SAN FRANCISCO DE MACORÍS, República Dominicana.- La cancelada tesorera del ayuntamiento municipal Fiordaliza Genao Hernández, se hacía pagos por horas extras a su horario de trabajo, sin ningún tipo de control, además de que por el vehículo de su propiedad el cabildo le pagaba un supuesto “alquiler”.
La ex funcionaria recibía mensualmente un promedio de RD$18,613.99 por concepto de horas extras, pero sin establecerse las horas de entradas y salidas.
Como sueldo base la ex tesorera recibía la suma de RD$28,750.00, más RD$13, 000,00 por concepto de asignación de combustible y la suma de RD$5,000.00 por alquiler de su vehiculo
Los regidores del bloque del Partido Reformista Social Cristiano, Juan Andrés de la Cruz y Miguel Ángel Díaz Alejo, solicitaron a la sala capitular aprobar una resolución mediante la cual se compruebe por ante un Notario-Público, la falta de firmas de entradas y salidas que deben aparecer en el libro de asistencia, relacionado directamente con el personal del área financiera.
El concejo de regidores canceló a la entonces tesorera Fiordaliza Genao Hernández, quien junto al alcalde Félix Manuel Rodríguez Grullón y el ex encargado de nomina Jerson Lizardo, están acusados de un desfalco por más de 100 millones de pesos.
De los tres sólo el alcalde sigue en funciones, no obstante la gravedad de la acusación que formula el ministerio público.
Cancelan abogado por servir a ex tesorera
El concejo de regidores de la alcaldía municipal de San Francisco de Macorís, canceló a un abogado del departamento jurídico del cabildo, que recientemente estuvo representando a la ex tesorera Fiordaliza Genao Hernández, en una acción de amparo y que buscaba la reposición de esta en esas funciones.
El licenciado Juan Antonio Lima Peña, fue destituido por actuar en contra del propio ayuntamiento, al demandar a los integrantes del Concejo de Regidores,
“Lima haciendo uso de un horario de trabajo que tiene que cumplir de ocho horas, acudió a los tribunales a representar a la ex tesorera, en perjuicio del ayuntamiento, cosa que no vamos a permitir”, dijo la presidenta del consejo edilicio Altagracia Rosa.
En ese sentido la presidente del Concejo de Regidores, explico señalo que la decisión que adoptaron de cancelar al abogado, se basa en la ley 41-08, a sabiendas que un servidor público no puede ser juez ni parte de la institución donde labora.