SANTO DOMINGO, República Dominicana.-De los fondos para el pago de la deuda con Brasil de los aviones Súper Tucanos se transfirieron irregularmente 16.9 millones de dólares para cubrir compromisos de las Fuerzas Armadas, para construcciones y compra de equipos para la Fuerza Aérea Dominicana (FAD.)

El desvío de  los fondos viola el decreto 655-08 del Poder Ejecutivo, que crea una tasa aeronáutica de  US$ l.00 por cada pasajero transportado en entrada y salida, cuya recaudación estaba destinada a la Fuerza Aérea Dominicana (F AD), para cubrir la adquisición y financiamiento de los aviones Súper Tucanos.

En 2007 el gobierno dominicano adquirió en Brasil ocho aeronaves militares a través de un financiamiento con el Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social (BNDES), por un monto de 93.7 millones de dólares. Las naves se utilizarían para dar apoyo a los planes de lucha contra el narcotráfico y la trata de personas.

De los US$16.9 millones transferidos, US$9 millones fueron utilizados para bajar el nivel de endeudamiento de las Fuerzas Armadas en ese momento,  y de paso poder acceder a un préstamo con la banca española, por 12 millones de euros, para la compra de equipos destinados a la seguridad de la frontera con Haití, según consta en documentos obtenidos por reporteros de Acento.com.do.

La solicitud fue hecha por el Ministerio de las Fuerzas Armadas en la gestión del mayor general Rafael Peña Antonio, en el periodo 2008-2010, con la aprobación  del Ministerio de Hacienda, institución que maneja los fondos en dólares destinados para el pago de las aeronaves

La solicitud fue hecha por el Ministerio de las Fuerzas Armadas en la gestión del mayor general Rafael Peña Antonio, en el periodo 2008-2010, con la aprobación  del Ministerio de Hacienda, institución que maneja los fondos en dólares destinados para el pago de las aeronaves.

Otros US$ 6 millones fueron destinados a cumplir parte de un contrato suscrito entre el Estado Dominicano  y la compañía Elta Industrial Aeronáutica, de Israel, para suplir a la Fuerza Aérea Dominicana (FAD) dos radares “tridimensionales”.

Los fondos habrían sido utilizados en la adecuación del espacio físico donde sería instalado el primero de los dos radares, que fue adquirido a un costo de US$34 millones, y que se utilizaría para la vigilancia del espacio aéreo nacional.

El pasado mes de agosto la compañía  suplidora del radar advirtió a las autoridades dominicanas que el incumplimiento del contrato le obligaría a rescindirlo, toda vez que de los US$34 millones que deben ser pagados para instalar los equipos, sólo han sido pagados seis millones, los que fueron invertidos en la construcción del Centro de Mando y Control.

De lo contratado sólo ha sido entregado  a la Fuerza Aérea Dominicana (FAD) un radar provisional hasta que la empresa concluya los definitivos que involucran US$ 100 MM.

La empresa israelí que suple los equipos ganó una licitación para suplir los radares 3D Militar y el Centro de Control  y Mando incluye equipos 3C, de acuerdo a lo informado por el Ministerio de las Fuerzas Armadas en diciembre del 2009.

Mediante el mismo procedimiento fueron transferidos 2.9 millones de dólares para la reparación de tres edificios, una bibliotecas y  la construcción de un polideportivo  en la base aérea de San Isidro, inversión que está  intervenida por la Cámara de Cuentas de la República Dominicana.

El Ministerio de Hacienda, institución que maneja los recursos provenientes del cobro que se hace a cada pasajero,  y que junto a la Fuerza Aérea Dominicana coordina los pagos de las  aeronaves al Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social (BNDES), de Brasil, convenido en US$93, 697,887.60, aprobó cada una de las solicitudes enviadas por el general Peña Antonio.

Con el préstamo adquirido en la banca española, el ministerio de las Fuerzas Armadas compró equipos de seguridad militar  para la frontera. Los equipos fueron comprados a la compañía ARPA de España, por 12 millones de euros.

El contrato involucra una logística de dos cuarteles equipados con capacidad para 250 tropas cada uno, para ser instalados en la provincia de Dajabón (Noroeste) y en el municipio de Jimaní, provincia Independencia (Suroeste), así como la colocación de 10 puestos móviles de chequeo y control de avanzada en diferentes localidades de los pueblos fronterizos.

Asimismo, se incluyen dos campamentos móviles de reacción rápida, con capacidad para desplegar de 150 a 200 tropas, una dotación de quipos de comunicaciones fijos y portátiles; indumentarias y equipamiento individual para soldados (uniformes, equipos anti-motines, chalecos antibalas multiuso y visores nocturnos).

También envuelve medios de transporte y apoyo, que incluyen camionetas todoterreno, ambulancias, grúas  entre otros.

Aunque la logística fue entregada al Cuerpo Especializado en Seguridad Aeroportuaria Terrestre (CESFRONT)  para  ser utilizadas en la vigilancia y control de la frontera terrestre con Haití,  los campamentos aún no han podido ser instalados por alegada falta de recursos por parte del Ministerio de las Fuerzas Armadas.

Las autoridades militares solicitaron a la Oficina Supervisora de Obras del Estado la construcción de las bases donde irían instalados los campamentos, cuyo presupuesto superan los 100 millones de pesos.

“Fue una compra sin planificación, como si se trata de concentrar tropas militares en una frontera bélica. Algunos no se ajustan a la labores de vigilancia preventiva en la frontera. Las autoridades del Ministerio, en aquel momento, no previeron  los costos de instalación de esos  campamentos militares", sostuvo un ex jefe del CESFRONT que sirvió de fuente a este periódico.

Los tres proyectos para los cuales fueron utilizados los 15 millones de dólares están inconclusos. Estos proyectos son severamente cuestionados por miembros del mando militar de las FF.AA. consultados por reporteros de Acento.com.do, quienes aseguran fueron concebidos violentando procedimientos, lo que hoy dificulta su ejecución.

No fue posible obtener información documentada que confirme si las compraz de los equipos para la seguridad de la frontera, a un consto de 12 millones de euros, se realizó mediante licitación pública.

Acento.con.do ha tratado por diferentes vías de obtener información oficial sobre el uso de estos recursos, pero las autoridades del Ministerio de las Fuerzas Armadas no han contestado las solicitudes hechas al amparo de la Ley de Libre Acceso a la Información Pública.