SANTO DOMINGO, República Dominicana.- El Ministerio Público es el único responsable de esta tragedia personal. La procuradora fiscal de Montecristi ha actuado con impunidad, ha retorcido la ley, las pruebas, las declaraciones de testigos, y se ha empeñado en mantener en prisión a un ser humano, víctima de otra tragedia, para invisibilizarlo, para que no exista, para que lo luche, para que no viva en un territorio en donde echó raíces.
Jackson Lorraine (conocido como Jonny Rivas), perdió un hijo, menor de edad, que se intoxicó al tragarse un insecto, popularmente conocido como hiede vivo (Chinche Verde Nezara Viridula). Sepultó a su hijo, pero le inventaron una historia de brujería, asesinaron a una haitiana, y le imputaron la autoría intelectual de esa muerte a Jonny Rivas.
Le dictaron medidas de coerción por un año, pese a todos los esfuerzos de Solidaridad Fronteriza, la entidad que dirige el padre Regino Martínez en Guayubín, pese a la solidaridad internacional, a los esfuerzos de la escritora Julia Álvarez, a la labor de jurídica de las abogadas Rosina de la Cruz y Raquel Alvarado, el 17 de marzo pasado el juez no quiso liberar de las falsas imputaciones a Jonny Rivas, para evitar las presiones de los grupos poderosos que persiguen la inexistencia del trabajador de los derechos humanos, y envió el proceso a juicio de fondo, para que sea un tribunal colegiado que lo descargue. Y Jonny Rivas sigue preso.
El caso es un ejemplo de cómo anda la justicia dominicana, y en particular el Ministerio Público.
“Se trata de cómo matar a paso lento a una persona. Es la forma de desbaratar una familia, de castigar a un hombre que se entregó a su comunidad para ayudar. Yo se que como él hay muchos en el país, y también en el mundo, pero tenemos que comenzar con él porque se nos presentan las circunstancias, por accidente. Y por eso escribo, buscando ayuda, ideas sobre qué hacer, porque no puede ser, pero lo es. ¡No sabemos dónde gritar para que nos oigan!”.
Es uno de los mensajes que ha escrito la escritora Julia Álvarez sobre el caso de Jonny Rivas. Ella visitó Montecristi conociendo sobre el caso. Acudió a la cárcel donde se encuentra recluido el imputado desde junio del 2013. El diario The New York Times le solicitó una historia del caso, que aún no ha sido publicada.
¿A qué se dedicaba Jonny Rivas antes de caer preso?
Cualquiera pudiera sospechar que las acusaciones contra el nacional haitiano tienen como motivo sus actividades en procura de la justicia y los derechos humanos en la frontera.
Era promotor de la Asociación Solidaria de Obreros Migrantes de la Línea Noroeste (ASOMILIN), entidad incorporada, que durante el 2012 emprendió acciones legales contra algunas empresas bananeras que negaban derechos a los empleados. El noviembre del 2012 el Tribunal de Trabajo de Montecristi falló una sentencia a favor de 8 obreros y obligó a los productores de bananos Bienvenido García, Plantaciones del Norte y Ekobanano, al pago de un millón de pesos.
Solidaridad Fronteriza, con Jonny Rivas en su nombre como presidente de ASOMILIN, estuvo en todas las fases del litigio legal. Como resultado de la sentencia, Jonny Rivas (es un haitiano!) fue objeto de amenazas. La procedencia de las mismas pudiera ser intuida por cualquier persona con algo de perspicacia.
En mayo del 2013 Jonny Rivas actuó otra vez judicialmente y un tribunal dictó sentencia a favor de ASOMILIN, por un tema del local de la entidad en Guayubín. Jonny Rivas fue la cara de la organización. Cuando el juez decidió en justicia, las nuevas amenazas (se trata de un haitiano!) aparecieron de inmediato.
¿Y cuándo vino la tragedia?
Jonny Rivas no sospechaba que la tragedia le acechaba a él y a su familia. En ese mismo mes de mayo que ganó el segundo caso judicial, un hijo suyo de apenas meses de nacido murió asfixiado por tragarse un insecto conocido cono hiede vivo. Los vecinos de la comunidad, por el bajo nivel educativo y la religiosidad popular muy presente en la zona, lanzaron la hipótesis de que la muerte fue el resultado de alguna brujería.
Un mes después, en junio, una vecina de Jonny, Adelina Charlot, fue encontrada muerta en su casa, donde supuestamente se dedicaba a las brujerías y hechizos. La fiscal de Montecristi, Nilvio F. Martínez, “sospechó” que la señora había sido mandada a matar por Jonny Rivas en supuesta venganza por la muerte de su hijo el mes anterior.
¿Cómo procedió la fiscal y cuál fue la acusación?
La querella contra Jonny la presentó la fiscal ante la jueza de Instrucción el 19 de diciembre del 2013, por violación del Código Penal y asesinato, y como imputado estaba el confeso asesino, Yoel Charlet, y contra Jonny Rivas.
Los dos imputados fueron apresados y por resolución 611-13-00263 de la jueza de Instrucción de Montecristi, de fecha 16 de julio de 2013, conducidos a la cárcel provincial.
Charlet, el autor material es haitiano y carece de documentos, con domicilio y residencia en Haití, pero Jonny Rivas es haitiano, pero tiene su pasaporte, su Registro Nacional de Haití y tiene residencia ubicada en Guayubín.
De acuerdo con la acusación Yoel Charlet relató que Jonny Rivas lo contrató y le ofreció 50 mil pesos para cometer el crimen, de lo cual sólo habría abonado 35 mil. Supuestamente se comprobó que en su cuenta de banco, en tres fechas diferentes Rivas habría sacado 10 mil, 12 mil y 15 mil pesos, y que eso es prueba de que él pagó el dinero. Yoel dice que ese dinero lo sacó para viajar a Haití en dos ocasiones, con motivo de la muerte de su hijo (11 y 14 de junio 2013), y para enviar remesas a su familia (26 de junio 2013), de lo cual presenta prueba documental, con los recibos de la empresa Western Union.
Interrogatorio sin traductor a un haitiano que no habla el idioma del interrogador
La fiscal procedió sin tomar en cuenta el rigor del proceso. Eso dicen las abogadas de Jonny Rivas. La declaración del 11 de junio, en la que Yoel Charlet admite haber cometido el crimen, se tomó sin un interprete judicial, porque el confeso asesino no habla español. La única persona presente en el interrogatorio fue la fiscal, acompañada de un supuesto defensor de oficio que no aparecido nunca más.
La otra prueba utilizada fue el número de teléfono de Jonny, que es conocido ampliamente por más de 8 mil miembros de ASOMILIN. Esas pruebas fueron utilizadas por la fiscal para pedir un año de prisión como medida de coerción. La medida fue rechazada por el juez de instrucción, quien decidió que el caso no era complejo. La medida de coerción fue fijada en tres meses. Ha pasado casi un año y Jonny Rivas sigue preso.
“En la audiencia, el supuesto victimario, ahora con la presencia del intérprete judicial, porque el señor Charlet no habla español, se auto acusó de ser el ejecutor material del homicidio y al mismo tiempo declaró no conocer ni tener ninguna relación con Jonny Rivas”, dice el relato de Davide Sala, uno de los compañeros de Jonny Rivas. Pero la fiscal insiste.
Una burla judicial extraordinariamente vergonzosa
Las cosas se complicaron para Jonny Rivas.
El mismo día de la audiencia para conocer las medidas de coerción, un grupo de personas se apersonó al tribunal, con actividad agresiva, proclamando consignas contra el padre Regino Martínez, con insultos y amenazas por apoyar a Rivas.
Las medidas de coerción hay que entregarlas a los abogados de los imputados a las 38 horas, pero en este caso, el juicio fue el 16 de julio y el 23 de agosto fue cuando entregaron el documento, luego de muchas presiones. Las abogadas de Jonny apelaron y la nueva audiencia se celebró el 16 de septiembre. La notificación se hizo fuera de los plazos de ley, y por eso la audiencia fue pospuesta para el 26 de septiembre.
Pero el 26 de septiembre los abogados de la víctima, supuestamente mandada a asesinar por Jonny, dijeron que el hijo de la señora no fue citado, y pidieron posponer la audiencia. El joven se encontraba todo el tiempo en la sala de audiencia, en silencio, y el juez decidió posponer para el 3 de octubre.
El 3 de octubre el juez no se presentó a la audiencia. El 10 de octubre se decidió dar lectura al fallo del tribunal. Pero el 10 de octubre subió una jueza interina, diferente del juez que conocía el proceso. Esta fijó la lectura para el 16 de octubre, para estudiar la decisión.
“El día 16 de octubre, día en que se vencían los tres meses de medida de coerción, fue rechazada la misma por la mañana y, por la tarde, se celebró la audiencia de confirmación de la misma medida que fue aplazada sin fecha por no estar en conocimiento del juez la sentencia de la mañana. A esta audiencia estuvo presente, entre otros, el punto focal de DDHH de la Unión Europea”, escribió Davide Sala.
La entrada de Rosina de la Cruz y Raquel Alvarado al proceso judicial
En ese momento es que entran al proceso las abogadas Rosina de la Cruz y Raquel Alvarado.
Decidieron revisar el expediente. Detectaron que la transcripción de la declaración de Yoel Charlet, el confeso asesino, del 16 de julio fue eliminada la parte en la que él decía que Jonny Rivas no tenía nada que ver con el caso. Esa parte estaba en el muniscrito del inculpado, pero había sido excluida de la transcripción. Hubo que incluirla y se solicitó una revisión de la medida de coerción, que fue fijada para el 27 de diciembre del 2013.
El 27 de diciembre la audiencia fue aplazada otra vez por errores en los procedimientos de notificación, es decir errores que corrían por cuenta del tribunal.
El 2 de enero del 2014 siguió el vía crucis. Se celebró la audiencia y se rechazó el cambio de la medida de coerción porque Jonny no está radicado en territorio dominicano y por supuestamente no tener un trabajo estable. Eso dijo el tribunal.
La política discriminatoria de la Dirección General de Migración
La cuestión es que Jonny tiene dos hijos no declarados en la República Dominicana, porque como migrante no pudo hacerlo cuando nacieron. Jonny celebró su boda en República Dominicana, pero no pudo registrarla, porque no se lo aceptaron, y aunque la tuvo aquí debió irse a Haití a declarar su matrimonio.
Jonny Rivas tiene un trabajo estable en Solidaridad Fronteriza, pero no aparece registrado como empleado por el Sistema de Seguridad Social por el mismo motivo de que lo califican como haitiano, y carece de derechos.
Jonny Rivas tiene pasaporte, ya lo dijimos, y tiene visa, pero nunca logró sacar residencia, aunque lo intentó, por el costo muy alto y porque la Dirección General de Migración tiene la política de no dar residencia a migrantes haitianos.
Jonny tiene también una casa de su propiedad, pero eso no fue considerado motivo de arraigo. En esa misma audiencia, de carácter esquizofrénico, las abogadas Rosina de la Cruz y Raquel Alvarado aprovecharon para solicitar al tribunal que le ordenara al Ministerio Público depositar la acusación formal contra Jonny Rivas.
El caso no deja de ser sorprendente, porque en todas las audiencias a las que ha tenido que acudir Jonny Rivas, y a las que ha ido el Ministerio Público, la fiscal siempre ha sido celosamente acompañada por dos abogados privados, supuestamente contratados por el hijo de la víctima, pero que resultaban financiados por la “comunidad”. El hijo de la víctima desde el 26 de septiembre jamás acudió a una audiencia.
Pese a que tiene casi un año preso, no fue sino hasta la segunda mitad de enero que la fiscalía de Montecristi presentó la acusación formal a Jonny Rivas, con las supuestas pruebas, y se le acusa de ser el mandante intelectual del crimen.
Pero Jonny no conoce al señor que cometió el crimen, ni el que cometió el crimen conoce a Jonny, y así ha quedado claro en los documentos reales, no alterados, y en la declaración del confeso asesino
¿Y qué es lo que ha pasado últimamente?
El caso es extremo y demostrativo de la marcha de la justicia y de las políticas aberrantes de la Dirección Nacional de Migración. Jonny Rivas sigue preso, con medidas de coerción que se les cumplen en julio de este año.
La audiencia preliminar para definir la participación de Jonny en el crimen volvió a fijarse para el 24 de febrero del 2014, pero fue aplazada porque no se presentó el hijo de la víctima y no fue posible notificarle la citación. El juez solicitó que se intentara la notificación y encargó de ello a los abogados del hijo de la víctima.
En la audiencia del 7 de marzo pasó exactamente lo mismo que en la del 24 de febrero: no se presentó el hijo de la víctima. Tampoco se presentó el representante del Ministerio Público, y el juez debió mover la audiencia para la tarde. En la tarde se presentó un fiscal distinto, que confesó no conocer el caso. El juez duramente conminó al fiscal y dijo que no podía alegar ignorancia.
Los abogados del hijo de la víctima argumentaron que este se encontraba enfermo, pero no llevaron ningún certificado médico. El hijo de la víctima no tiene interés en el caso y quienes sostienen la farsa son los abogados del hijo de la víctima y la fiscalía de Montecristi. Si el hijo de la víctima se retira, sobre Jonny Rivas no hay caso judicial, pese a que sigue preso.
La audiencia fue aplazada para el 17 de marzo. Esta audiencia se produjo y asistieron, como oyentes, un senador y un diputado de Haití. El senador fue cónsul haitiano en Montecristi durante 12 años y conoce bien a Jonny y el trabajo que realiza. El diputado es un primero hermano de Jonny Rivas. Y Jonny Rivas sigue preso.
El 2 de abril se leerá la sentencia de Instrucción
En la audiencia del 17 de marzo hubo debates. Pero hubo intentos de posponerla de nuevo. Aunque todo esto parece una comedia, los abogados del hijo de la víctima no llevaron al acusador, llegaron tarde a la audiencia, pero llevaron a un dominicano con un supuesto poder de representación, aparentemente falso. Para conocer el poder de representación tendría que producirse un proceso de por lo menos tres meses, y las abogadas de Jonny Rivas admitieron la representación.
El asesino volvió a decir que él era el único responsable y que no conocía a Jonny. Que no hay pruebas que incluyan a Jonny en los hechos. La fiscal es la que sostiene en sus declaraciones que hay pruebas. En esta audiencia se supo que uno de los miembros de la oficina de abogados que representa al hijo de la víctima estuvo presente en el interrogatorio sin traducción a Yoel Charlet, en donde supuestamente dijo que Jonny le contrató.
Luego de tener todo claro, y las debilidades de la acusación, el juez de Instrucción de Montecristi decidió que el caso debía ser conocido por una corte. Que como se trata de un asesinato (..y es un haitiano el que sufre la injusticia!), era necesario que fuese un tribunal colegiado quien tomara la decisión de exculpar a Jonny Rivas, y no él en solitario.
El juez leerá su sentencia el próximo 2 de abril. En ese momento se sabrá cuáles son los demás argumentos que utilizó para inculpar en el crimen a Jonny Rivas.