Los empresarios y sindicatos suizos se están movilizando ante una votación prevista el domingo sobre la limitación de la inmigración, que despertó el temor a graves repercusiones en el empleo y las relaciones comerciales con la Unión Europea (UE).
La votación se centrará en una propuesta del Partido Popular Suizo (SVP), que va de la derecha tradicional a la extrema derecha, cuyo objetivo es mantener a la población de esta rica nación alpina -que actualmente es de 9,1 millones de habitantes- por debajo de los 10 millones hasta 2050.
El SVP, el principal movimiento político del país, sostiene que la iniciativa, titulada "¡No a una Suiza con 10 millones!", es necesaria para combatir una inmigración "fuera de control", a la que culpa de males que van desde trenes abarrotados hasta el aumento vertiginoso de los alquileres y la expansión urbana descontrolada.
La iniciativa se enfrenta a una amplia oposición por parte del gobierno, el Parlamento y el sector empresarial, pero las encuestas de opinión sugieren que la votación podría estar reñida.
"Caos"
Las principales organizaciones patronales y sindicales la bautizaron como la "iniciativa del caos".
Advierten de que podría hundir la prosperidad en Suiza, donde amplios sectores de la economía -desde la investigación médica hasta la construcción o el turismo, pasando por la asistencia sanitaria- dependen en gran medida de la mano de obra extranjera.
Asimismo, se teme que la iniciativa ponga en peligro importantes acuerdos que vinculan a Suiza con la UE, su principal socio comercial, incluido el "acuerdo sobre la libre circulación de personas" de 1999.
El año pasado, más de la mitad de las exportaciones totales de Suiza fueron a la UE, por un valor de más de 147.000 millones de francos suizos (185.000 millones de dólares).
El SVP desestimó las preocupaciones, al señalar que su propuesta incluye cuotas que permiten la llegada de unas 40.000 personas al país cada año.
Los sindicatos expresaron su preocupación por que la presión pueda empujar a las empresas a deslocalizarse, lo que provocaría la pérdida de puestos de trabajo en Suiza.
El mayor sindicato del país, Unia, también advirtió que la iniciativa debilitaría las protecciones laborales, aboliría las normas que prohíben la discriminación entre empleados residentes y extranjeros y "abriría de par en par la puerta al 'dumping' (competencia desleal) salarial".
La "campaña xenófoba" del SVP ejercerá "presión sobre los salarios de todos los trabajadores del país", aseguró.
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