SANTO DOMINGO, República Dominicana.- El contrato de los rayos X, autorizado por el gobierno dominicano en por lo menos cinco ocasiones, es uno de los más oscuros negocios realizados por el Estado, tomando en cuenta que desde su origen estuvo claro que no beneficiaría al Estado ni a la sociedad, y que fue concebido para enriquecer a los concesionarios.
El entonces presidente de la República, Hipólito Mejía, entregó dos autorizaciones para la instalación de sistemas de rayos X en los puertos, bajo el entendido de que beneficiaría en la lucha contra el tráfico de drogas. Pero fueron muchas otras las historias que se dieron a conocer luego de la concesión. Leonel Fernández también autorizó el contrato de concesión, pero la Dirección General de Aduanas, con los directores Miguel Cocco y Rafael Camilo, fue firme en rechazar la decisión, porque era lesiva al interés nacional y porque generaba un monopolio contrario a la Constitución de la República.
Los reportajes que se publican en esta entrega fueron escritos en el 2003, y publicados por el diario El Caribe en mayo de ese año, con la historia detallada del origen del contrato y los reclamos que hacían empresas de los Estados Unidos y la República Dominicana por la concesión. Aunque Belinda de Beauchamps y sus hijos tenían la concesión, Maritza de la Estriella la reclamaba, incluso con una sentencia de un tribunal de los Estados Unidos. Junior Sanz, hijo de Salomón Sanz, también reclamaba la propiedad de la concesión.
Los reportajes publicados por El Caribe en mayo del 2003 fueron cinco, escritos por el periodista Fausto Rosario Adames, hoy director de Acento.com.do y se rescatan de los archivos por la importancia que el tema sigue teniendo, con un reclamo de la empresa ICSSI, ahora propiedad del oftamólogo Salomón Melgen, y en medio de un conflicto que incluso envuelve operaciones de investigación del FBI, indagaciones sobre la ética del senador Bob Menéndez, y los intereses dominicanos que se mueven alrededor del monopolio que se estaría creando en los puertos dominicanos.
El resumen de los trabajos periodísticos es el siguiente:
El Gobierno entregó sin concurso una concesión para la revisión de los furgones que entran y salen al país por vía marítima.
La negociación se hizo en las FF.AA, y beneficia a la familia del ex secretario de ese organismo, Mayor General retirado Juan René Beauchamps Javier, asesinado hace varios años.
Los beneficiarios recibirían cada año unos 27 millones de dólares por sus servicios.
La inspección no es válida para los norteamericanos, que apoyan un sistema integral en el que participan varios países, conocido con BASC.
Una empresa norteamericana, ex socia de la familia Beauchamps, lleva un proceso judicial en tribunales de La Florida contra esa familia por fraude, y llevaría una demanda contra el Estado por haberse asociado a sus ex socios locales.
Emerge COTECNA, una empresa Suiza, que dice ser socia de los concesionarios y que traería los equipos y los montaría, pero Cotecna tiene también procesos judiciales por corrupción en varios países.
Industria y Comercio dice que el proyecto no es definitivo, y el presidente de la República suspende temporalmente el contrato.
El Caribe indaga y descubre que el Presidente otorgó la autorización dos veces, para dos empresas diferentes.
Recontar la historia de los rayos X
Los textos publicados por el diario El Caribe en mayo del 2003 permanecen iguales, tal y como fueron publicados:
La primera historia
Existe un conflicto judicial que envuelve a Panamá, Estados Unidos y RD
Demandarán al Estado por firmar dos convenios para rayos X
Belinda y Jean Beauchamps están en el centro del debate con su empresa ICSSI, SA
El Estado Dominicano será demandado en los Estados Unidos por haber firmado un contrato de concesión con una compañía, la International Container Security System, Inc. para la instalación del sistema de rayos X en los puertos del país, y al mismo tiempo haber entregado por decreto presidencial la concesión a la compañía dominicana ICSSI, S.A. que preside la señora Belinda Galvez viuda Beauchamps y su hijo Jean Beauchamps, quienes ya fueron condenados por el mismo caso en un tribunal federal de Primera Instancia de Miami.
La revelación la hizo el abogado de la parte acusadora, doctor Rafael A. Castro, quien además ofreció detalles de la forma en que la familia Beauchamps rompió las relaciones con sus socios panameños y norteamericanos. También ofreció detalles de la operación la señora Maritza de la Espriella, quien se hizo cargo de la búsqueda de financiamiento para el proyecto de los rayos X, por 14 millones de dólares con bancos norteamericanos y europeos, incluyendo líneas de créditos del Exim Bank.
Juan Beauchamps, hermano de Jean e hijo de Belinda, visitó el martes El Caribe, para ofrecer detalles del proyecto de los rayos X en los puertos del país, autorizado por el Poder Ejecutivo, junto al señor Willian J. Poppleton, vicepresidente Senior de Cotecna, la empresa que ofrece el soporte técnico, pero se negó a responder las preguntas sobre el proceso judicial que se le lleva a su familia en Estados Unidos.
Emplazan a Industria y Comercio
La secretaria de Industria y Comercio, Sonia Guzmán de Hernández, el 28 de enero del presente año, recibió una comunicación de la oficina de abogados R. Castro & Associates, de Miami, en la que se le comunica la sentencia condenatoria contra Belinda y Jean Beauchamps, declarados en rebeldía por no comparecer ante el tribunal Federal de Primera Instancia, y se le solicita notificar el conflicto legal a cualquier "alto funcionario del Gobierno que pueda ponerle presión al sr. Beauchamps para que resuelva con nosotros amigablemente esta controversia".
En esa instancia se le dice a la funcionaria que "no queremos involucrar en este procedimiento legal al Gobierno de la República Dominicana, y por lo tanto acudimos a usted para que nos ayude a transigir este pleito contra los demandados". Sin embargo, desde enero hasta mayo, nadie de Industria y Comercio respondió la comunicación, según declaró a El Caribe el abogado Rafael A. Castro y confirmó la señora Maritza de la Espriella.
A Sonia Guzmán se le solicita ayudar para que se suspenda el desarrollo del proyecto de equipos de rayos X para inspección de contenedores en los puertos del país, que inicialmente fue otorgado por las Fuerzas Armadas a la empresa ICSSI, S.A. que se constituyó bajo las leyes dominicanas y que preside Belinda Beauchamps, utilizando las letras iniciales de la compañía International Container Security System Inc., de Panamá, y la cual recibió originalmente la autorización de la Autoridad Portuaria Dominicana para hacerse cargo del sistema de rayos X.
"Le pedimos –le escribe el abogado Castro a Sonia Guzmán—nos ayude a suspender el desarrollo del proyecto de equipos de inspección de contenedores mediante rayos X que primero fue otorgado a favor de la empresa International Container Security System Inc. en la cual nuestros clientes tienen derechos a suscribir acciones, y luego, por culpa de alguien en Gobierno que no examinó bien los hechos y aprobaciones gubernamentales, se otorgó equivocadamente una concesión de CESEP (Cuerpo Especializado de Seguridad Portuaria) respecto al desarrollo del mismo proyecto a favor de la empresa, ICSSI, S.A., en la cual nuestros clientes no tienen dichos derechos".
Las acusaciones contra Belinda y Jean Beauchamps también fueron notificadas al embajador de los Estados Unidos en el país, Hans Hertell, a quien se remitió la sentencia del tribunal del Distrito de la Florida por alegado fraude de la familia Beauchamps contra la empresa International Container Security System Inc. y las personas físicas Joseph Barisic y Maritza de la Espriella.
Juan Beauchamps se niega a hablar
Juan Beauchamps, quien visitó este diario el pasado martes, se negó a responder preguntas sobre el proceso judicial en marcha. Descompuesto, al enterarse de que los documentos del proceso judicial estaban en manos de los periodistas de El Caribe, el hijo de la presidenta de ICSSI, S.A. dijo que no estaba interesado en responder preguntas sobre la demanda. El diálogo final fue como sigue:
Fausto Rosario: Hay acusación de parte de una empresa que le acusa a ustedes de haber usurpado el nombre de la compañía para firmar el contrato con el Estado Dominicano…
Juan Beauchamps: No. No hay comentario sobre eso.
FR: ¿Cómo que no hay comentarios? Ustedes tienen ya una condena en los Estados Unidos, Juan.
JB: No, eso se está trabajando con los abogados, de verdad.
FR: Pero tienen una condena.
JB: Déjame hacer una consulta el privado al director (Fernando Ferrán).
FR: ¿Entonces tú quieres que yo salga de la reunión? Pues me voy.
Entre Panamá, EE.UU y República Dominicana
El tema judicial en los Estados Unidos es ya parte del conflicto dominicano, porque el abogado Rafael Castro informó a El Caribe de la demanda contra el Estado Dominicano, por haber firmado dos contratos para un mismo fin con dos empresas diferentes, aunque ambas tuvieran las mismas iniciales.
Rafael Castro dijo que la madre de Beauchamps, Belinda, era funcionaria ejecutiva de la empresa International Container Security Sistem Inc, S.A., en el momento en que estaban negociando un contrato internacional para el desarrollo del proyecto en la República Dominicana. Y posteriormente creó una empresa y se designó presidenta de la compañía que sólo tiene la abreviación de International Container Security Sistem Inc, S.A (ICSSI).
"La presidenta, Belinda Galván, estaba negociando a la vez la concesión con el Gobierno para autorizar a otra empresa, que es la que ella preside y tiene la abreviación de la International Container Security Sistem Inc, S.A, y que fue constituida mediante las leyes de la República Dominicana. Se trataba de hacer el mismo proyecto, con los mismos elementos de precios que se presentaron al Gobierno la primera vez, pero ahora ellos dicen que como no había una cláusula de exclusividad en el contrato nuestro, que ellos básicamente tenían el derecho de obtener concesiones diferentes e independientes", dijo el abogado.
Se le preguntó quien tiene la relación con la empresa fabricante de los equipos, la Smiths Heimann, y este dijo que se había establecido una empresa intermediaria "porque Jean Beauchamps lo estaba haciendo todo en secreto. Eso es lo que se está litigando en este momento en la Corte Federal de Estados Unidos, en la sede de Miami".
Explicó que Jean Beauchamps, como representante y accionista de una empresa que se llama Panadom International, firmó un contrato con Maritza de la Espriella, "en el que se le otorgaba a International Container Security Sistem Inc, S.A el derecho de desarrollar ese mismo proyecto, y mis clientes han empeñado bastantes esfuerzos, tiempo y dinero en este proyecto, consiguiendo el financiamiento, y lo que alegamos nosotros es que fraudulentamente el señor Beauchamps se apropió de la concesión para la empresa que él, su madre y su familia dominan, privándole a nuestros clientes de la participación en el proyecto".
Explicó que en un momento Jean Beauchamps fue representante en el país de la empresa International Container Security System Inc, S.A "o por lo menos eso es lo que nosotros entendíamos que estaba sucediendo, pero parece que él lo estaba haciendo bajo el nombre de ICSSI.S.A. que también podría significar International Container Security System Inc, S.A, por lo que muchas de las correpondencias aparecen con el apodo ese de ICSSI.S.A. o ICSSI, porque el nombre comercial de International Container Security System Inc, S.A es ICSSI, pero muchas personas de los banqueros con quienes estábamos tratando, inclusive en muchas de las correspondencia y documentación sale International Container Security System Inc, S.A. Y había como una confusión, y mis clientes no sabían hasta noviembre del año pasado que esta era una empresa diferente".
Dice que sus clientes, en este momento, se sienten completamente estafados. Cuando se le pregunta hasta dónde podría llegar la justicia norteamericana en este caso, responde que básicamente Beauchamps y la señora Belinda "sufrieron lo que se llama una declaración en rebeldía, que no es una sentencia en rebeldía todavía, y eso en este momento se está discutiendo, y en las últimas tres semanas el juez fallará y dará su opinión sobre los escritos judiciales que se han presentado".
Lamentó que sus clientes no hayan tenido respuesta a la comunicación que le envió a la ministra de Industria y Comercio el enero pasado, solicitándole no firmar ningún contrato ni ponerlo en ejecución, porque este es un caso en litigio en la justicia norteamericana. "Mis clientes están contemplando demandar al Gobierno Dominicano en los Estados Unidos por haber firmado una misma concesión con dos empresas diferentes", dijo.
Fausto Rosario Adames