicitud el Presidente respondió que “Ambas carreteras bajo un contrato que fue aprobado por el Congreso Nacional, que el Gobierno bajo ninguna circunstancia puede violentar, porque respeta el imperio de la ley. Nadie va a invertir en un país donde las reglas de juego varíen de acuerdo al cambio de gobierno. Hay de que darles seguridad jurídica a los inversionistas para que puedan invertir en un país, sabiendo que sus inversiones están protegidas por el imperio de la ley. Esa es una concesión que estableció de qué manera se va a pagar el préstamo que hicieran las empresas para construir las carreteras. En el caso de que los concesionarios no puedan recaudar el dinero que requieren para el pago de sus préstamos, el Gobierno tiene que darles un peaje sombra para que puedan honrar sus deudas.

Ciertamente tal y como lo señaló el Presidente, el contrato firmado por el Estado con la empresa privada Autopistas del Nordeste dueña de las concesiones de las carreteras Santo Domingo Samaná y Samaná Las Terrenas establece que el Estado Dominicano garantiza el equilibrio financiero del proyecto que no es más que garantizar la rentabilidad de la inversión al inversionista privado a través de lo que se denomina peaje sombra, asumiendo el Estado todos los riesgos y perdidas asociadas a la inversión privada, siendo responsabilidad del concesionario la obtención del financiamiento, diseño y construcción de la obra. Tanto la inversión como la duración de la concesión están avaladas por la garantía soberana otorgada por el Estado a través del Congreso Nacional.

El peaje de la carretera Santo Domingo Samaná y Samaná Las Terrenas lo establece el dueño de la concesión Si el flujo de vehículos a través de dicha carretera es inferior al pronosticado por el estudio contratado por el propio dueño, para garantizar el pago de la inversión y el retorno de la inversión esperado por el concesionario y establecido en el contrato de concesión, el Estado a través del peaje sombra aporta la diferencia cada año De esa manera la inversión del inversionista privado está totalmente garantizada al igual que su rentabilidad pues los riesgos de la inversión y perdidas los asume el Estado.

Año tras año en el presupuesto de ingresos y egresos se consigna una partida para cubrir el peaje sombra o subsidio que el Estado otorga al inversionista privado, el cual en el 2014 es de unos RD$2,300 millones solo para la carretera Santo Domingo Samaná. Cada año, el monto del subsidio ha ido creciendo al igual que el monto del peaje a pagar por los usuarios. Entre el 2013 y el 2014 el subsidio otorgado por el Estado a través del peaje sombra solo para la carretera Santo Domingo Samaná se incrementara en cerca de mil millones de pesos a pesar de que la tarifa del peaje a pagar por los usuarios de esa carretera sufrió un aumento importante y significativo en el 2014.

Si el Estado interviene en la fijación del peaje de la carretera Santo Domingo Samaná y Samaná Las Terrenas, logrando que el mismo se reduzca para satisfacer los requerimientos de los moradores y poder estimular el turismo de la zona de Samaná y Las Terrenas, simplemente el peaje sombra a pagar por el Estado aumentaría para compensar la disminución de ingresos al concesionario privado.

Esas son las consecuencias que el Estado asume cuando otorga garantía soberana al sector privado asumiendo los riesgos y perdidas y garantizando la inversión y retorno de la inversión al inversionista privado.

Las malas experiencias y perdidas millonarias que el Estado ha tenido como consecuencia del otorgamiento de garantías soberanas a inversionistas privados como son los casos de las carreteras Santo Domingo Samaná y Samaná Las Terrenas, así como el contrato en el sector eléctrico firmado en el periodo 1996-2000 con la empresa Cogentrix, con el cual la CDEEE ha tomado la decisión contra viento y marea de extender la garantía soberana que expira en el 2021 por 15 años más para que finalice en el 2036, debería ser motivo de reflexión profunda por parte de las autoridades gubernamentales para no seguir cometiendo los mismos errores, caer en el mismo agujero y tropezar con el mismo obstáculo que significa otorgar garantía soberana a inversionistas privados, asumiendo el Estado todos los riesgos y perdidas asociadas a la inversión privada mientras el privado solo asume las ganancias.

La extensión de la garantía soberana a Cogentrix extendería los privilegios y concesiones irritantes, además de prolongar la competencia desleal aupada y fomentada por el Estado para favorecer a un grupo de inversionistas privados en perjuicio y detrimento de los demás generadores privados con inversión en el sector eléctrico, quienes no gozan de estos privilegios, ni concesiones, ni de garantía soberana en sus inversiones, asumiendo ellos todos los riesgos y perdidas asociadas a las mismas

Todo luce indicar que en el caso de la extensión de la garantía soberana del contrato de Cogentrix se repetirá la historia y refrán que dice que el único animal que cae dos veces en el mismo hoyo y tropieza dos veces con el mismo obstáculo es el hombre.

Tomando en cuenta las malas experiencias que hemos padecidos y seguimos padeciendo los dominicanos y las finanzas públicas como consecuencia del otorgamiento de garantías soberanas a inversiones netamente privadas, el Estado debería aprender la lección de las experiencias vividas, que están vigentes y latentes lacerando las finanzas públicas, debiendo tomar la firme e irreversible decisión de no otorgar nunca jamás concesiones y/o firmar contratos otorgando garantía soberana al inversionista privado donde el Estado asume todos los riesgos y todas las pérdidas y el privado solo las ganancias.

Hay que descontinuar la práctica de estatizar los riesgos y pérdidas y solo privatizar las ganancias.