SANTO DOMINGO, República Dominicana.-Joyas y vehículos de lujo, casas de ensueño, así como grandes sumas en efectivo, son algunos de los grandes beneficios que produce el narcotráfico y que cada año, genera más de 500 mil millones de dólares, según informaciones suministradas por la Drug Enforcement Administration de los Estados Unidos (DEA).

República Dominicana, aunque está lejos de convertirse en un país gran productor y gran consumidor de drogas, sí ha tomado importancia para los carteles como un "puente" para enviar cocaína hacia los Estados Unidos y la Unión Europea, los dos mercados que más demandan de estas sustancias prohibidas.

En los úlitmos lustros han sido muchos los casos de dominicanos y extranjeros apresados en el territorio nacional y condenados por narcotráfico y lavado. El país ha asistido más de una vez al asombro ante las fortunas amasadas por los narcotraficantes.

¿Pero, cuánto incauta República Dominicana por casos ligados al tráfico de sustancias ilícitas, lavado de activos, sicariato, trata, fraudes o estafas?

En total, desde el 2008, hasta el último informe rendido por la Unidad Antilavado de Activos de la Procuraduría General de la República, la institución ha incautado la imponente suma de RD$5,963,542,000 de pesos.

Según el magistrado Daniel Miranda Villalona, director de la Unidad, la suma incautada en 2013 por la entidad fue de RD$1,263,542,000 de pesos en muebles e inmuebles, pertenecientes a los casos de Franklin Domingo Hidalgo Batista (El Gallero), Jaison Torres, Muller (Suiza), Roberto Boetti (Italia), Belgica y Las Caletas.

El año 2012, no fue menos significativo en lo referente a decomisos. El magistrado Miranda Villalona, detalla que el monto de las incautaciones de bienes muebles e inmuebles que se ejecutaron en ese año, conjuntamente con Fiscalías y Autoridades Extranjeras, ascienden aproximadamente a la suma de mil millones de pesos dominicanos, relacionados a los casos de Francisco Hiraldo, Orlando Rodríguez, Oscar E. Rodríguez Cruz, Jairice Tumbull, el periodista José Silvestre y Las Caletas, cuya incautación de bienes inició a finales del 2012 y concluyó en el 2013.

Además quedaron  identificadas propiedades de otros casos en curso que sobrepasan los ochocientos millones de pesos y que en los primeros días del 2013 se procedió con su incautación, y que figura como parte del monto recaudado en ese año.

Asimismo, la ejecución de incautaciones a bienes muebles e inmuebles en el 2011, realizadas por la Procuraduría, en colaboración con autoridades extranjeras, ascienden a la suma de novecientos millones de pesos, cuyo monto encierra los casos Bertinio Solano, también los llamados Sicariatos Colombianos, así como el caso de Adrian Mustier, entre otros. Igualmente, quedaron  identificadas propiedades de otros Casos en curso que sobrepasan los trescientos millones de pesos, pendientes para incautación en 2012.

El 2010 también brilló por la retención de sumas astronómicas. El magistrado Miranda Villalona revela que en ese año, los embargos superaron los ochocientos millones de pesos, relacionados a los casos Geert Pot, Caso Marte, Toño Leña, además de quedar comprobadas propiedades de otros casos en curso que sobrepasaron los trescientos millones de pesos, y que fueron recaudados el siguiente año.

Sin embargo, estas cifras palidecen frente a los años 2008 y 2009, período en el que solamente el caso de los hermanos Carlos, Luis y José Benítez, involucró incautaciones  de bienes muebles e inmuebles con montos superiores a los dos mil millones de pesos.

Estas apropiaciones incluyen casas, villas, botes, vehículos de todo tipo, motocicletas,  cabañas, un hotel, un parque acuático y una aeronave.

Al mismo tiempo, el director de la Unidad Antilavado indica que en estos años, se explotaron más casos como el caso Baninter, caso Barahona, caso Paya-Bani, caso Peravinter-Bani, el caso Pinilla, entre otros.

¿Qué pasa con los bienes?

Uno de los casos más famosos de relacionados al lavado de activo y al narcotráfico es el de Ramón Antonio del Rosario Puente (Toño Leña), quien en 2010 fue acusado por un Gran Jurado de Estados Unidos por introducir drogas desde la República Dominicana, logrando su detención en suelo dominicano, el 15 de diciembre del 2011, tras un esfuerzo de persecución y captura encabezado por la DEA.

Tras su apresamiento y enjuiciamiento en Puerto Rico por un tribunal Federal en la vecina isla, se dio a conocer parte de la fortuna del reconocido narcotraficante, de la que se incautó una suma superior a los cien millones de pesos, en bienes muebles e inmuebles, algunos de los cuales han sido reclamados por quienes afirman ser propietarios legítimos de los bienes, mientras que otros podrían ser devueltos a los familiares de Rosario Puente.

“Muchas veces, las personas imputadas por narcotráfico, se van voluntariamente hacia Estados Unidos y allí negocian su pena, dan informaciones, cumplen una sentencia de tres o cuatro años y luego regresan a su país de origen (Dominicana), y como no se les incautó sus activos criminales, reclaman bajo esa pretensión todo lo que es su patrimonio ilícito”, explica magistrado Miranda Villalona.

Esto es, revela el funcionario, debido a una debilidad de la política criminal del Estado para buscar y retener los activos criminales, para que sean decomisados.

El artículo 33, de la Ley 72-02 sobre Lavado de Activos Provenientes del Tráfico Ilícito de Drogas y Sustancias Controladas, sobre los bienes provenientes narcotráfico y que no deban ser destruidos, ni resulten perjudiciales para la sociedad, dispone un 15 por ciento para las instituciones dedicadas a la regeneración de los adictos a drogas, así como un 50 por ciento para la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), mientras que un 35 por ciento corresponde al Consejo Nacional de Drogas.

Entre los bienes incautados por la Unidad Antilavado a Rosario Puente, se encuentran: una villa ubicada en METRO COUNTRY CLUB, construido en el solar T-10 (bis), parcela 220-B-12-A (PARTE), del Distrito Catastral 6/1era., del Municipio de Los Llanos, San Pedro de Macorís, amparada por el certificado de titulo número 01-225. Avenida Principal con Paseo Las Aresca, T-10.

Una finca en Ramón Santana, al lado del Río Soco, en la parcela 373, del Distrito Catastral número 15/5 PARTE, certificado de titulo número 34, San Pedro de Macorís, la cual fue reclamada por Julio Cesar Mercedes Díaz.

Asimismo, una finca ubicada en la Sección de la Parcela UNO, del Municipio de Ramón Santana, con una extensión de 33 tareas, a nombre de Rosa Esther Gautier De La Cruz, según contrato, además de una casa en el residencial Villa España, con una extensión de 600 MTS, en la parcela 77, del D.C. 16/6, amparada en el certificado de titulo número 693, también reclamada.

Una casa ubicada dentro de la parcela número 355-B-1-D-99 y 355-B-1-D-95, del Distrito Catastral número 6/2, de Los Llanos, San Pedro de Macorís, a nombre de Jaime Ramírez Rosario y Isabel Ramírez  de Ramos, quienes vendieron a Miguel Ángel Meléndez Ruiz, quien alega es de su propiedad y una arenera ubicada en la Autovía del Este, a nombre también de Meléndez Ruiz, quien se acredita como su propietario.

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